Columnistas

 


El discurso de los derechos puede ser tramposo.

Por Yanira Zuñiga Añazco

Teniendo en cuenta que tanto las AFP como la Comisión Bravo, invocan explícitamente la igualdad de género para promover una modificación legislativa que equipare la edad de jubilación entre mujeres y varones, podría suponerse que unas y otra abogan por una causa feminista. Quiero problematizar, sin embargo, esta idea.

Las declaraciones del actual presidente de las AFP, Rodrigo Pérez Mackenna,  sobre la eventual reforma del sistema de pensiones, y las reacciones que le sucedieron, constituyen una buena oportunidad para observar que la igualdad de género- así como, en general, el discurso de los derechos-  puede ser objeto de apropiación por parte de causas o agendas políticas interesadas o comprometidas con lógicas ajenas al reconocimiento de la autonomía y la igualdad de los distintos sujetos.

En  una entrevista publicada por el diario La Tercera (edición del 09.06.2016), Pérez afirmó lo siguiente: "en el caso de las mujeres tenemos que aumentar la edad de jubilación. En Australia y otros países la están subiendo a 67 años. Nosotros la tenemos en 60 años. Ese es un acto de galantería que nos está costando caro. Ellas están viviendo más que los hombres; están llegando a los 91 años. No es viable financiar una pensión por más de 30 años. Tenemos ahí una oportunidad de mejora grande. Hay que tomar esa decisión." Al día siguiente, en el mismo medio (La Tercera, Edición del 10.06.2016), el Sr. Pérez se desdecía señalando que: "el tema de fondo es mucho más profundo: cómo solucionar las pensiones de las mujeres" ya que "ellas son discriminadas cuando son impulsadas a renunciar a sus empleos a los 60 años.

Por su parte, el presidente de la Comisión Asesora presidencial sobre el Sistema de Pensiones (Comisión Bravo), coincidió  con que es importante avanzar en homologar las edades de jubilación entre mujeres y hombres,  por razones de igualdad de género. (La Tercera, edición del 10. 06.2016).

Teniendo en cuenta que tanto las AFP como la Comisión Bravo, invocan explícitamente la  igualdad de género para promover una modificación legislativa que equipare la edad de jubilación entre mujeres y varones, podría suponerse que unas y otra  abogan por una causa feminista. Quiero problematizar, sin embargo, esta idea.

Distinguir la motivación de los actores para sostener un discurso o realizar una determinada acción, puede resultar, en ocasiones,  irrelevante pero en este caso es crucial. Una de las maneras que tienen los sistemas de dominación para perpetuarse en el tiempo es enmascararse bajo la forma de discursos multiformes, aparentemente bien intencionados, que ocultan la realidad sociopolítica de opresión que experimentan ciertos grupos de sujetos. Como señala Pierre Bourdieu, en su obra La dominación masculina, la forma paradigmática de la dominación de género es la violencia simbólica: una violencia invisible para sus víctimas, que se ejerce puramente por las vías simbólicas de la comunicación y la producción de conocimiento (las estructuras cognitivas también serían un producto de la dominación); y, más precisamente, lanzando mensajes de menosprecio o reconocimiento de ciertas conductas o roles, y, en último término, apelando a las emociones de los sujetos.

¿Cómo se relaciona lo anterior con el discurso de los derechos? Aquello que denominamos derechos humanos pertenece también al orden simbólico del lenguaje y es en este marco donde los derechos adquieren su significado y finalidad (si no fuera así, las disputas interpretativas que caracterizan la práctica jurídica de normas iusfundamentales serían absolutamente inútiles). En consecuencia, los discursos sobre  los derechos pueden  actuar -y de hecho actúan- no sólo como herramientas de transformación o emancipación, sino, eventualmente, como estructuras de sujeción. Todo depende de quién se apropie de ese discurso y a qué fines sirva dicha apropiación. El ejemplo de la fallida reforma laboral puede ser útil para ilustrar esta cuestión. Las resistencias al reconocimiento de mayores derechos para los sindicatos por parte de los parlamentarios de Chile Vamos se han fundado en un discurso público que apela a la defensa de los derechos de los trabajadores y no a la defensa de los intereses de las empresas. Así, se ha señalado que un mayor empoderamiento de los sindicatos (la llamada titularidad sindical) afecta la libertad de otros grupos de trabajadores para negociar. Convenientemente, esos mismos parlamentarios han omitido, en general, mencionar que un menor peso de los sindicatos también favorece la posición negociadora de las empresas, reforzando las asimetrías existentes entre empresas y trabajadores.  ¿Por qué se nombran  los intereses de los trabajadores y no los intereses de las  empresas, pese a que estos últimos están indudablemente involucrados en esta discusión? La respuesta es simple: el lenguaje de los derechos es portador de un plus de legitimación en relación con otros discursos y dentro de este registro, la referencia a los grupos desfavorecidos o vulnerables es la que puede aspirar al mayor rendimiento. Es decir, nombrar a los trabajadores (a las mujeres, a los pobres, a  los niños, a las personas con discapacidad etc.) es estratégicamente más fructífero en la medida de que un discurso fundado en los intereses del grupo oprimido parece más universalista (y, por ende,  menos parcial) que un discurso que descanse sobre el entramado de intereses en que se vertebran las estructuras de opresión.

En resumen,  gran parte de la dominación del sistema sexo-género (y de otros sistemas de opresión), aunque suene paradójico, se ejerce a través del poder hipnótico de la (falsa) exaltación de la virtud implícita en la sujeción o a través de la trasfiguración simbólica de una subordinación en un privilegio o en un derecho. Dicho en los términos de un conocido refrán popular, para poder  sortear exitosamente  el peligro de la subversión del grupo oprimido,  es necesario decirle "al tonto que es forzudo".

Aclarado lo anterior, volvamos, entonces, a la reforma de las pensiones.  Las primeras declaraciones del Presidente de las AFP y que motivaron sus excusas más tarde,  no debieran descartarse como si se tratara de un simple error comunicacional, sino que, al contrario, fijan el marco simbólico en el que debe ser interpretada la "preocupación" de las AFP por la igualdad de género.  En este sentido, cuando el Sr. Pérez cataloga  la diferencia de edad legal  para acceder a la jubilación respecto de las  mujeres (60 años) y de los varones (65 años) como una "galantería que nos cuesta cara", no sólo expresa, como veremos,  una aproximación sexista sino también oportunista.

En efecto, la  mencionada diferencia de edad que establece la ley chilena forma parte de una regulación  histórica  (también adoptada por varios otros países) que está permeada por estereotipos de género que vehiculan una minusvaloración de lo femenino. Entre estos estereotipos, podemos mencionar la creencia de que las mujeres son "el sexo débil",  o la idea de que envejecen antes que los varones  (después de todo, las arrugas en un varón son  vistas como un signo de experiencia mientras que en el caso de las mujeres denotan decadencia), o la asunción de que  son ajenas al mercado de trabajo (cuántas veces hemos escuchado que se le recuerda a las mujeres que su lugar es la cocina). 

Sostener- como lo hace Pérez-  que la referida diferenciación  se funda en la galantería,  no supone valorizar a las mujeres  porque la galantería ha sido utilizada socialmente para reforzar la sujeción femenina, sublimándola. De hecho, las sociedades han calificado de galantería actos que según la teoría feminista buscan reforzar, por ejemplo, la concepción de que las mujeres deben estar siempre sexualmente disponibles para los varones. Consideremos, en este orden de cosas,  el proyecto que discute actualmente el Congreso sobre acoso callejero. Parece obvio que dicho proyecto no responde, en rigor,  al surgimiento de un fenómeno nuevo sino que implica esencialmente una resignificación político-jurídica de situaciones que históricamente han vivido las mujeres en el espacio público. Desde  el punto de vista simbólico, tal iniciativa busca descorrer un velo, mostrando lo que el llamado  "piropo"  esconde: una serie de discursos y comportamientos cuyo propósito es cosificar los cuerpos femeninos y que son vividos por muchas mujeres como una auténtica degradación, una pérdida real  de libertad (¡cuántas mujeres deciden cambiar sus rutas para evitar los "piropos" proferidos por grupos de varones o cambian de lugar en el transporte público para evitar un manoseo!) y una constante sensación de inseguridad.

