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Comentarios a la sentencia de la Corte Suprema sobre recurso de protección a favor de los ciudadanos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos

Por Columnas Colectivas

Columna de opinión de los académicos Dra. Yanira Zúñiga, Dr. Andrés Bordalí y Dr. Fernando Muñoz.

Comentario de Yanira Zúñiga: sobre las normas de ius cogens

Decir que el reciente fallo de la Corte Suprema es una verdadera curiosidad no es, en absoluto, una exageración. La referida sentencia resolvió un recurso de protección interpuesto a favor de los ciudadanos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, ordenando requerir, a través del Gobierno de Chile, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este órgano se constituya en la cárcel militar Ramo Verde y cárcel común de Guarico (Venezuela), o donde se encuentren dichas personas privadas de libertad, a fin de constatar el estado de salud y de privación de libertad de ambos, recoger sus impresiones y evacuar un informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, para que esta última adopte todas las medidas aconsejables a la adecuada protección de sus derechos esenciales, y, finalmente informe a la Corte Suprema de Chile.

 

Digo que el fallo es una curiosidad porque el sistema jurídico chileno ha sido más bien reacio a darle operatividad a las normas internacionales sobre derechos humanos. Los ejemplos son numerosos pero basta referir un par: la disputa no zanjada sobre el valor de los tratados internacionales de derechos humanos (aunque la Corte Suprema pareciera entender lo contrario en su fallo); y la inexistencia de una regulación interna para el cumplimiento de resoluciones de órganos internacionales con competencia en materia de Derechos Humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos.                       

Desde luego, la historia reciente no obsta a que nuestro máximo tribunal abrace con entusiasmo una doctrina internacional, por más audaz que esta sea. Sin embargo, el dispositivo de protección extraterritorial de derechos que elabora la Corte Suprema no es sólo alambicado desde el punto de vista de su eficacia; lo es también respecto de la argumentación en la que descansa. En otras palabras, la sentencia en comento -como intentaré demostrar aquí- no recoge ninguna interpretación asentada en el Derecho Internacional de los derechos humanos; antes bien, desarrolla una nueva aproximación. Siendo así, la exigencia de justificación que debe satisfacer es muy alta; y, en mi opinión, dicha exigencia no resulta satisfecha adecuadamente por la argumentación que se desarrolla en el texto del fallo.                       

En efecto, la argumentación de la Corte Suprema se articula sobre la base de la siguiente afirmación: existe un principio de jurisdicción universal para la tutela de derechos humanos (y, particularmente el derecho a la vida), que descansaría, a su vez, en normas internacionales e internas. En lo concerniente a las normas internacionales, la Corte Suprema parte aludiendo a la existencia del ius cogens, contemplado en el art. 53 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados; para luego indicar que: "dos fuentes de derecho han sido usualmente citadas para reconocer validez a la jurisdicción universal: el derecho de los tratados, en particular los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I de 1977, la Convención contra el Genocidio, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención contra la Tortura de 1984. En nuestro continente tiene especial importancia el Pacto de Derechos Civiles de San José de Costa Rica (sic). Más allá de que estos tratados no contemplen taxativamente dicha jurisdicción universal, a estas alturas una apreciable cantidad de Estados -ni qué decir la doctrina académica- ha formulado la interpretación -no rebatida- de que la vigencia de los derechos esenciales de la persona humana a que ellos aluden, sólo es posible si se autoriza y hasta se obliga a los Estados a su cabal ejercicio a través de sus tribunales nacionales. La segunda fuente, es el derecho consuetudinario internacional...." (considerando tercero)

Y más adelante agrega que: "en Chile, la referida jurisdicción universal se recoge en el inciso 2 del citado artículo 5° de nuestra Constitución" (considerando octavo)

 

De esta manera, la tesis de jurisdicción universal que acaba de perfilar la Corte Suprema supone (a) que los tratados internacionales de derechos humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos, contendrían per se normas de ius cogens que fundamentarían una excepción al principio de territorialidad; y (b) que tal excepción sería perfectamente coherente con la normativa constitucional chilena. Así lo resume el siguiente párrafo de la sentencia: "la jurisdicción y competencia que esta Corte se atribuye, proviene de una fuente reconocida del derecho internacional, como son los tratados ya anotados y el jus cogens sustrato de toda la normativa mundial; y, en tercer término, que la legislación de Chile se encuentra en completa armonía con el señalado derecho internacional" (considerando sexto). Sin embargo, (y más allá de que la idea de jurisdicción universal en materia de derechos humanos pueda resultarnos sugestiva), la tesis de la Corte Suprema es incorrecta. Y lo es porque ninguno de los eslabones de su cadena argumental es correcto.

