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Bicentenario y ciudadanía

Por Natalia Rodríguez Donoso

Si bien la proclamación de la Independencia de Chile se produjo en 1818, para nadie es un misterio que este 2010 ha sido catalogado en nuestro país como “El año del Bicentenario”. Como ocurre cada vez que se acerca una conmemoración importante, cabe hacer un análisis de lo que ha sido nuestra evolución como Estado desde diferentes puntos de vista.

En estas breves líneas pretendo poner de relieve uno de los aspectos que considero trascendentales en todo Estado que se precie de democrático: La participación ciudadana.

Si miramos retrospectivamente lo sucedido desde septiembre de 1810 a la fecha, podemos vislumbrar en un primer momento el paso de la Colonia a la República como un proceso de formación del Estado de Chile en donde las decisiones siempre eran tomadas por el gobierno de unos pocos, luego vino el sistema de voto censitario sólo para varones, distinguiendo según su edad y situación patrimonial. Recién en el siglo XX, cuando ya se había celebrado el primer Centenario de la patria, se obtuvo un derecho a voto algo más equitativo y hubo que esperar hasta 1949 para que existiese la posibilidad de que las mujeres pudiesen elegir a sus gobernantes, lo que se concretó en el año 1952. Todo esto hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, un derecho a sufragio personal, igualitario, secreto y voluntario (artículo 15 de la Constitución).
 
No obstante, existen hasta ahora -desde mi punto de vista- dos grandes piedras de tope en nuestro sistema democrático: El tema aún no zanjado de la inscripción automática y voto voluntario, que ha llevado a que la mayoría de los jóvenes que cumplen 18 años se abstengan de emitir su opinión a través de las urnas; y la permanencia del sistema binominal de elección parlamentaria, en virtud del cual por regla general es sabido de antemano el nombre de los candidatos que ocuparán finalmente los escaños correspondientes a cada distrito o circunscripción.
 
Sin perjuicio de esperar que estos dos puntos pendientes sean reformulados y definitivamente superados para así alcanzar una democracia que supere los umbrales mínimos, permitiendo que todos los ciudadanos legitimen a través de su voto de manera efectiva a los órganos de elección popular, es innegable que en la actualidad han aparecido, tras esta realidad, otras formas de participación ciudadana que vale la pena destacar.
 
La libertad de conciencia, de expresión y de libre manifestación de las creencias, unida a otros derechos fundamentales como es el caso del derecho de asociación, el derecho a reunirse sin permiso previo y el derecho de petición, han servido para garantizar la posibilidad de que muchos chilenos puedan manifestarse libremente respecto de temas de su interés e incluso plantear vías de solución que consideran pertinentes para los mismos. Probablemente un porcentaje importante de las personas que intervienen en estas otras formas de participación ciudadana no se encuentran inscritas en los registros electorales, y es por ello que considero aún más relevante destacar este hecho, puesto que quiere decir que el problema antes mencionado de la escaza participación en procesos eleccionarios no pasa por un tema de falta de interés por el acontecer nacional.
 
Un ejemplo del fenómeno al que aludo pudo observarse hace pocas semanas cuando tras ser aprobado por la Corema respectiva un proyecto de Central termoeléctrica en la Región de Coquimbo, la presión de diversos movimientos ciudadanos logró un hecho tan extraordinario como fue que el propio Ejecutivo determinase reconsiderar la decisión previamente adoptada por la institucionalidad ambiental.
A este hecho han contribuido de manera significativa los medios de comunicación, principalmente en lo que respecta a las nuevas tecnologías y a la masificación de redes sociales que han logrado difundir información de manera mucho más amplia y completa de lo que puede ser una tradicional nota de prensa en radio o televisión.

Otros hitos que han marcado el "Año del Bicentenario" han sido, sin lugar a dudas, el terremoto de febrero y el accidente minero en el mes de agosto, en donde aún se trabaja para obtener el exitoso rescate de los mineros. Estos hechos han sacado a la luz pública temas que normalmente son poco difundidos a través de los medios: La responsabilidad que cabe a las empresas por la calidad de sus construcciones, la responsabilidad del Estado y la política implementada para afrontar situaciones de catástrofe, la obligación de cada empleador de velar porque sus trabajadores realicen su labor en condiciones dignas y en cumplimiento de todas las normas de seguridad. En los últimos días, el conflicto mapuche y el debate acerca de la aplicación o no de la Ley que determina las conductas terroristas ha sido un tema intensamente discutido que existe hace muchos años, pero recién ahora es analizado de manera más profunda, precisamente debido a que un gran número de personas ha insistido en que se discuta y se logren soluciones.

Como ciudadanos del Bicentenario, la misión no es otra que informarse, abrir lugar al debate de ideas y a la difusión de propuestas en forma pacífica y organizada. Cada día son más las ONGs que se crean dentro de Chile, movimientos ciudadanos, fundaciones con fines filantrópicos, asociaciones de diversa índole compuestas por chilenos que buscan construir una sociedad mejor, para nuestra generación y las venideras.

A nivel estatal igualmente ha habido avances significativos: la ley de transparencia, la publicidad de la información pública y la probidad de sus funcionarios como principios rectores, permiten estrechas los puentes entre los ciudadanos y el Estado, crear lazos de apoyo y mecanismos de colaboración recíproca.

El llamado es entonces, en esta víspera de Fiestas Patrias, a no olvidar que el desarrollo de una nación no se mide sólo a través de índices económicos, sino también, y muy especialmente, por la calidad de vida de sus habitantes. Una buena forma de manifestar nuestra chilenidad puede ser por medio de estas formas de participación, a nivel regional, comunal, o dentro del mismo barrio en que vivimos, demostrando que la unión hace la fuerza, amparados por el propio reconocimiento que la Constitución consagra en su artículo primero, como deber del Estado,  de "asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional".

Publicado: 2010-09-13
Natalia Rodríguez Donoso
Profesora de Derecho Urbanístico