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Matrimonio homosexual: ¿qué ganamos con esta discusión?

Por Felipe Paredes Paredes

El debate sobre el matrimonio homosexual que plantea un proyecto de ley recientemente presentado, es una estupenda oportunidad para dejar de lado los prejuicios y discutir el tema con altura de miras. En este sentido, una verdadera democracia sólo es aquella en que la sociedad delibera y decide sobre la base de los mejores argumentos.

Uno de los temas que por estos días ha encendido la agenda legislativa y que de seguro seguirá dando que hablar, es el proyecto de ley que permite la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Se debe reconocer que es un asunto complejo en una sociedad como la nuestra, y que se trata de un debate que inexorablemente termina crispando los ánimos. Después de todo, sabemos de sobra las dificultades que tenemos para discutir en términos civilizados sobre aquellos temas que denominamos "valóricos" (sic), tópico que denota una extraña mezcla entre filosofía moral, religión y prejuicio, difícil de identificar con claridad.

En efecto, de todo se ha dicho en los últimos días. El Cardenal Errázuriz habló de "aberración" para referirse al matrimonio entre personas del mismo sexo (El Mercurio, 31 de julio), declaraciones que el MOVIHL contestó calificando a la Iglesia Católica como "violentadora (sic) de derechos humanos". Por otra parte, el Diputado José Antonio Kast regañaba al presidente de dicha organización señalando que, "esa no es la manera de referirse a alguien que piensa distinto, y que por lo demás representa a la mayoría" y quejándose de que "estos progresistas intentan minar las bases de la sociedad" (La Tercera, 04 de agosto). La guinda de la torta la puso el Diputado Osvaldo Andrade, quien en declaraciones a Radio Cooperativa afirmó que: "Chile no es un país preparado para asumir estos temas".

Como se puede ver, la cosa no pinta bien. Un asunto como este desde luego merece ser planteado en otros términos. Al respecto hay dos tipos de consideraciones que por la importancia que suelen tener en deliberaciones de este tipo, me parece deben ser examinadas: las religiosas y las constitucionales. En relación a lo primero, cabe destacar que en el marco de los Estados democráticos contemporáneos, ha germinado un prolífico debate acerca de la legitimidad del argumento religioso en la toma de decisiones de naturaleza intersubjetiva. En este sentido, la postura mayoritaria es aquella que plantea  que determinados valores, como la libertad, la igualdad y la tolerancia están mejor protegidos si el argumento religioso es relegado del ámbito del debate público. Un buen ejemplo de esta posición es Rawls, quien aboga por la neutralidad del Estado en materia religiosa, partiendo de la base de que las doctrinas religiosas expresan puntos de vista globales acerca del mundo y de nuestra convivencia que son por naturaleza limitadas y excluyentes para quienes no compartan esa visión. En una sociedad plural como las sociedades contemporáneas, agrega Rawls, "nuestros puntos de vista individuales y asociativos, nuestras afinidades intelectuales y nuestros vínculos afectivos son demasiado diferentes, sobre todo en una sociedad libre, como para que esas doctrinas sirvan de base para un acuerdo político razonado y duradero. Entonces, si bien respetables dentro de la órbita interna de cada persona, el argumento religioso es una jugada que de entrada quedaría vetada en decisiones sobre la moral privada de los ciudadanos.

Cuestión distinta son las consideraciones de naturaleza constitucional, que ya comienzan a plantearse. En efecto, ya lo advertía Hernán Corral en una columna publicada en La Tercera el día 05 de agosto: "se trataría, a nuestro juicio, de un proyecto inconstitucional, ya que la Constitución establece el deber de respetar los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, y entre ellos está el Pacto de San José de Costa Rica, que claramente establece el derecho a contraer matrimonio como un ‘derecho del hombre y la mujer'". Pues bien, veamos entonces con qué pertinencia podríamos recurrir a la Constitución para resolver esta polémica, teniendo en cuenta que la Constitución es, en palabras de Forsthoff,  un "huevo jurídico", es decir un documento que regula determinadas materias en ciernes y que deja un amplio espacio al posterior desarrollo de estos principios en normas de menor jerarquía. Por supuesto, salvo que en su articulado se señale algo expresamente. La verdad es que leyendo el texto constitucional, éste no dice una sola palabra acerca del matrimonio, ni tampoco del comportamiento sexual de los ciudadanos. Por lo mismo, el encaje de este proyecto  con la Constitución sería una cuestión abierta que seguramente se analizarán con mayor profundidad durante su tramitación.

Una primera opción sería situar esta materia dentro del margen de configuración que posee el legislador. En efecto, la Constitución deja una amplio espacio para que, precisamente cuando no conseguimos ponernos de acuerdo resolvamos nuestras diferencias levantando las manos y contando cuántos votos a favor y en contra cosecha un proyecto de ley. Esta parece sin duda, ser la mejor opción. Después de todo la democracia no puede estar tan equivocada acerca de lo que queremos como sociedad. Por otra parte, si quienes están equivocados son los legisladores al interpretar la voluntad de sus electores, ya sufrirán las consecuencias cuando haya que elegir nuevamente representantes al Parlamento. Esta dinámica sucede una y otra vez en las distintas democracias alrededor del mundo y afortunadamente aún no se han cumplido las apocalípticas predicciones por aprobar leyes similares en otras latitudes, o incluso por no aprobarlas. Al respecto, los ejemplos de España y Argentina son los primeros que se nos vienen a la memoria.

