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Jueces y política

Por Columnas Colectivas

El valor de la neutralidad judicial resulta ser, probablemente, el más agraviado por los dichos del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Piensa que el actual procedimiento de designación de los jueces condiciona a tal punto el ejercicio de la función de la judicatura, que los jueces no son capaces de razonar sobre la base de las normas y/o de los valores del ordenamiento jurídico.

Las funciones que deben cumplir los jueces y cómo deben llevarlas a cabo no son fáciles de establecer. En primer lugar, porque hay diversos diseños institucionales del poder judicial. En segundo lugar, porque existen distintos tipos de jueces. En tercer lugar, porque se les encomiendan diferentes cometidos. En cuarto lugar, por acabar en algún punto, porque no está claro cuáles son las características idiosincráticas que ha de tener una persona para ser un buen magistrado.

 

En este contexto se insertan algunas de las controvertidas declaraciones del actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, cuando en entrevista al periódico La Tercera afirmó «Si miran y analizan la estructura de los jueces se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, cuatro años hemos tenido gobierno de derecha y 24 años de gobiernos de izquierda [...] Bueno, vamos a seguir teniendo jueces, así que ahora algo "netearemos", pero más que eso vamos a nombrar buenos jueces».

 

Durante la semana recién pasada, las declaraciones del Ministro dieron pie a múltiples interpretaciones críticas con sus dichos, junto a una serie de intervenciones cruzadas entre diversos actores políticos. Sin embargo, si nos preguntamos por qué esas afirmaciones resultan tan problemáticas obtendremos respuestas de muy diversa índole. Aquí señalaremos tan solo dos cuestiones concernidas con tales declaraciones que afectan a aspectos centrales de los Estados democráticos de derecho.

 

El Ministro parece olvidar que en los modernos Estados democráticos de derecho existe la llamada división de poderes. Entre los distintos órganos que integran los poderes del Estado se cumplen las funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales. Y aunque esta distribución siempre es relativa, se generan diversas exigencias de control y de contrapeso para que cada uno de ellos no pueda invadir las competencias de los restantes.

 

En este juego de división de poderes y de controles y contrapesos se suele establecer que los jueces han de cumplir su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en un marco de independencia, imparcialidad y neutralidad. La independencia se asocia con ciertas garantías estatales que permiten al juzgador liberarse de las posibles presiones externas que pudiera sufrir por parte de otros poderes del Estado y otros miembros del poder judicial. La imparcialidad se relaciona con la objetividad o el alejamiento que ha de mantener el juez respecto de las partes y de los intereses en juego en la disputa jurisdiccional. Y la neutralidad se vincula con el razonamiento del juez que ha de sustentarse en las normas del sistema jurídico aplicables al caso y en los valores provistos por el derecho.

 

No conviene olvidar que estas exigencias de independencia, imparcialidad y neutralidad, entre otras, se establecen como un mecanismo para defender y garantizar los derechos de los ciudadanos y no como un privilegio de los jueces o como instrumentos para ser utilizados en la contienda política partidista.

 

Así, en pos de estas exigencias, los ordenamientos jurídicos establecen, por ejemplo, procedimientos «profesionales y apartidistas» de designación de magistrados, propugnan su estabilidad en el cargo y reconocen su autonomía funcional, entre otros mecanismos. Hasta qué punto lo anterior se plasma efectivamente está sujeto a discusión. Pero la idea que subyace es que, en una democracia, la personalidad del juez debe ser indiferente en el momento de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado.

 

Pero nada de esto parece importarle al Ministro de Justicia y Derechos Humanos. El quiere jueces partidistas, dependientes y parciales, eso sí, de derechas. Sus diatribas van dirigidas únicamente a quienes identifica como sus adversarios, los supuestos jueces de izquierda. De ahí su idea de «netear» la designación de magistrados. Quiere jueces afines, dóciles a sus intereses aunque con ello se oponga y ataque directamente al valor de la independencia judicial que tanto esfuerzo logró conseguir y tanto esfuerzo insume consolidar.

 

Si la independencia e imparcialidad de los jueces se vulnerara mediante mecanismos de selección espurios, los sesgos ideológicos de las personas escogidas se presentarían en el momento de decidir y se volcarían en sus sentencias. Nada de esto es compatible con un Estado de derecho. Las ulteriores rectificaciones del Ministro aludiendo a mejoras en los procesos de designación de los magistrados en nada tranquiliza la preocupación legítimamente generada.

 

El valor de la neutralidad judicial resulta ser, probablemente, el más agraviado por los dichos del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Piensa que el actual procedimiento de designación de los jueces condiciona a tal punto el ejercicio de la función de la judicatura, que los jueces no son capaces de razonar sobre la base de las normas y/o de los valores del ordenamiento jurídico. De este modo, en su opinión, los jueces se transforman en poleas de transmisión de los deseos de quienes los designan, y no en aplicadores del derecho y sus valores vigentes.

 

Las afirmanciones del Ministro omiten, tal vez no por descuido, que los gobiernos de «izquierda» lograron aprobar un sinnúmero de disposiciones normativas que han cambiado sustancialmente las normas aplicables a los conflictos sociales y, fundamentalmente, los valores del ordenamiento jurídico chileno. Y quizá, esto último sea aquello que más incómoda al Ministro Larraín. Si esto es así, olvida que el cambio legislativo es uno de los propósitos centrales de un sistema democrático e ignora que los jueces deben sujetar su actuar al dercho vigente.

 

De este modo, el Ministro desatiende un punto central de los Estados democráticos de derecho, y es que el juez, en sus decisiones, ha de estar «sujeto a la ley». La sujeción del juez a la ley se manifiesta, entre otras maneras, mediante la obligación de fundar las decisiones en normas jurídicas emanadas de órganos competentes, la prohibición de rechazar la aplicación de una ley que regule el caso que conoce y la exigencia de motivar dichas decisiones. Nada de esto parece advertirse, extrañamente, en los dichos del tantas veces aludido Ministro.

 

En el peculiar ideario del Ministro de Justicia y Derechos Humanos parece que el buen juez no es el que aplica el derecho bajo esas condiciones, sino aquel que lo hace atendiendo a consideraciones ideológicas. Su única queja radica en que esa ideología sea de «izquierda». Por esa razón, reclama la presencia y el nombramiento de jueces activamente partidistas, naturalmente de derechas, para «equilibrar», en sus palabras «netear», el juego judicial. Curiosamente, o tal vez no tanto dado su perfil, un Ministro de su cartera rechaza la posibilidad de decisiones judiciales razonables no partidistas.

 

Tampoco puede ser pasado por alto otro aspecto de las afirmaciones del Ministro y es que obvia y no alude a todos los miembros del Poder Judicial elegidos con anterioridad al regreso a la democracia. En otras palabras, si los elegidos por gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría son de izquierdas, ¿cuál sería el calificativo que utilizaría el Ministro para los magistrados elegidos con anterioridad al 11 de marzo de 1990?, y ¿también habría que «netear» en su caso?

 

En definitiva, las relaciones entre la política y la judicatura son complejas y no siempre fáciles de determinar. Sin embargo, existen ciertos límites que no deben ser transgredidos, porque suponen el alejamiento de algunas de las bases fundametales de los modernos Estados democráticos de derecho.

 

 

Sebastián Agüero SanJuan

Profesor de Filosofía del Derecho Universidad Austral de Chile

 

Jorge F. Malem Seña

Catedrático de Filosofía del Derecho Universitat Pompeu Fabra

Publicado: 2018-04-16
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