 

En primer lugar, si bien es posible sostener que parte de las normas que en el derecho Internacional hoy día se reconocen como ius cogens pertenecen al subconjunto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no es cierto que toda norma internacional sobre derechos humanos sea, por definición, una norma de ius cogens. Esto es así porque las normas de ius cogens no son, ontológicamente hablando, normas moralmente superiores. Es decir, lo que caracteriza a una norma de ius cogens no es lo valioso de su contenido, sino su carácter imperativo, que proviene del reconocimiento conferido por "la comunidad internacional en su conjunto" (art. 53 Convención de Viena). De ahí, que el principio pacta sunt servanda sea indubitadamente considerado una norma de ius cogens y no ocurra lo propio con todos los derechos humanos contemplados en convenciones internacionales, entre otras cosas, porque tales derechos, en principio, son susceptibles de reservas por parte de los Estados.                       

Siendo así, ¿cuáles normas de derechos humanos tienen carácter de ius cogens? En términos generales (y no excluyentes), estas coinciden con los crímenes de Derecho Internacional (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad). Y, en consecuencia, es respecto del juzgamiento de estos crímenes que el Derecho Internacional ha reconocido progresivamente la existencia de un principio de jurisdicción universal. Es esa la tesis que desarrolló la Cámara de los Lores en el caso Pinochet y que sigue el artículo doctrinal que la Corte Suprema cita en su sentencia (Aguilar, G. El Principio de Jurisdicción Universal: una propuesta de aplicación en Chile, Revista de Estudios Constitucionales, Año 4, N°1, Universidad de Talca, Santiago, 2006).                       

En segundo lugar, como insinué más arriba, y contrariamente a lo que la Corte Suprema sugiere en su fallo, no existe un consenso, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia nacionales, sobre el valor de las normas iusfundamentales contenidas en convenciones internacionales. Baste recordar la repetida jurisprudencia del Tribunal Constitucional que reputa a los tratados normas infraconstitucionales y que, por tanto, no suscribe la interpretación sobre la supraconstitucionalidad de estas normas. Pero, aunque pudiera haber un consenso sobre este último extremo, tampoco parece claro cómo podría derivarse de la mencionada interpretación una tesis sobre la extraterritorialidad de la jurisdicción protectora de derechos humanos. La historia del establecimiento del art. 5º inc. 2º proporciona más elementos a favor de la construcción de un modelo de jurisdicción internacional de los derechos humanos que a favor de un modelo de jurisdicción universal. Con todo, y a efectos simplemente analíticos, podemos explorar esta segunda posibilidad; es decir, considerar la hipótesis de una jurisdicción universal implícita. Puestos en ello pareciera más razonable pensar que el art. 5º inc. 2º de nuestra Constitución podría ser la base para vertebrar una jurisdicción universal pero en beneficio de otros Estados. Es decir, dicha norma podría legitimar a los tribunales de otros Estados para conocer violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado chileno; y no al revés. Después de todo, es la soberanía chilena la que resulta limitada por el inc. 2º del art. 5º y no la soberanía de otros Estados.

 

Comentario de Fernando Muñoz: sobre la estatalidad como condición de posibilidad de la jurisdicción

La sentencia de la Corte Suprema que resolvió favorablemente un recurso de protección interpuesto en favor de prisioneros políticos encarcelados en Venezuela ha abierto interesantes interrogantes. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del derecho y la justicia? ¿Qué circunstancias deben concurrir para que la pretensión de decir el derecho, ius dicere, constituya un acto de autoridad, un ejercicio de potestades públicas, y no un acto fallido, una performance psicoanalítica? ¿Es posible tener juridicidad sin estatalidad, jurisdicción sin coerción, auctoritas sin potestad?

