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Repensar la corrupción desde la formación de los operadores jurídicos



En Chile, durante la última década, la percepción de la probidad pública y de los niveles de corrupción se ha debilitado. Principalmente, a partir de los múltiples casos de corrupción que han surgido en este periodo, el cual se inicia con las condenas a los involucrados en el caso «MOP-GATE» (2008), y continúa por los casos «Proyecto Minero Isla Riesco» (2011), «Penta» (2014), «Caval» (2015), y «Carabineros» (2017), entre otros. Así, en las últimas encuestas del Centro de Estudios Públicos (julio-agoto y noviembre-diciembre 2016 y abril-mayo, julio-agosto y septiembre-octubre 2017) se plasma lo anterior a través del reconocimiento ciudadano de la corrupción como uno de los problemas centrales a los cuales el Gobierno debería dedicar sus mayores esfuerzos.

Afortunadamente, el marco institucional chileno ha reaccionado frente a estos casos, de manera progresiva y, quizá, también paulatina. De este modo, ha comenzado a adoptar medidas destinadas para reforzar la probidad y transparencia de las instituciones, junto con adoptar una regulación más exhaustiva en materia de corrupción. Sin embargo, se debe reconocer que el marco institucional presenta limitaciones para detectar o fiscalizar la multiplicidad de formas a través de las cuales se puede presentar la corrupción. Por lo cual, junto con lo anterior, el fenómeno de la corrupción se debe pensar desde otra perspectiva, i.e., resulta necesario repensar la corrupción mediante la socialización de la información, lo cual permitiría contribuir a identificar y combatir estas prácticas nocivas.

Así, la propuesta de repensar sugiere que la problemática debe ser abordada a través de la formación de los operadores jurídicos en materia de corrupción. Dada la importancia, implicación e interacción de estos actores en todos los niveles del aparataje estatal y/o instituciones públicas, resulta clave su familiarización con elementos que posibiliten la detección y persecución de los casos de corrupción.

Por lo tanto, dentro de la comunidad jurídica regional, como un primer paso, la socialización de dichas temáticas resulta de suma trascendencia para la formación de los operadores jurídicos en materia de corrupción. Sin olvidar, en término generales, la necesaria preparación de una ciudadanía crítica y preocupada por controlar y mejorar sus instituciones.

Sebastián Agüero-SanJuan y Jorge Malem Seña