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La justicia vecinal como justicia del pueblo

Por Iván Hunter Ampuero

El Presidente de la República en la última cuenta pública del 21 de mayo, ha sorprendido dando dos grandes anuncios en materia procesal. El primero es la voluntad política de dar un impulso definitivo a la reforma al proceso civil, iniciada con la presentación por el anterior Ejecutivo del Proyecto de Código Procesal Civil, y; el segundo, la de implantar en Chile la Justicia Vecinal. Sobre este último aspecto quiero esbozar algunas palabras.

Para nadie es novedad que las causas de pequeña cuantía sufren una importante barrera de acceso a la justicia al tener que soportarse por los ciudadanos los costos asociados a la disputa judicial. En materia civil el Estado se ha hecho cargo de los costos orgánicos y estructurales de la jurisdicción (esencialmente, la remuneración de quienes imparten justicia y sus instalaciones) pero ha desatendido los que se vinculan al ejercicio mismo del derecho de acción (defensa jurídica adecuada). Por otra parte, el procedimiento civil actualmente vigente, altamente formalizado, disperso y escrito, no permite hacer frente de manera racional a esas pequeñas causas. Cuando los costos de litigar superan los del litigio mismo entonces se genera un fuerte obstáculo de acceso a la jurisdicción, especialmente para el ciudadano medio. En este sentido, la jurisdicción se reservaría a quienes poseen recursos suficientes para costear el litigio y soportar el tiempo que requiere su tramitación, exacerbando de paso la desigualdad social entre los menos y los más habientes. En tal caso, la “amenaza del litigio” se convierte en la principal arma para imponer unilateralmente una decisión a quien no puede solventar económicamente el proceso.

Esta realidad trae aparejada la existencia de un conjunto de controversias jurídicas que quedan sin solución, o mejor dicho, donde la solución viene autoimpuesta por una verdadera renuncia del titular del derecho e interés.  

La llamada Justicia Vecinal pretende dar solución integral a ese universo de controversias que tradicionalmente han quedado fuera del ámbito normal de tutela jurisdiccional, contribuyendo a la creciente conciencia colectiva de exigibilidad de nuestros derechos. En la medida que los ciudadanos van asimilando la titularidad de ciertos derechos asegurados por el Estado, crece la necesidad de hacerlos valer reclamando su protección. Esta justicia debería permitir que la gente común que se siente presionada por sus conflictos jurídicos menores que nacen de la convivencia diaria o de las relaciones de vecindad, y que tienen un escaso costo económico pero muy alto valor personal, tenga una herramienta eficaz para dar solución a sus problemas. Por cierto que el ala protectora del Estado se extiende hacia los estratos sociales generalmente excluidos de la tutela ordinaria, traspasando a éste el coste que significa arribar a una solución en los conflictos económicamente insignificantes. Se trata de una decisión política que robustece la presencia del Estado en materias que en otras áreas ha renunciado a estar presente (Esto sucede especialmente en materia de aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos de escasa cuantía, en que el ciudadano queda desprotegido frente a la iniciativa del ministerio público de no iniciar la investigación). 

Por otro lado, no hay que perder de vista que iniciativas como ésta buscan efectos esencialmente pragmáticos. Están otorgadas para lograr la paz social, eliminando del seno comunitario los conflictos intersubjetivos, y evitando las soluciones basadas en la autotutela. Aquí el Estado se contenta con dar una respuesta al justiciable a un problema jurídico específico. Esto puede significar, muchas veces, apartarse de la juridicidad en pos de la solución a una disputa, por ende, no se pretende perseguir fines diversos a la mera resolución de un conflicto.

Este fin esencialmente pragmático de la Justicia Vecinal produce importantes consecuencias: en primer lugar, la necesidad de establecer límites claros, precisos y sencillos sobre su ámbito de competencia, de manera de que los ciudadanos conozcan qué controversias pueden someter a la decisión del juzgado vecinal. A mi parecer, es perentorio que toda pretensión deducible ante los tribunales tenga un mínimo de contenido jurídico. En segundo lugar, resulta forzoso para lograr una resolución eficaz que se establezca un procedimiento rápido, sencillo y desformalizado, en que la decisión sea adoptada en una única audiencia con los antecedentes que hagan valer los ciudadanos. Me parece que, en este sentido, la oralidad permite lograr un grado mayor de eficacia que un proceso escrito. En tercer lugar, si este procedimiento busca fines esencialmente pragmáticos, debería haber un fuerte acicate para obtener soluciones auto compositivas. Por último, creo conveniente que se creen mecanismos para equilibrar la eventual desigualdad que tengan las partes en el poder jurídico o negociador.

Desde esta perspectiva no me cabe duda que se trata de una iniciativa importante para mejorar el acceso a la justicia y disminuir la brecha social entre quienes tienen recursos para solucionar sus controversias y quienes no los poseen. Sin embargo, los aspectos técnicos con que será regulada esta justicia deben ser objeto de una gran discusión, puesto que influyen directamente en la eficacia de la decisión que se pueda adoptar. Será entonces en estos extremos donde se juegue gran parte de la voluntad política de esta reforma.

Publicado: 2010-06-09
Iván Hunter Ampuero
Profesor de Proceso Civil Ordinario