 

Hace tres siglos y medio, Thomas Hobbes adelantó una respuesta en su lúcido tratado de teoría política Leviathan. Allí, el inglés sostuvo que "antes de que puedan tener un adecuado lugar las denominaciones de justo e injusto, debe existir un poder coercitivo que compela a los hombres, igualmente, al cumplimiento de sus pactos". Estas perceptivas palabras demuestran por qué Hobbes mantiene, como los genuinos clásicos, su actualidad: escribiendo en pleno proceso de construcción de Estados en Europa Occidental, Hobbes logra discernir las estructuras profundas de la realidad social mejor que unos jueces chilenos que, obnubilados por medios de transporte y tecnologías de la información que transmiten la confusa idea de que vivimos en un Estado de Derecho global, creen que pueden resolver los problemas de tierras lejanas.

 

Por supuesto, el imaginario político propio de la globalización neoliberal nos hace soñar despiertos y pensar que, así como se ha globalizado el capital, también se ha globalizado la justicia. Inevitablemente acude en respaldo de dicha ensoñación el hecho de que el leading case en la materia, el precedente más invocado en favor de una respuesta positiva, sea el caso Pinochet. Las diferencias entre un caso y otro nos aclaran por qué la reciente sentencia de la Corte Suprema es un caso psicoanalítico más que jurídico.

 

Si la estatalidad es, como sostenía Hobbes, condición de posibilidad de la jurisdicción, entonces tiene pleno sentido que un criminal de lesa humanidad localizado, por azares del destino, en el territorio de un estado ajeno pueda ser arrestado por un simple policía. La justicia que -renuentemente- intentó ejercer el Estado inglés debido a la solicitud del juez Baltasar Garzón, es la misma justicia de la manus iniectio romana, del habeas corpus inglés, y del clásico arresto policial: el apoderamiento de un cuerpo individual situado a no mucha distancia de la autoridad cuyo poder se invoca. El caso Pinochet no es una genuina innovación sino en cuanto a la retórica jurídica invocada para justificar el arresto del criminal respectivo: la jurisdicción universal y el desconocimiento de la inmunidad diplomática. Estas justificaciones, por añadidura, son reflejo de asimetrías de poder estatal: específicamente, del hecho de que juzgar y extraditar a un ex dictador sudamericano no es algo realmente problemático para un Estado europeo.

 

Pero en el caso Pinochet la estatalidad de la justicia, el  hecho de que el ejercicio de la jurisdicción requiera como condición de posibilidad la existencia de un "poder común, apto para la defensa contra la invasión extranjera y las ofensas ajenas" (Hobbes), jamás estuvo en discusión. Eso se demuestra fácilmente mediante una sencilla pregunta contrafáctica: ¿habrían logrado algo el Estado inglés o el español solicitando la extradición de Pinochet desde Chile en, por ejemplo, 1973? ¿O en 1990? ¿O incluso en 1999? Más allá de enardecer a los partidarios del dictador, la respuesta es que no.

 

Desde luego, la erosión de la estatalidad en la era contemporánea no ha dejado incólume la relación entre jurisdicción y estatalidad. Hoy en día existen tribunales internacionales que pretenden detentar jurisdicción sobre la realización de crímenes de lesa humanidad, como la Corte Penal Internacional, y otros que adjudican respecto a vulneraciones de los ‘derechos' de inversores extranjeros, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La diferencia entre la efectividad de unos y otros, sin embargo, es tremendamente elocuente respecto a las limitaciones derivadas de la ausencia de estatalidad en la jurisdicción internacional. Los tribunales penales internacionales tienen poca efectividad; por lo general, tan sólo sirven para enjuiciar a militares derrotados y ex dictadores provenientes de la periferia global. Los tribunales comerciales internacionales, en cambio, tienen mucha eficacia, debido a que han reemplazado la coerción física por la coacción económica; un país que no cumpla con las resoluciones de este tipo de tribunales se ve expuesto a todo tipo de sanciones económicas.

