Columnistas

 


Constitucionalismo de las élites y constitucionalismo popular

Por Fernando Muñoz León

Durante el último quinquenio, hemos sido testigos del enfrentamiento público entre dos tipos de discursos y de praxis en torno a lo constitucional: el constitucionalismo popular y el constitucionalismo de las élites.

Tanto el constitucionalismo popular como el constitucionalismo de las élites consisten en articulaciones discursivas que le dan sentido a prácticas divergentes sobre cómo adscribirle sentido a nuestro orden político, y cómo adecuarlo a las necesidades sociales del presente. Mientras el constitucionalismo de las élites realiza estas operaciones ‘desde arriba' y ‘desde adentro', esto es, desde los espacios informales del poder de la élite y desde los espacios formales de la institucionalidad, el constitucionalismo popular las lleva  a cabo ‘desde abajo' y ‘desde fuera', es decir, desde la informalidad pura de la acción colectiva de los grupos sociales subalternos.

La explicación de esta dialéctica entre constitucionalismos debe comenzar por señalar el contexto histórico y político en el que se despliega. Al respecto, es importante comprender que la Constitución hoy en día vigente nace de dos momentos constituyentes. El primero fue su imposición fraudulenta durante la dictadura; el segundo, su ‘validación' por parte de la élite concertacionista a través de reformas parciales en 1989 y 2005. La Constitución vigente, en consecuencia, representa un pacto entre nuestras élites políticas, pacto que protege a su vez a la élite económica que se enriqueció a través de las privatizaciones de empresas públicas y de nuestros recursos minerales, acuíferos, pesqueros, forestales. La Constitución vigente es, en consecuencia, la Constitución de las élites.

Los ‘juristas' como intelectuales orgánicos de las élites, a su vez, se han erigido en los ‘guardianes' de dicha Constitución y de dicho pacto. Así, mientras los jueces del Tribunal Constitucional han favorecido una forma estrecha de interpretar el texto de la Constitución que protege su fidelidad al proyecto político conservador y neoliberal, diversos abogados constitucionalistas han constantemente reiterado que la única forma de cambiar nuestra Constitución es en el Congreso Nacional. Así se configura el constitucionalismo de las élites.

En contraste, durante el último quinquenio ha recobrado fuerza un reclamo que existió durante toda la dictadura, y que durante la pax concertacionista se mantuvo vivo en el discurso de la izquierda extraparlamentaria y de diversos movimientos sociales. Esta es la demanda por una asamblea constituyente, esto es, por un proceso democrático y participativo de construcción de nuestras instituciones y derechos fundamentales. Este reclamo se ha expresado en la forma de una movilización social que rechaza la institucionalidad construida en torno a lo privado y que reclama nuevos espacios de participación.

En el ciclo político presente, esta demanda constituyente se articuló como resultado del aprendizaje del movimiento estudiantil de que la institucionalidad vigente anula toda demanda redistributiva; en este caso, la demanda por redistribución del capital cultural y social expresada en la idea de educación pública y de gratuidad. La defraudante experiencia de la Ley General de Educación, que fue aprobada en 2010 tras cuatro años de un debate entre ‘expertos' y entre parlamentarios donde el movimiento estudiantil fue reiteradamente ignorado, le enseñó al movimiento que surgió en 2011 que la regulación constitucional del proceso legislativo es un instrumento de restricción del proceso político y, a través de ello, de las demandas de justicia de los chilenos. El resultado es que diversas voces en el movimiento que se inicia en 2011 exige una nueva Constitución, reclamo al que se suman voces dentro del sindicalismo, el indigenismo, el feminismo, entre otros movimientos. A todo ello le llamo constitucionalismo popular.

El cuestionamiento del constitucionalismo de las élites a manos del constitucionalismo popular corresponde a aquello que Axel Honneth caracteriza como la lucha por el reconocimiento jurídico, esto es, la lucha de algunos -en este caso, quienes no integran la élite- por lograr que otros -en este caso, las élites y sus instituciones- reconozcan su igual capacidad moral de tomar decisiones y hacerse responsables de ellas.

El constitucionalismo de las élites y el constitucionalismo popular se diferencian entre sí de diversas maneras. Por ejemplo, se diferencian debido a su distinta relación con el conflicto político. El constitucionalismo de las élites esquiva el conflicto político para, en su lugar, preservar el consenso entre las élites, su razón de Estado expresada en la noción de gobernabilidad, y sus privilegios fácticos o extrainstitucionales. El constitucionalismo popular se realiza en el conflicto mismo, en la rebeldía contra el orden existente, pero también invita a imaginar un orden constitucional donde dicha rebeldía tenga mecanismos institucionales de expresión.

Constitucionalismo de las élites y constitucionalismo popular también se diferencian entre sí en cuanto a su episteme. El constitucionalismo de las élites es la praxis y el discurso de profesionales, principalmente de abogados litigantes que sirven a grandes empresas, y en menor medida también de asesores legislativos y otros profesionales vinculados al ejercicio del poder político. El constitucionalismo popular, en cambio, es un constitucionalismo no profesional. No es un discurso que pretenda contar con las competencias epistémicas para descubrir cómo es la Constitución. Más bien, es una praxis de resistencia y desafío constituyente que cuestiona la hegemonía constitucional existente. Recordemos que, según Gramsci, la hegemonía tiene un momento consensual y un momento coercitivo. Por ello, el constitucionalismo popular tiende a expresarse tanto en cuestionamientos discursivos dirigidos contra el contenido y la forma constitucional, como en actos populares de desobediencia y resistencia; en marchas, protestas, y otras formas de performatividad asociadas a ‘la calle', esto es, a grupos sociales subalternos.

La pregunta para el 2015 es, a la luz de estas reflexiones, si el movimiento social, y particularmente el movimiento estudiantil, lograrán recobrar la ofensiva, y darle a la crisis de la institucionalidad y de las élites el carácter de una coyuntura constituyente. La pregunta para el 2015 no es si la Presidenta Bachelet irá a honrar su promesa de crear una nueva Constitución a través de un procedimiento democrático y participativo; la pregunta es si los sectores populares, devenidos en ciudadanía movilizada, lograrán arrancarle a las élites y a sus intelectuales orgánicos la legitimidad de actuar como poder constituyente originario.

Publicado: 2015-03-24
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional