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¿Por qué es problemático el proyecto de ley que crea sistema de garantías de los derechos de la niñez?

Por Cristian Guerra Hernández

El Proyecto en cuestión, que busca ser una ley marco en estas materias, naturalmente no versa sobre derechos de los padres, sino sobre derechos de los niños, y sobre esta óptica trabaja.

El Proyecto de Ley que busca crear un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez -boletín 10315-18, actualmente en segundo trámite constitucional- ha comenzado a ser problemático, y por lo tanto a ser discutido y comentado en todos los órdenes sociales, porque, en síntesis, allí donde para muchos el Proyecto debiese decir "derecho" a educar (dirigir u orientar, guiar...) a los niños por parte de sus padres, pone "responsabilidad". Y el asunto entonces parece ser al final de perspectiva. Más o menos perspectiva.  

 

El Proyecto en cuestión, que busca ser una ley marco en estas materias, naturalmente no versa sobre derechos de los padres, sino sobre derechos de los niños, y sobre esta óptica trabaja. Pero el salto que ofrece el Proyecto desde el derecho/deber preferente de los padres a educar a sus hijos, consagrado en el art. 19 N° 10 inc. 2° de la Constitución Política, para arribar a la mera responsabilidad de los padres a educar (dirigir u orientar, guiar...) a sus hijos, es desnaturalizador del derecho constitucional, o al menos, mutilador del mismo, en tanto omite tratarlo en su doble dimensión, conforme lo concibió el constituyente.

 

Ejemplos de lo dicho son:

 

"La responsabilidad por el cuidado, formación, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación corresponde preferentemente a los padres y/o madres del niño (...)" (art. 2 inc. 2° actual proyecto de ley).

 

"La responsabilidad por el cuidado, asistencia, protección, desarrollo, formación y educación, así como la guía y orientación en el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley, corresponde preferentemente a los padres y/o madres del niño, sus representantes legales o a quien lo tenga legalmente a su cuidado. Los padres y/o madres ejercerán esta responsabilidad activa, equitativa y permanentemente, sea que vivan o no en el mismo hogar" (art. 8 inc. 1° y 2° actual proyecto de ley).

 

"(...) Corresponderá a los padres y/o madres, o en su caso, a los representantes legales o a quienes tuvieren legalmente al niño a su cuidado, la responsabilidad preferente de la crianza y el desarrollo del niño (...) (art. 18 inc. 2° actual proyecto de ley).

 

En suma, el legislador reconoce y entrega a los padres, la responsabilidad, siempre preferente, de educar a sus hijos -o de "guiar en la crianza"-, y no el derecho a educarlos. El legislador actual está mirando el deber de los padres pero omite informar sobre el derecho de estos.

 

Esto plantea problemas en diversos niveles, y un grupo particularmente importante de ellos, previsiblemente, va a ser el choque entre los diversos derechos subjetivos que crea el Proyecto a favor del niño y los poderes de los padres derivados de su derecho preferente a educarlos. Por ejemplo: si el derecho del niño a difundir libremente sus opiniones, sin censura previa, desde una plataforma digital -derecho garantizado en el art. 22 del Proyecto- colisiona con el derecho de los padres a educarlo retrasando o restringiendo el acceso a ciertas plataformas digitales, ¿cuál se impone? O, ¿cómo resolver la pugna entre el derecho de todo niño a no ser excluido del sistema educacional -derecho garantizado en el art. 30 del Proyecto- y el deseo de los padres que buscan implementar un modelo educacional libre que no implique la escolarización temprana de los hijos, como pudiera ser educación en el hogar con rendición de exámenes libres? Los ejemplos pueden multiplicarse.

 

Y las dudas pueden venir agravadas cuando se advierte que muchos de los derechos que crea el Proyecto tienen su correlato en la Convención sobre los Derechos del Niño, (ratificada por Chile el 13 de agosto de 1990), de manera que el conflicto puede fácilmente escalar al nivel constitucional, enfrentando derechos de idéntica jerarquía o, incluso podría plantearse la supremacía jerárquica de los derechos de los niños cuyo contenido es reconducible a la Convención, si lo que se le asigna a la Convención es un valor supraconstitucional. 

 

Por lo anterior es que en esta etapa legislativa, y ya habiendo superado el Proyecto un primer trámite constitucional, muy deseable sería que este recogiera expresamente ya no solo la faz responsabilizadora del deber de los padres al educar a sus hijos, sino además la faz atributiva del derecho, y así ofrecer un trato normativo concordante con el nivel constitucional y una herramienta de interpretación, ahora de coherencia con el sistema normativo interno -o sistemático-, al encarar la pugna de derechos cuando estos se presenten. Lo dicho, salvo, que el legislador actual conciba a los padres inhibidos de trazar con preferencia y no intervención de terceros, un proyecto educacional privado de los hijos, sin otros limites sustantivos que los derivados del interés superior de los niños. Porque al final, responsabilidad en la educación de los niños tienen muchos, Estado incluido, según lo explicita el propio Proyecto, pero lo que diferencia esencialmente a un órgano administrativo cualquiera de los padres en esa tarea fundamental, es que estos últimos tienen el derecho y no sólo la responsabilidad de educar a sus hijos.  

 

 

Publicado: 2017-05-10
Cristian Guerra Hernández
Abogado Magíster en Derecho por la Universidad Austral de Chile