 

En última instancia, pareciera ser que la jurisdicción depende de alguna fuerza histórica que la haga realidad. Y, desde la conformación de aquello que Immanuel Wallerstein ha denominado como la economía-mundo capitalista, dicha fuerza es el capital. En la época de Hobbes, la gran burguesía respaldó y financió la construcción absolutista de la estatalidad debido a que ella beneficiaba su interés en contar con una autoridad política centralizada y eficiente. Hoy, sus intereses, que radican en la seguridad de la inversión extranjera, no en la persecución de violaciones a los derechos humanos, están custodiados por el nuevo orden mundial del capital encarnado paradigmáticamente en el CIADI. La idea de una jurisdicción universal de los derechos humanos, como la que ha vislumbrado la Corte Suprema, no es sino, tal como el socialismo utópico de antaño, un devaneo sin futuro.

 

Comentario de Andrés Bordalí: sobre el recurso de protección

El fallo de la Corte Suprema de fecha 18 de noviembre de 2015 resolvió sobre un recurso de protección interpuesto por una ciudadana chilena y un ciudadano estadounidense, ambos residentes en Chile, en favor de los ciudadanos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos. Este recurso fue deducido en nombre y representación de los dos ciudadanos venezolanos que se encuentran privados de libertad por sentencias judiciales dictadas en dicho país y cumpliendo su condena en Venezuela.

 

Como un primer aspecto, señalaré que toda la regulación de la Constitución de 1980 está dirigida a tutelar ampliamente a todas las personas que habitan el territorio chileno. En este sentido, la Constitución chilena es bastante generosa en cautelar los derechos y garantías de todas las personas que habitan nuestro territorio, sean chilenos o extranjeros, y en este último caso, sea que habiten permanentemente en nuestro país o se encuentren de paso. Esto quiere decir que un turista extranjero que se encuentra brevemente de visita en nuestro país goza de los mismos derechos y de la misma tutela que un ciudadano chileno que nació y vive hace décadas en nuestro territorio. De este modo, cuando el artículo 19 de la Constitución señala que la Constitución asegura a todas las personas ciertos derechos y garantías, debe entenderse que se refiere a todas las personas que se encuentran en el territorio chileno.                       

Pero para que el Estado chileno pueda reconocer y amparar los derechos a toda persona, nacional o extranjero, se requiere que ésta se encuentre en el territorio chileno. Tutelar y garantizar derechos fundamentales de personas que no se encuentran ni habitan el territorio chileno atenta contra la lógica de la organización estatal y del derecho nacional. Y, sin embargo, es esto precisamente lo que hace el fallo de la Corte Suprema: reconoce los derechos de la Constitución chilena a personas que habitan otro Estado y entiende que un tribunal de justicia chileno puede dar tutela a esas personas. El fallo señala que el artículo 19 asegura a todas las personas, "sin distinguir su nacionalidad o ubicación geográfica". En la primera parte el fallo es correcto; es lo que decíamos antes, los derechos fundamentales en Chile se reconocen a chilenos o extranjeros. Pero la lógica del reconocimiento y sobre todo de la tutela jurisdiccional de esos derechos, opera bajo un presupuesto mínimo, que consiste en que esas personas están en el territorio chileno, en nuestro espacio geográfico. En el mismo sentido, cuando el artículo 20 de la Constitución señala "el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra.....", ese "el que" debe ser entendido como toda persona que habita el territorio nacional, chileno o extranjero.

 

Entender que la Constitución chilena reconoce derechos fundamentales a las personas de todo el planeta y que el recurso de protección se puede deducir en nombre y representación de cualquier integrante de la población mundial, es algo contrario a nuestro derecho y sin duda algo poco prudente, pues puede afectar la política exterior de nuestro país.                       

El recurso de protección, en su evolución histórica y aplicación judicial, se ha constituido en un instrumento de justicia antes que de derecho. No sólo tutela todo tipo de derechos, y no estrictamente aquellos con la categoría de fundamentales, sino que en muchas ocasiones se brinda tutela a una persona sin que haya existido la oportunidad procesal de demostrar que ese derecho ha sido afectado ilegal o arbitrariamente por otra persona.                       

El fallo es comento es un buen ejemplo de ello, aunque viene a extremar la situación. Procede a dar la tutela solicitada sin la estructura mínima de una decisión ajustada a un proceso judicial. No es necesario decir que no se respeta en este caso un debido proceso, sino que en este caso ni siquiera existe consonancia con la institución del proceso jurisdiccional en sus aspectos más básicos.

 

En primer lugar se requirió un informe a una órgano chileno que no tiene ninguna relación con la situación que afecta a los ciudadanos venezolanos en cuyo favor de presentó el Recurso de Protección. En el fallo se hace mención a que se pidió un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por su intermedio se pidiera al embajador de Venezuela que entregara todos los antecedentes del caso. La cancillería chilena no emitió ese informe. La Corte de Apelaciones de Valparaíso siguió con el procedimiento adelante, prescindiendo del informe.

 

Más allá del fenómeno procesal de que el órgano chileno no informó en el procedimiento de protección, la verdad es que esta circunstancia pone en evidencia que la jurisdicción chilena forzó una situación sobre poderes y competencias estatales. En el derecho chileno es el Ejecutivo quien lleva a cabo las relaciones con otros Estados. La vinculación con otros Estados se lleva a cabo entre gobiernos, vía Presidente de la República, canciller y embajadores. No aparece correcto que un tribunal de justicia fuerce estas relaciones entre los órganos y autoridades que representan internacionalmente a los Estados.                       

A este respecto hay que agregar que el Auto Acordado sobre Recurso de Protección sólo faculta a las Cortes a pedir informes a quienes en concepto del recurrente o de la propia Corte aparezcan como los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal (art. 3°). No era procedente por tanto pedir informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ninguna relación tenía con los supuestos actos u omisiones de agentes del Estado venezolano.                       

Por otro lado, no hay que olvidar que el recurso de protección es un procedimiento jurisdiccional que produce sentencias judiciales. Para que una sentencia judicial en sede de protección acoja la demanda del recurrente, tiene que haberse comprobado, aunque sea mínimamente, que una persona realizó un acto u omisión, ilegal o arbitrario y que con ellos se afectó uno o más derechos del recurrente.

 

El Auto Acordado se pone en la situación que el recurrente o bien el recurrido acompañen antecedentes. Esos antecedentes los podemos asimilar a todo tipo de documentos, informes periciales o técnicos, etc. Por otro lado, deben ser acompañados al procedimiento de protección. Todo ello no se opone que a petición de las partes o de la propia Corte, se puedan llevar a cabo otras pruebas, como testigos, declaración de partes, etc.                       

El considerando quinto del fallo señala que los recurrentes entregaron datos y que ellos constan en el expediente. No se sabe a qué se refiere con la palabra "datos", en el sentido si son o no antecedentes o documentos. Pero además de los "datos" entregados por lo recurrentes, el fallo señala que para la efectividad de la situación de los ciudadanos venezolanos en cuyo favor se interpuso el recurso, "existe una copiosa información internacional disponible en internet y medios de comunicación globales de distintas nacionalidades y diferentes sinos, que describen una situación de riesgo inminente para sus vidas...". Agrega el fallo que "los antecedentes disponibles revelan que las personas en cuyo favor se recurre, se encuentran sometidas a privación de libertad por el gobierno de su país en virtud de un proceso aparentemente ilegítimo, por hechos de connotación evidentemente política y sin protección de sus tribunales nacionales, lo que se videncia por el largo período de encarcelamiento y por la inaccesibilidad a la revisión de sus condiciones por organismos y personalidades internacionales....".

 

Los ministros de la Corte Suprema fallaron casi exclusivamente con la información disponible en internet y medios de comunicación, los que no fueron acompañados o agregados a la causa, como ordena el artículo 5º del Auto Acordado. No puede por tanto considerarse que los ministros del Máximo Tribunal dieron por establecida procesalmente la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, que vulneró derechos de determinadas personas.                       

Para finalizar indicaré que muchas controversias en Chile se resuelven en sede de protección con un procedimiento de muy baja calidad epistémica, debido a la inexistencia de un verdadero contradictorio y las pocas pruebas que se rinden en el procedimiento. Este caso parece haber extremado esta situación y debe ser un llamado de atención, en el sentido que debe primar la forma del derecho, tanto sustantivo como procesal. De todo ello estuvimos muy lejos con este fallo. Regular de mejor forma los procesos de tutela jurisdiccional de derechos fundamentales debería estar entre las tareas que debe adoptar una asamblea constituyente o el legislador constitucional. Es una de las tareas pendientes en nuestro país. Esperemos que este fallo sirva al menos para desencadenar esa discusión.

Publicado: 2015-11-23
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