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Repensar la corrupción desde la formación de los operadores jurídicos

 

Una sucinta revisión de los hitos en la lucha contra la corrupción transnacional

Sebastián Agüero-SanJuan y Jorge Malem Seña

Introducción

El caso Odebrecht muestra sin ambages que la corrupción transnacional vinculada a los negocios internacionales es una práctica mundial habitual, de la cual Chile no está exenta. Para explicarlo en una manera simplificada, aunque capta lo esencial, dicho caso involucra a empresas que sobornaron jugosamente a políticos y funcionarios públicos de diversos países donde operaban con el fin de conseguir contratos y servicios públicos, y otros tratos de favor. Si las cifras que corresponden a los pagos corruptos sorprenden por su enorme volumen, las ganancias que estas empresas obtenían, a pesar de los gastos que implicaban, asombran por su elevado caudal.

Naturalmente, las prácticas corruptas realizadas por las empresas en países diferentes a los de su origen no perseguían, ni persiguen, únicamente objetivos económicos. Es usual que, a través de la corrupción, se busque alcanzar fines políticos de otro modo difíciles de lograr. Esto fue lo que pretendió la ITT en Chile tratando de evitar que Salvador Allende alcanzara el poder primero y operar luego para su derrocamiento. Sus intereses, aducían, quedaban mejor representados por gobiernos o regímenes de derecha contrarios a las autoridades legítimamente elegidas.

En la corrupción, como se puede apreciar, existen ganadores y perdedores. Y dadas las numerosas consecuencias negativas que la corrupción acarrea para los países y sus ciudadanos que la padecen, podría pensarse que siempre hubo una firme voluntad de lucha contra la corrupción y un decidido empeño político para llevarla a cabo, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, esto no es así y sume en una inquietante perplejidad a quien se adentra en las políticas diseñadas al respecto. Señalaremos, a continuación, algunos hitos relativamente recientes de cómo se ha afrontado el fenómeno de la corrupción en las transacciones internacionales.

Hitos contra la corrupción transnacional

La lucha contra la corrupción que se origina en los mercados internacionales fue expresamente postergada hasta el último tercio del siglo XX. Naciones Unidas, según su Consejo Económico y Social, sostuvo que: «el ambiente político y económico de principios del decenio de 1970, que se caracterizó por la tirantez política y el antagonismo entre las empresas privadas extranjeras y los países en desarrollo, no era un ambiente propicio para que hubiera un acuerdo internacional sobre una forma común de enfocar el problema de las prácticas corruptas en las transacciones comerciales internacionales».

Esto es, Naciones Unidas reconocía que el ambiente político que reinaba por aquel entonces en un mundo bipolar regido por la Guerra Fría no generaba las condiciones adecuadas para enfrentar la corrupción internacional. Pero no fue el único caso. Aducir la «cuestión política» como una excusa para abstenerse de luchar contra esta calamidad es frecuentemente utilizado incluso en la actualidad por diferentes actores políticos, económicos, sociales o estatales. Basta situarnos en Rumanía, en el año 2017, cuyo gobierno propuso despenalizar determinadas prácticas corruptas, permitiendo que los funcionarios públicos recibieran un soborno de hasta 44.000 euros sin que ello significara cometer un delito. Afortunadamente, una enorme movilización popular, que algunos cifraron en 300.000 personas, impidió que se creara nichos de impunidad legales. Este hecho ocupó todas las portadas de los principales países europeos por lo estrambótico e inmoral de tal propuesta.

A su vez, en América Latina conviene siempre recordar las palabras del expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala (1978-1982) cuando afirmó entre cínica y resignadamente: «Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones», que alguien de su entorno cifró en el 10%. Pero si las proporciones de lo pagado en la corrupción son las justas. ¿Para qué combatirlas? En muchas ocasiones, al tratar la lucha contra la corrupción, lo declamado públicamente en la arena política no condice con las prácticas políticas que se llevan a cabo.

No obstante, lo afirmado precedentemente, a la luz de los escándalos producidos por el Watergate y por la información que se salió a la luz de que empresas estadounidenses sobornaban a funcionarios públicos extranjeros de forma usual y sistemática, el Congreso aprobó una ley sin discusión seria alguna, la Federal Corrupt Practices Act, en 1977. En ella se establecían castigos a las empresas y empresarios que sobornaban en el extranjero con el fin de conseguir, garantizar o asegurar negocios o cuotas de mercado.

Esta ley fue rápidamente contestada desde sectores económicos importantes en los Estados Unidos. Algunos sostenían que su deficiente técnica legislativa generaba resultados interpretativos diversos, los cuales atentaban contra la seguridad jurídica de las empresas. Aunque, fundamentalmente, los hombres de negocios se quejaban de que una ley de este tipo, al ser única en el mundo de los negocios, les imponía una desventaja competitiva frente a las empresas de otras nacionalidades que no debían respetar reglas similares. Diez años después fue modificada por la Omnibus Trade and Competitiveness Act. A pesar de esta reforma las quejas de los empresarios persistieron.

Hoy es común que los países de la OCDE y aquellos que están bajo su influencia directa hayan establecido normas que castigan la corrupción de funcionarios públicos extranjeros. Por ejemplo, Eslovaquia lo hizo en 1995, Francia en 1997, Bélgica en 1999, España en 2000 y Chile en 2001, por citar solo algunos de los países que han implementado la Convención para Contrarrestar el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros.

No obstante, probablemente, el impulso más importante de lucha contra la corrupción transnacional fue dado por el presidente Bill Clinton. Su Secretaría de Comercio emitió un informe sobre los grandes mercados emergentes y los sectores de inversión en el mundo advirtiendo los negativos efectos de la corrupción que se cernían sobre la economía y las empresas estadounidenses. Ya no se podía dejar de combatir la corrupción. Con las mismas preocupaciones, en 1995 al asumir la presidencia del Banco Mundial, James Wolfenshon puso en la agenda prioritaria de dicho organismo internacional el combate contra la corrupción transfronteriza.

Hoy existen numerosos acuerdos, convenciones y documentos internacionales emitidos por organismos y agencias de distintos tipos cuyo objetivo es establecer las bases para luchar contra la corrupción transfronteriza, en algunos casos, o directamente para combatir este flagelo. Desde Naciones Unidas a la Organización de Estados Americanos, desde la OCDE a la Unión Europea todos están contestes en tratar de eliminar o al menos disminuir los casos de corrupción en el mundo.

Para ello se recomiendan medidas nacionales e internacionales para hacer frente a la corrupción. Entre las primeras se encuentran aquellas que establecen dentro de cada uno de los Estados órganos específicos dedicados a la prevención y represión de la corrupción, tales como fiscalías especializadas, organismos administrativos especiales como agencias anticorrupción, capacitación de las fuerzas de orden público, etcétera. Es necesario agregar la publicidad y la transparencia en el mercado, junto con la disminución y simplificación de los trámites burocráticos en general. Además, se debe ejercer control sobre las empresas para evitar contabilidades creativas, fondos sucios con los que pagar a los corruptos, una mayor responsabilidad jurídica y otro tipo de medidas preventivas y sancionadoras. A modo de ejemplo, en el caso de Chile se identifican como leyes dirigidas a combatir la corrupción: Ley nº 19.645 que modifica disposiciones del Código Penal que sancionan delitos de corrupción (11 de diciembre de 1999); Ley n° 19.884 sobre transparencia, limite y control del gasto electoral (26 de agosto de 2004); Ley nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (02 de diciembre de 2009); y Ley nº 20.945 que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia (30 de agosto de 2016), entre otras.

A nivel internacional, los Estados deben procurar un sincero y constante intercambio de información, evitar facilitar el lavado de dinero, posibilitar la entrega de acusados por delitos de corrupción, y otras medidas similares. Por ejemplo, en esta línea, Chile ha suscrito y publicado los siguientes instrumentos internacionales: Convención Interamericana contra la corrupción (02 de febrero de 1999); Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (30 de enero de 2007); y Acuerdo para la constitución de la Academia Internacional contra la corrupción como organización internacional (22 de enero de 2014).

La lucha contra la corrupción parece connatural a la idea de la consolidación de cualquier orden y poder político, sea nacional o internacional. Esto se explica porque la corrupción es la violación de una norma y una deslealtad hacia el sistema donde se produce. Sin embargo, la expectativa de obtener un beneficio irregular hace que quienes detentan la competencia para legislar o aplicar esa legislación no siempre obren en consecuencia.

Por lo tanto, la ciudadanía debe mantenerse informada y vigilante sobre los actos corruptos. Los mecanismos institucionales establecidos para identificar los casos de corrupción pueden mejorar su funcionamiento cuando la ciudadanía tiene el conocimiento y es plenamente consiente para reconocer este tipo de conductas, diagnosticas sus efectos adversos y, en consecuencia, denunciar dichas prácticas. Solo así es posible comenzar a detener el beneficio de unos pocos a expensas de todos los restantes.

Mayo de 2018


Referencias

  • Michael Johnston (2005) Syndromes of corruption. Cambridge: Cambridge University Press
  • Jorge Malem (2002) La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Barcelona: Gedisa.
  • Naciones Unidas, Consejo Económico y Social (1991) Informe de la comisión de empresas transnacionales sobre su 17ª período de sesiones. E/1991/31/Add.1; E/C.10/1991/17Add.1.
  • Portal Anticorrupción (2013) Legislación. En Anticorrupción.cl. Disponible en:http://www.anticorrupcion.cl/web_site/appmanager/portal/main?_nfpb=true&_pageLabel=page_Legisl (15 de mayo de 2018)
  • James C. Sott (2007) Handling historical comparisons cross-nationaly. En Concepts & contexts (eds. A. Heidenheimer y M. Johnston). New Brunswick: Transaction Publishers.
  • Eric M. Uslaner (2008) Corruption, inequality, and the rule of law. Cambridge: Cambridge University Press.