Pero está claro que también existe otra posibilidad de recurrir a la Constitución: invocando, dentro de la tramitación del proyecto, al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en relación a su constitucionalidad como una manera de resolver la cuestión de forma indirecta. Ejemplos hay varios: México y Austria son dos casos paradigmáticos dentro de esta segunda opción. ¿Qué significa esto en términos lógicos? Nada más y nada menos, que entender que el tema ya se encontraba resuelto por la Constitución y no nos habíamos dado cuenta, y por ende, no hay nada que debatir. Al respecto ya señalamos que no pareciere haber ninguna prohibición expresa.  Ahora bien, nunca se debe olvidar el hecho de que la Constitución es una norma bastante permeable a la interpretación. Por lo mismo, quienes vean a la Constitución como último recurso, siempre tendrán la esperanza de dar con la interpretación correcta que permita tumbar el proyecto. Asimismo, teniendo en cuenta como se suelen saldar muchos temas en Chile no sería extraño pensar que sea finalmente el Tribunal Constitucional quien termine cerrando la discusión.

Pues bien, la verdad es que si esto último sucediera, en último término el debate se saldaría igualmente contando las manos en alto, esta vez entre los 10 Ministros de Tribunal Constitucional. Son las reglas del juego. Como ciudadanos lo único que nos queda ante tal evento sería esperar buenos argumentos, o al menos mejores que los que podamos elaborar nosotros mismos. No obstante, como sociedad que confía en la capacidad de autodeterminación de sus miembros y en su criterio para la adopción decisiones sobre su propia conducta, habremos perdido mucho. Por ello, la sede donde se debe resolver esta cuestión es en la etapa de discusión parlamentaria. Es aquí donde partidarios y opositores del proyecto deben a sacar a relucir sus mejores ideas, no sin antes escuchar las distintas opiniones que al respecto existen en nuestra sociedad.

Como resulta obvio, no trataremos de resolver aquí la cuestión. Estas palabras son solamente una invitación a la reflexión. Por ello con el propósito de iniciarla, podríamos hacer mención de uno que suele ser considerado un muy buen argumento a favor del proyecto que se podría utilizar en ambos escenarios y que necesariamente los partidarios del statuo quo deberían hacerse cargo. Se trata por cierto del derecho fundamental a la igualdad. Esto quiere decir, nada más y nada menos, que las diferenciaciones entre los ciudadanos sólo pueden ser constitucionalmente tolerables si se encuentran racionalmente fundamentadas y que por tanto, como todo derecho fundamental, el derecho a la igualdad sólo puede ser limitado en virtud de otro derecho fundamental, por medidas que sea eficaces para promover ese otro interés constitucional y que además esa limitación no cause, en términos sencillos, más daño que el beneficio que produce. En este sentido, y aquí la jurisprudencia comparada es abundante, resulta difícilmente justificable la diferencia de estatutos civiles entre heterosexuales y homosexuales. A menos, claro está, que consideremos a estos últimos o como pervertidos o como personas que no gozan de sus sentidos en plenitud, y por ende incapaces para ejercer ciertos derechos que se suponen se encuentran deferidos a todos los miembros de nuestra sociedad, sin más. A la luz de los hechos, cualquiera de las dos opciones parece difícil de defender.

Por lo mismo, independientemente de la nomenclatura que utilicemos (matrimonio, unión civil, etc.), lo que parece no tener justificación es que existan, en sociedades como las nuestras que se suponen plurales, ciudadanos de segunda, quienes poseen menos derechos que el resto como consecuencia de sus elecciones afectivas, y que hoy por hoy, se encuentren desprovistos de una serie de condiciones indispensables para la realización de su propio proyecto de vida, sumidos en la incertidumbre y desprotección patrimonial, y que siguen condenados a vivir su afectividad de manera silenciosa y totalmente alejada de los cánones de reconocimiento social que las instituciones jurídicas proveen a las parejas heterosexuales.

En suma, este proyecto de ley más allá de su contenido concreto representa una oportunidad preciosa para fortalecer nuestra democracia y para plantear con altura de miras en nuestra sociedad un debate verdaderamente importante. Independientemente de nuestra posición en particular, abordar este debate con respeto por quien está en la vereda contraria, y sobre todo llamando a las cosas por su nombre dejando de lado los eufemismos constituye un bonito desafío para una democracia como la nuestra que sigue siendo deficitaria en varios aspectos. La invitación está hecha.

Publicado: 2010-08-20
Felipe Paredes Paredes
Profesor de Derecho Constitucional