Recapitulemos, entonces,  lo dicho hasta aquí . No toda norma, discurso o práctica que se presenta a sí misma como "protectora" de las  mujeres,  como un privilegio o como un derecho; es, en realidad, una norma, discurso o práctica que se ajuste a un modelo de igualdad de género. Invocar la igualdad entre mujeres y hombres o, en general, usar el discurso de los derechos para justificar la bondad de una determinada política normativa respecto de las mujeres no es, entonces, sinónimo de que estemos en presencia de una norma, discurso o práctica,  transformadora o emancipadora, desde el punto de vista del género. En el caso de las AFP, parece evidente que el  guiño a la igualdad de género no es más que una manera de legitimar una posición interesada (la propuesta buscaría, en contraste,  que las mujeres aumenten en el tiempo su ahorro personal por la vía de extender el período de cotización legal). En este sentido, la preocupación de las AFP es coincidente con  la preocupación  de las ISAPRES, es decir, que las mujeres no sean clientes muy costosas.

Pero, como ya mencioné,  la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de pensiones también ha sugerido en su informe presentado al Gobierno  el año pasado (http://www.comision-pensiones.cl/Documentos/GetInforme) una homologación de la edad de jubilación entre mujeres y hombres, basada en el hecho de que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida en relación con los varones, y, además, reciben menores pensiones. Aunque provenga de un órgano de carácter técnico que, en principio, adopta una posición no interesada, creo que tal propuesta merecería ser sometida también a un análisis más detenido.

La Comisión Bravo tiene razón cuando afirma que  las mujeres pensionadas son, sistemáticamente, más pobres que los varones en las mismas condiciones, pero de ello no se sigue que la mejor manera para resolver esa desigualdad sea, necesariamente, homologar la edad de jubilación. Antes bien, la homologación, como única medida,  puede conllevar también sus propios efectos perversos.  Detengámonos sólo en tres probables consecuencias de una medida como esta. Las mujeres trabajan, en promedio,  más horas que los varones porque soportan, habitualmente,  una doble jornada de trabajo (la jornada laboral remunerada y la jornada doméstica no remunerada);  de manera que homologar la edad de jubilación implica, si no se producen cambios profundos en los roles de género dentro del hogar, extender también en el tiempo esa sobrecarga de trabajo.  Por otra parte, los efectos combinados de la discriminación por sexo y por edad pesan más fuertemente sobre las mujeres y, por lo mismo, es frecuente, que a mayor edad,  sus empleos sean más precarios y peor remunerados. De ahí que la brecha salarial y la explotación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, aumente también sobre los 60 años. Por último, debido a que la esperanza de vida es más alta para las mujeres que para los hombres, las mujeres son más propensas a padecer enfermedades crónicas e invalidantes sobre los 65  años, y, además, enviudan antes que los varones (por la combinación de una  mayor esperanza de vida y menor edad al casarse), de suerte que su red de apoyo social durante la vejez es  también peor que la de los varones. Esto implica que la posibilidad de disfrutar de un merecido descanso, en condiciones adecuadas y no simplemente mínimas, disminuye notablemente cuando las mujeres sobrepasan el umbral de los 65 años.

¿Significa  esto que no es dable homologar la edad entre mujeres y hombres para acceder a una pensión y, entonces, hay que aceptar como efecto ineludible que tal diferenciación de edad fortalezca la división simbólica de género?  La respuesta a esta pregunta no es necesariamente negativa y depende, en realidad, no de la diferenciación de edad en sí misma, sino del régimen de pensiones en la que la que tal regulación se inscribe. Quiero aclarar esto. Debido a que la vida de las mujeres está profundamente cruzada por el género- y el envejecimiento, en particular, no escapa a esta tendencia- la verdadera función de un sistema de seguridad social comprometido con una versión universalista de los derechos, es corregir dicha inequidad. La evidencia nos muestra que mientras más robusto sea el componente de ahorro individual en el sistema de pensiones, es decir, mientras más dependa el monto de la pensión que recibe cada sujeto del dinero que éste puede cotizar y dicha cantidad de dinero, a su vez,  provenga fundamentalmente de los ingresos que cada persona percibe en el mercado laboral, más probabilidad hay de que las pensiones no respondan a un derecho  universal sino que estén profundamente marcadas por la clase o por el género (recordemos que el ingreso femenino es, en promedio, inferior que el masculino) o por la combinación de ambos factores. De manera que no parece viable tratar de construir una real igualdad de género en el acceso a las pensiones en Chile sin abordar previamente una revisión del actual diseño del sistema de pensiones, que se funda prevalentemente sobre un régimen de capitalización individual; y que, como sabemos,  sirve de base al lucrativo negocio de las AFP.

Publicado: 2016-06-13
Yanira Zuñiga Añazco
Profesora de Derechos Fundamentales