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Anuncios presidenciales sobre inversiones y sustentabilidad ambiental y social

Por José Aylwin Oyarzún

Los anuncios presidenciales en materia de inversiones son una mala señal para el país, sus ecosistemas y su gente. Con certeza, ellos incidirán en el incremento de la creciente conflictividad hoy existente en Chile, generada por proyectos de inversión que atentan contra el medio ambiente y que vulneran los derechos humanos de comunidades locales y pueblos indígenas.

El Presidente Piñera hizo días atrás anuncios orientados a promover el
desarrollo del país a través de la reactivación de la inversión, en lo
que definió como "proyectos sustentables". Para materializar esta
reactivación, el Mandatario firmó, en un acto en La Moneda, un decreto
que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y un
proyecto de ley para dar origen a una Agenda Pro Inversión. En la
ocasión, el Jefe de Estado afirmó: "Hemos declarado una verdadera guerra
a la burocracia excesiva, a la negligencia, a la incompetencia, que
muchas veces es lo que tiene a nuestro país paralizado".

De acuerdo al catastro elaborado por el Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, dado a conocer en la oportunidad, se identificaron un total
de 203 proyectos de inversión por un monto de 65 mil millones de dólares
que, por distintas razones, se encontrarían "estancados o paralizados",
los que podrían desarrollarse entre 2018 y 2021. De acuerdo a los mismos
anuncios presidenciales, de concretarse dichos proyectos, estos
generarían un total aproximado de 250 mil "empleos permanentes".

Nadie puede cuestionar que un Gobierno, cualquiera sea su orientación
política, quiera reactivar la economía a través del incentivo de la
inversión. La iniciativa anunciada, sin embargo, requiere de un análisis
más profundo para ser evaluada. Ello en particular para determinar las
implicancias que dichas inversiones puedan tener, no solo en materia
económica sino también en otros planos, como el medioambiental, el
social y el de derechos humanos.

En efecto, en lo económico llama la atención que la mitad del monto de
las inversiones que el Gobierno aspira a materializar en este período
-32 mil millones de dólares- sean en el rubro de la minería, en
contraste con la inversión prevista, por ejemplo, en la actividad
industrial, la que se prevé alcanzará a tan solo 3 mil millones de
dólares. De este modo, los anuncios presidenciales apuntan a perpetuar
la economía primario-exportadora que ha sido característica del país, la
que es sabido, además de su fragilidad -al depender de los oscilantes
precios de los /commodities/ en los mercados internacionales-, no
permite generar un desarrollo económico diversificado al que por décadas
se ha aspirado en el país.

Más allá del análisis económico, la minería por la que el Gobierno de
Piñera apuesta es, por naturaleza, una actividad insustentable, puesto
que se basa en la extracción de un recurso no renovable. La actividad
minera, además, tiene fuertes implicancias ambientales y sociales,
afectando la biodiversidad de los ecosistemas en que se emplaza, así
como a las comunidades que habitan en ellos, las que lejos de
beneficiarse con su desarrollo, muchas veces se ven desplazadas y
empobrecidas.

No es casualidad que la minería haya sido identificada por la OECD como
una actividad económica determinante en la presión al medio ambiente,
especialmente en la contaminación atmosférica, en la pérdida de la
diversidad biológica y en la contaminación del suelo y del agua en el
país (OECD, 2016). La misma actividad constituye, de acuerdo al
Instituto Nacional de Derechos Humanos, una de las principales causas de
los alrededor de 100 conflictos socioambientales existentes en el país a
la fecha.

Aunque de manera insuficiente aún, el país ha desarrollado
progresivamente un marco normativo constitucional y legal para la
protección del derecho al medio ambiente, así como una legislación para
la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Además, cuenta
con una normativa que protege los derechos de pueblos indígenas frente a
proyectos de inversión susceptibles de afectarles, al obligar al Estado
a su consulta en forma previa a su aprobación.

También cuenta con mecanismos judiciales y, desde hace algunos años, con
tribunales ambientales, a los que las personas y comunidades que ven sus
derechos vulnerados por proyectos de inversión, entre ellos el derecho
al medio ambiente, pueden recurrir. Es este marco normativo de
protección de derechos, y no la burocracia, la negligencia o la
incompetencia a las que refiere el Presidente Piñera, lo que ha
determinado que los proyectos de inversión que se pretende reactivar,
hayan sido rechazados o su aprobación haya sido demorada.

Es el caso de muchos de los proyectos identificados en el catastro
gubernamental, tales como el Proyecto La Coipa Fase 7 de SCM Mantos de
Oro (Kinross Gold C.) y el proyecto Nueva Unión de Gold Corp y Teck
Resources, ambos en la Región de Atacama.

Es por ello que las medidas anunciadas por el Mandatario como parte de
su política de reactivación de inversiones resultan muy preocupantes. Al
promover proyectos que han sido ampliamente rechazados por la
ciudadanía,  el Gobierno, que participa del proceso de otorgamiento de
autorizaciones de dichas inversiones, está vulnerando el principio de
objetividad que debe tener para garantizar que dichas inversiones no
afecten el derecho al medio ambiente y los derechos humanos. Por lo
mismo, lejos de apuntar al fortalecimiento de la institucionalidad de
protección ambiental y social existente en el país, claramente la debilita.

¿Cómo pueden interpretarse, si no es así, los anuncios que el Presidente
hizo en La Moneda en la ocasión, los que entre otros incluyen "regular
la suspensión provisoria de una obra nueva, *evitando que -muchas veces-
demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión, generando
un tremendo daño no solamente al inversionista, sino que a la comunidad
que acoge esa inversión* y al país entero"; "*permitir que los planes de
prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de
fuentes contaminantes, para que se puedan concentrar sus esfuerzos de
mitigación en aquellas fuentes que son las más dañinas* y las que mayor
perjuicio provocan"; y "facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) para *omitir el pronunciamiento de servicios cuando estos no están
fundados o cuando se encuentran absolutamente fuera de sus competencias,
de forma tal de evitar esta verdadera proliferación de opiniones sin
fundamentos y -a veces- fuera de su ámbito de acción*, que a la larga lo
único que hace es que a los proyectos de inversión les toma años poder
lograr los necesarios permisos de evaluación ambiental...?".

Se trata, a todas luces, de medidas regresivas que ponen en peligro los
ya frágiles mecanismos institucionales a los que recuren las comunidades
afectadas por proyectos de inversión para la protección de sus derechos.

Cabe señalar que la misma visión regresiva llevó a comienzos de año, a
quienes luego asumieron funciones en el Gobierno actual, a considerar la
posibilidad de poner término, a través de su denuncia, a la vigencia del
Convenio 169 de la OIT en Chile, a fin de evitar la consulta a los
pueblos indígenas de medidas administrativas que pudiesen recaer en
proyectos de inversión susceptibles de afectarles.

Dicha idea fue abandonada por el Gobierno solo luego de que la propia
OIT le aclarara que la denuncia de este tratado internacional podía ser
realizada el 2021, al cumplirse nuevamente un lapso de 10 años desde la
entrada en vigencia de este tratado en el año 1991, y no el 2018, al
cumplirse 10 años de su ratificación por el Estado de Chile, como
inicialmente se había pensado.

Igualmente preocupante resulta el anuncio que en la ocasión fue hecho
por el Presidente Piñera en La Moneda en relación con las aguas. Esto,
al proponer la creación de "*una plataforma digital para recibir y
tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de
aprovechamiento de aguas, que hoy día toman mucho tiempo, son muy
engorrosas y, a veces, generan mucha incertidumbre*".

Al hacer este anuncio, el Jefe de Estado parece no solo desconocer la
grave crisis que el país vive en materia de aguas, crisis que ha sido
generada en parte significativa por la acumulación de derechos de
aprovechamiento de aguas en pocas manos -85% de los derechos no
consuntivos de aguas se encuentran en poder de unas pocas compañías
hidroeléctricas- como consecuencia de Código de Aguas privatista en
vigencia, a lo que se agrega la escasez hídrica producto de la
proliferación de actividades productivas como la forestación exótica o
la contaminación generada por la actividad minera.

Esta propuesta, además, se hace en momentos en que se debate en el
Congreso una reforma al Código de Aguas para reconocer a las aguas como
un derecho humano y para establecer límites a futuro a la acumulación de
este recurso y priorizar otros usos, como el consumo humano, o reconocer
las funciones ambientales del agua. Se trata de una iniciativa que el
gobierno actual no ve con buenos ojos y, por lo mismo, ha anunciado que
realizará indicaciones en relación con ella.

Finalmente, llama la atención que el Presidente Piñera no haga
referencia alguna a los derechos humanos como un elemento a tener en
consideración en una política de fomento a las inversiones en el país.
Ello es paradójico, toda vez que sus anuncios en esta materia se hacen
un mes después de que su Gobierno conformara el Comité de Ministros para
la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y
Derechos Humanos. Se trata de un plan de Estado de tres años de
duración, que pretende el cumplimiento de las directrices
internacionales sobre la materia, contenidos en los Principios Rectores
de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los que hoy son
universalmente aceptados por los estados, así como por muchas empresas.

De acuerdo a estos Principios, sin perjuicio de la responsabilidad que
cabe a las empresas en el respeto a los derechos humanos en el marco de
sus actividades, los estados tienen la obligación de brindar protección
frente a los abusos de derechos humanos cometidos por las compañías,
haciendo cumplir las leyes, evaluando periódicamente a estas para
asegurar que resulten adecuadas para estos efectos, y velando por la
coherencia de sus políticas internas. Los anuncios aquí comentados se
distancian manifiestamente de estos Principios, algunos de los cuales
quedaron expresados en el Plan de Acción Nacional en la materia, con el
evidente objetivo de lograr, a cualquier costo, las materialización de
las inversiones anheladas.

En síntesis, los anuncios presidenciales en materia de inversiones son
una mala señal para el país, sus ecosistemas y su gente. Con certeza,
ellos incidirán en el incremento de la creciente conflictividad hoy
existente en Chile, generada por proyectos de inversión que atentan
contra el medio ambiente y que vulneran los derechos humanos de
comunidades locales y pueblos indígenas.

Publicado: 2018-05-24
José Aylwin Oyarzún
Profesor de Derecho Indígena