Columnistas

 


Una Constitucion para el Siglo XXI

Por Vladimir Riesco Bahamondes

El carácter autoritario de la Constitución de 1980 la torna ineficaz para resolver la falta de participación política y las profundas desigualdades presentes en el Chile actual, sólo la sustitución de esta carta fundamental por un texto generado y aprobado democráticamente, puede fijar la hoja de ruta del Chile del Siglo 21.

Si pasamos revista a la génesis de las diversas constituciones que han regido nuestra institucionalidad republicana durante sus 200 años de historia, encontraremos que la democracia y la participación ciudadana no han sido la regla general, en efecto, tanto en la forma como en el fondo, los diversos textos constitucionales han procurado mantener un orden social, político y económico de carácter oligárquico y excluyente  de las grandes mayorías nacionales.

Es así como durante el periodo denominado de ensayos constitucionales entre 1810 y 1833, sólo la denominada "Constitución Liberal" de 1828 extendió la noción ciudadanía rompiendo las barreras del sufragio censitario que fue definitivamente instaurado tras la derrota liberal en Lircay y la posterior imposición de la constitución ultra conservadora de 1833, que refuerza la potestad presidencial a niveles que la asimilan a una figura monárquica más que a una institución republicana.

El poder sin contrapeso de un ejecutivo centralista, funcional a los intereses de la oligarquía terrateniente y ultramontana del Chile Central, agota la paciencia de nuevos sectores sociales que comienzan a exigir su inclusión efectiva en la administración del Estado, entre ellos destaca la burguesía minera de Atacama y Coquimbo y el artesanado urbano, que van dando forma a nuevas organizaciones políticas y sociales,  que en reiteradas oportunidades chocan violentamente con el gobierno central y que con el transcurso de las décadas van debilitando las facultades del ejecutivo y fortaleciendo  el rol del congreso, gestando además, un estado paulatinamente más laico, dando forma a un régimen político, que el constitucionalista Pablo Ruiz Tagle ha denominado  la "República Liberal".

Esta tercera república nacional -o república liberal- sufre una crisis,  cada vez más aguda durante las primeras décadas del siglo XX, donde una oligarquía parlamentaria, indolente a las aguadas condiciones de explotación laboral presentes en las salitreras del Norte y ciega frente a los agudos problemas urbanos que surgen en las grandes ciudades del país, donde por ejemplo, Santiago de Chile, se caracterizaba por sus gigantescos focos  de miseria e insalubridad, donde habitada un creciente proletariado urbano formado por miles de familias que migraban desde el campo, en busca de mejores horizontes laborales.

El surgimiento de organizaciones de ideología Anarquista y Marxista, que estimulan la formación de organizaciones sindicales  y  de ayuda mutua, como las organizaciones de resistencia, las mutuales o las mancomunales que  permiten,  que un nuevo sujeto se incorpore a la arena política e imponga sus reivindicaciones y  obligan a generar transformaciones políticas que terminan con la aprobación de la denominada constitución de 1925 que rige entre 1932 y 1973.

Esta república, parafraseando a Ruiz Tagle, amplió las barreras de la participación política y el catálogo de derechos fundamentales, extendiéndolo  a los denominados derechos económicos, sociales y culturales; sin embargo esta república tenía los días contados. Estados Unidos en un contexto de guerra fría, promovió la caída de la institucionalidad democrática, encontrando importantes aliados en nuestro país,  implementándose una estrategia muy dolorosa para la inmensa mayoría de los chilenos.

En lo fáctico, se impone primero un régimen de terror, donde las fuerzas armadas y de orden se comprometen en una política sistemática de terrorismo de Estado,  que cuésta la vida a más de tres mil chilenos y que se extendió por todos los rincones del país, eliminando toda forma de organización política y social que pudiera cuestionar las políticas públicas que luego se impondrían.

En lo institucional, la dictadura encabezada por la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, se auto otorga facultades ejecutivas, legislativas y constituyentes, asumiendo en relación con esta última, la iniciativa de aprobar una nueva constitución para Chile, todo lo cual se expresa primero con la dictación del DL Nº1,  donde se declara que la Junta de Comandantes en Jefe asumen el mando supremo de la Nación, expresión que es interpretada por el DL Nº 128 de noviembre de 1973, para el cual, por ella se debe entender el ejercicio de facultades ejecutivas, legislativas y  constituyentes.

Es así como la dictadura militar, asume un carácter soberano imponiendo un texto constitucional cuyo contenido autoritario en lo político y neoliberal en lo económico resulta indesmentible, a estas alturas del partido.

Tras el retorno a la democracia en 1990, y atendida la naturaleza negociada de la transición, este antidemocrático texto constitucional se  ha transformado  en una verdadera jaula de hierro, que entre otras cosas, ha reducido a meras declaraciones  de intenciones,  el catálogo de derechos económicos sociales y culturales que se habían logrado incorporar en forma paulatina a nuestra institucionalidad, desde las primeras décadas del siglo XX pese a que en esta Constitución encontramos algunas disposiciones novedosas, como la garantía constitucional que "asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación". En la práctica, y ya con varias décadas de experiencia, hemos constatado que no es más que una declaración formal, que no encuentra correlato en instrumentos de tutela eficaces para la misma.

En general, la existencia de un modelo económico inmutable, impuesto en forma absolutamente inconsulta a la sociedad chilena, la presencia de una permanente tutela militar sobre el poder civil, la proscripción de un rol activo del estado en economía, la presencia de un Tribunal Constitucional, que en los hechos actúa como una verdadera "cámara de empate" que impide o limita significativamente un desarrollo normativo progresista y democrático, son claras expresiones de una institucionalidad que si bien, ha sufrido importantes reformas, conserva su esencia antidemocrática, que deriva de su génesis dictatorial y que no podrá ser superado sino a través de la redacción y aprobación de una nueva Constitución, generada democráticamente.

Este proceso democratizador es fundamental, si queremos revertir la endémica desigualdad social presente en Chile, desigualdad que sin lugar a dudas, generará agudos conflictos sociales como ya  hemos vivido durante nuestra historia.     

Publicado: 2010-12-27
Vladimir Riesco Bahamondes
Profesor de Derecho del Medio Ambiente