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Sobre las deficiencias del debate político chileno: los ‘fundamentos jurídicos” de la acusación constitucional

Por Fernando Muñoz León

La Concertación finalmente ha presentado la acusación constitucional contra la Intendenta de la Región del Bio Bío. Este hecho ha sido antecedido por una larga letanía de reflexiones, tanto por parte de parlamentarios de la Concertación como de la Alianza, sobre la necesidad de estudiar los fundamentos jurídicos de la acusación constitucional. Como profesor de Derecho Constitucional esta es mi respuesta.

La primera pregunta relevante que hay que formularse es, ¿qué tipo de texto es la Constitución? De dicha respuesta depende qué calidad tendrán los ‘fundamentos jurídicos' de dicha acusación. Comúnmente, se acostumbra decir por parte de los profesores y abogados dedicados al Derecho Constitucional que la Constitución es una ‘norma'; esto es, que ella está dotada de ‘contenido normativo' y que puede ser ‘directamente aplicada' dado que dicho contenido normativo no requiere de desarrollo por parte de otras fuentes jurídicas o de complementación mediante criterios extra-jurídicos.

Dicha teoría de la ‘fuerza normativa' de la Constitución se cae a pedazos al momento mismo de leer el documento constitucional. El texto al que comúnmente llamamos Constitución tiene muy poco de aquello que los estudiosos del derecho llaman ‘contenido normativo' o ‘contenido dogmático'; esto es, de definiciones jurídicas precisas y completas en sí mismas. En cambio, la Constitución está llena de cláusulas generales tales como "las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos" o, como en este caso, la "infracción de la Constitución" y la comisión de "delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión" como causales de acusación constitucional.

¿Qué significado tienen estas cláusulas generales? La idea de "delitos" tiene un significado bastante preciso, pues qué es un "delito" está muy bien definido; no por la Constitución, ciertamente, sino por el Código Penal. Qué es "infracción de la Constitución" es, en cambio, algo más ambiguo. Aquí se hace ver que la Intendenta no ha dado "estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones". Ahora, ¿cómo podemos saber ‘jurídicamente' si la Intendenta no ha dado "estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones"? No podemos: no hay elementos específicamente jurídicos, distintos del razonamiento práctico que cualquier ciudadano hace, que respondan esa pregunta. Cómo se ha de dar "estricto cumplimiento al principio de probidad" a efectos de la Constitución es una apreciación que hacen los parlamentarios levantando las manos para votar ‘sí' o ‘no' a la acusación, y en última instancia la ciudadanía a través del debate público; no es algo que deba responder un jurista jugando a ser un médium entre el ‘cielo de los conceptos jurídicos' y la realidad. Dando cuenta de este carácter deliberativo y ciudadano de los contenidos constitucionales, Franklin D. Roosevelt afirmaba que la Constitución es un documento para el hombre de a pie: no un contrato de abogados.

En definitiva, los parlamentarios harían bien en recordar lo que Robespierre afirmó dirigiéndose a los miembros de la Asamblea Nacional francesa durante la votación sobre la ejecución del Rey de Francia: "esto no es un juicio; Luis no es un acusado; y esto no es un tribunal. Ustedes son, y sólo pueden ser, los representantes y estadistas de la Nación". Al emplear la expresión ‘juicio político', que frecuentemente se utiliza como sinónimo de ‘acusación constitucional', el adjetivo ‘político' nos recuerda que tal como en el caso de la condena al Rey de Francia no estamos frente a un proceso de adjudicación realizado por juristas mediante reglas procesales y substantivas precisas.

Ahora bien, ¿porqué se habla con tanta insistencia de los "fundamentos jurídicos" de la acusación? La respuesta pareciera estar en las condiciones políticas en las cuales dicha expresión se ha utilizado. Ella ha sido utilizada particularmente por dirigentes de oposición que parecieran estar en desacuerdo con la idea de presentar la acusación constitucional en cuestión, así como por dirigentes del oficialismo que parecieran estar considerando la posibilidad de votar a favor. En otras palabras, por los parlamentarios que disienten del camino político tomado por sus respectivas coaliciones.

También, desde luego, hablan de los "fundamentos jurídicos" de la acusación quienes estando de acuerdo con la estrategia política de su coalición desean darle más fuerza a su posición. Ambas conductas se deben a que hablar de tales "fundamentos jurídicos" entrega a quien utiliza dicha expresión el mismo aura de imparcialidad y experta neutralidad del que gozan los jueces. Ese manto de imparcialidad, desde luego, es una estrategia retórica para darle más peso a la decisión de quien invoca dicha estrategia.

Ahora bien, me parece particularmente dañino y empobrecedor el uso de la expresión "fundamentos jurídicos" por parte de quienes disienten de la estrategia o camino político utilizado por sus respectivas coaliciones. Cuando los parlamentarios, quienes por sus cargos de representación están llamados a encabezar las diversas corrientes de opinión, esconden sus posiciones políticas detrás de inexistentes "fundamentos jurídicos", el debate político pierde claridad y fuerza.

Lo que está en discusión con esta acusación constitucional es en qué medida la oposición toma una actitud más agresiva o más pacífica, así como la relación de cercanía o distancia de cada uno de los partidos oficialistas respecto del Gobierno. En esas circunstancias, como un profesor de Derecho Constitucional preocupado por la firmeza de los procesos deliberativos que sustentan el funcionamiento de las instituciones públicas, preferiría que los parlamentarios explicitaran sus posturas políticas y que ocuparan esta acusación constitucional para entablar un debate político sobre qué tipo de oficialismo y qué tipo de oposición tenemos y queremos.

Publicado: 2011-03-28
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional