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Repensar la corrupción desde la formación de los operadores jurídicos

 

Un breve análisis conceptual de corrupción

Sebastián Agüero-SanJuan y Jorge Malem Seña

La amplitud y diversidad de formas a través de las cuales se manifiesta la corrupción produce que su definición no resulte sencilla. Es más, si bien en los últimos años se ha prestado mucha atención a las iniciativas destinadas a combatir la corrupción, igual preocupación no ha generado la determinación de su concepto.

La importancia de una adecuada conceptualización de la corrupción está en directa relación con determinar las medidas que serán aptas para combatirla. Solo cuando se diferencia entre acciones corruptas y no corruptas es posible dirigir actuaciones contra las primeras y no hacia las segundas. No obstante, con independencia del criterio de diferenciación, no se debe obviar que la discusión acerca de qué es la corrupción constituye un tema en disputa, porque involucra relaciones problemáticas como: riqueza y poder, público y privado, y estado y sociedad, entre otras.

En general, una definición explicativa debe respetar alguno de los usos centrales del término, junto con ofrecer una propuesta a partir de sus propósitos y contextos. Así, una definición apropiada no es infraincluyente con base en los usos centrales y no debe resultar sobreincluyente a partir de la propuesta. Los usos centrales posibilitan un consenso para establecer comparaciones; mientras que, la propuesta permite disminuir el grado de indeterminación del término.

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El uso de la palabra «corrupción» involucra siempre una falta de conformidad con un estándar determinado. Este puede ser respecto de objetos físicos, comportamientos privados y prácticas institucionales, entre muchos otros casos. Por ejemplo, se puede habla de objetos o alimentos corrompidos, en el sentido de «deteriorados» y «estropeados», y también, es posible hablar de corrupción en el plano privado, en el sentido de «desmoralizar», «pervertir» o «viciar». Sin embargo, en estas líneas el interés solo está en el contexto de las prácticas institucionales.

Como descomposición o desintegración institucional, la corrupción es una categoría general que incluye una serie de prácticas que se cree disfuncionales. Sin embargo, no toda acción disfuncional constituye corrupción institucional, ya que hay distintas acciones de este tipo. Por ejemplo, no constituyen casos de corrupción las acciones destinadas a disminuir progresivamente una institución, en el sentido de «disipar», ni tampoco las dirigidas a desperdiciar sus recursos, como sería «dilapidar». Por ende, los casos de corrupción son solo un tipo de comportamiento disfuncional institucional.

La institucionalidad se presenta tanto en el ámbito privado como en el público, de modo que, las prácticas corruptas se pueden presentar igualmente en ambos. Constituyen casos típicos de corrupción institucional privada la ocurrida en organizaciones deportivas, así como también, en organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, los diversos casos surgidos en los últimos años en la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y los que este año azotan Oxfam. No obstante, en este escrito el interés está centrado únicamente en las prácticas institucionales de carácter estatal.

Una manera de delimitar el concepto de corrupción estatal es mediante la determinación de quiénes pueden incurrir en prácticas corruptas. Una primera distinción diferencia entre quien es titular de una función o cargo público y quien tiene un papel institucional, v.gr., los ciudadanos tienen un papel institucional, pero no detentan necesariamente un cargo público. Por lo cual, los actos de corrupción institucional estatal parecen involucrar necesariamente ocupantes de una función o cargo público en cuanto tales, i.e., alguien quien es corruptor o corrompido en cuanto ocupante de dicho cargo o función.

En un sentido relevante, los funcionarios o autoridades corrompidos se han dejado corromper o han permitido ser corrompidos. Ellos participan del proceso de la corrupción, porque han elegido realizar las acciones que posibilitaron un efecto corruptor sobre ellos. Eligen realizar la corrupción en la medida en que ella pudo ser evitada mediante la elección del comportamiento contrario. Por ello, es sumamente relevante diferenciar entre casos de corrupción y de «extorsión», pues solo en estos últimos, quien detenta la función o cargo público puede ser considerado como una víctima, cuando bajo una determinada amenaza se ve forzado a realizar las acciones señaladas por el extorsionador.

La idea de quiénes pueden incurrir en prácticas corruptas se refuerza al explicitar otro elemento de la definición según el cual la corrupción se vincula con acciones destinadas a obtener un beneficio propio. Beneficio que no está necesariamente relacionado con la obtención de una ganancia económica, pues este es solo un tipo de los beneficios que se pueden obtener. Por ende, es suficiente que las acciones corruptas sean asociadas con la obtención de algún tipo de provecho en beneficio propio.

A partir de estos primeros elementos: quebrantamiento de un estándar, función/cargo público y beneficio propio, es posible captar de mejor manera una de las definiciones más difundidas sobre corrupción. Esta es adoptada por «Transparencia Internacional», y sostiene que: corrupción es el abuso del poder conferido para beneficio propio. En términos de institucionalidad estatal, el abuso de funciones o recursos públicos para beneficios privados, es decir, un abuso de confianza que involucra al poder público para el beneficio privado. .

Probablemente, entre los elementos del concepto, la determinación de un estándar y su transgresión resultan los más difíciles de precisar. Esto en razón de que existen diferentes estándares institucionales de carácter público que pueden ser transgredidos y no existe consenso respecto de cuáles se deben afectar para estar frente a un caso de corrupción. Dicha pluralidad deriva de los contextos en los cuales de presentan, las nociones de interés público que se pretenda defender y las reacciones de la opinión pública frente a determinados supuestos, entre otras variables a considerar. .

Si la corrupción es capaz de desintegrar el sistema de creencia sobre el cual se sustenta la institucionalidad, la idea de «abuso» o «transgresión» de un estándar se puede vincular con acciones destinadas a socavar procesos, conculcar valores y/o subvertir propósitos institucionales. Por lo mismo, los supuestos de corrupción no se deben relacionar únicamente con la «infracción» de normas jurídicas, sino más bien con quebrantar ciertos procesos, valores o propósitos institucionales. Si cuando se presentan comportamientos contrarios a derecho el incumplimiento del estándar resulta claro, estos casos de «corruptela» constituyen solo un tipo de corrupción, pues esta última no se agota en la primera. .

De esta manera, con independencia de su regulación jurídica, es posible sostener que, en su rol público, el comportamiento de los funcionarios o las autoridades se desvía del estándar cuando subvierte propósitos, conculca valores, socava procesos o transgrede normas institucionales. Por lo cual, conductas con este carácter pueden y deben ser consideradas como ofensivas o atentatorias con una visión social compartida de cómo un funcionario o autoridad debe comportarse y cómo el Estado debe operar. Este aspecto resulta clave, porque explicita el carácter contextual del estándar quebrantado. .

En este último sentido, la corrupción es un tipo de comportamiento que se desvía de las normas, propósitos, procesos o valores predominantes en un momento y en un lugar determinados. Principalmente, el comportamiento se entiende como desviado o contrario a un estándar público por estar asociado con una motivación particular: un beneficio personal a expensas del beneficio público. De esta manera, en gran medida, el carácter corrosivo de la corrupción está en la obtención de un beneficio personal asegurado a expensas del público. En otras palabras, se benefician el corruptor y el corrompido, y produce una pérdida pare todos los otros miembros de la sociedad. .

Por lo mismo, se sostiene que los casos de corrupción producen la pérdida o el despojo del carácter moral de las personas que desempeñan una función o cargo público qua función o cargo público. En este sentido, la corrupción se vincula con la transgresión de un estándar moral: actuar honestamente. Este efecto negativo se determina recurriendo al estándar moral constituido a través de los procesos, los valores, los roles y los propósitos institucionales, i.e., cómo esa institución debería ser en un contexto histórico-social determinado. Este aspecto personal-institucional enfatiza la importancia de causar un efecto contrario a la institucionalidad, para que determinadas acciones sean consideradas como corrupción. .

En definitiva, en el ámbito institucional del sector público, el estándar se establece por una visión social compartida respecto de cómo un funcionario o autoridad debe comportarse y cómo el Estado debe operar. La transgresión del estándar se aprecia cuando el comportamiento de los funcionarios o las autoridades subvierte propósitos, conculca valores, socava proceso o transgrede normas propias de las instituciones. Es suficiente que se persiga la obtención de un beneficio privado, el cual favorezca al corruptor y el corrompido en perjuicio de los restantes miembros de la sociedad. Así, los actos de corrupción se muestran como una deslealtad del funcionario o autoridad, ya que se actúa de manera deshonesta, transgrediendo una regla, propósito, proceso o valor institucional. De este modo, de manera general, es posible caracterizar los actos de corrupción como aquellos consistentes en la transgresión de un estándar público realizado por alguien que desempeña un cargo o función publica con la intención de obtener un beneficio privado.

Mayo de 2018


Referencias

  • Carl J. Friedrich (2001) Corruption concepts in historical perspective. En Concepts & contexts (eds. A. Heidenheimer y M. Johnston, 3era ed). New Brunswick: Transaction Publishers.
  • John Gardiner (2007) Defining corruption. En Concepts & contexts (eds. A. Heidenheimer y M. Johnston). New Brunswick: Transaction Publishers.
  • Michael Johnston (2005) Syndromes of corruption. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Jorge Malem (2002) La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Barcelona: Gedisa.
  • Jorge Malem (2016) La corrupción. Algunas consideraciones conceptuales y contextuales. Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, nº 104, pp. 25-41.
  • Seumas Miller (2011) Corruption. En Stanford Encyclopedia of Philosophy. The Metaphysics Research Lab. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/corruption/ (consultado el 20.04.2018).
  • Eric M. Uslaner (2008) Corruption, inequality, and the rule of law. Cambridge: Cambridge University Press