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Desigualdad, ¿Por qué no?

Por Hugo Osorio Morales

¿Cuán desiguales queremos o podemos ser? Las razones utilitarias y normativas nos permiten intentar algunas respuestas.

Sabemos que aunque la desigualdad en Chile es extremadamente alta, reducirla demanda acciones difíciles y costosas. El problema, tal vez, no es la desigualdad en sí misma, sino las condiciones indignas relacionadas con la pobreza ¿o no? Si se mantuviera el actual nivel de desigualdad pero, producto de una óptima focalización de gasto público, se asegurara que ningún chileno tuviera que vivir bajo el nivel de pobreza, ¿Sería esa una sociedad en la que querríamos vivir?

Lo cierto es que existen buenas razones para sostener que, superados ciertos niveles, la desigualdad es, en sí misma, indeseable. Valorar estas razones es central para definir el nivel de esfuerzo que un país está dispuesto a asumir en aras de reducirla. En efecto, experiencias comparadas indican que en países en nuestro nivel de desarrollo, la desigualdad tiende a disminuir naturalmente... aunque sólo levemente. Pero si esa pequeña disminución es suficiente, ¿Para qué siquiera pensar en hacer algo adicional?

Los argumentos para discutir el nivel de desigualdad óptimo pueden agruparse en dos categorías: los argumentos utilitarios, más o menos evidentes, pero imprecisos; y los argumentos normativos, que, aunque potencialmente precisos, dependen de consideraciones éticas no siempre compartidas socialmente.

Las razones utilitarias apuntan a los efectos negativos de la desigualdad.  Atendida la extensión de esta columna, mencionaremos sólo dos de ellos, aunque existen numerosos otros. Primero, un alto nivel de desigualdad, especialmente sobrepasados ciertos umbrales, se vincula empíricamente a mayores niveles sociales de violencia y delincuencia. Segundo, tales niveles llevan a una mayor precariedad democrática.

El aumento de estos efectos no es lineal. En niveles bajos de desigualdad, los efectos son lógicamente menores, aumentando ambos con cierta regularidad, linealmente. Sin embargo, llegado a cierto nivel, un leve aumento adicional de desigualdad produce efectos sustanciales. La delincuencia es probablemente un buen ejemplo para ilustrar este punto. Resulta empíricamente evidente que una sociedad más o menos igualitaria tiende a niveles de delincuencia y violencia menores. Si en tal sociedad aumenta la desigualdad, el correspondiente aumento de delincuencia y violencia puede controlarse mediante acciones policiales y de represión, o políticas que indirectamente los atenúan, como la promoción del deporte o mejoramiento de espacios públicos. Sin embargo, sobrepasado cierto punto, el aumento de delincuencia y violencia será tal que cualquier acción de control se volverá insuficiente. Ese nivel es el umbral, y el aumento desde ese momento se vuelve inmanejable, exponiendo a toda la sociedad a costos de control elevados y a  niveles de violencia y delincuencia inaceptables. Lo mismo sucede con los riesgos al sistema democrático derivado de la concentración económica: hasta cierto punto, medidas de control estándar, como fideicomisos ciegos para ciertos cargos, transparencia, financiamiento público de la política, etc., son suficientes para proteger el sistema democrático. Pasado tal punto, cualquier control se vuelve ilusorio.

Si bien es fácil coincidir en estos argumentos, resulta problemático definir políticas públicas conforme a ellos. En primer lugar, y aún sin llegar al nivel-umbral, no es fácil definir el nivel óptimo de desigualdad y efectos deseados. Por ejemplo, parece claro que una completa igualdad disminuiría los niveles de delincuencia y aseguraría una democracia más representativa, pero ¿es necesario llegar a tal extremo? Lograr dicho nivel de igualdad requeriría privar a numerosas personas de lo que han ganado por haber recibido mejor educación, ser inteligentes o talentosas o por ser más esforzadas, entre otros factores. No sólo el costo de una extrema igualdad, en este marco, resultaría probablemente inaceptable para una sociedad liberal; sino que es difícil, sino imposible, definir con claridad el punto exacto en que ese costo, atendido los beneficios correlativos, resulta aceptable. En segundo lugar, tampoco es fácil determinar qué nivel de desigualdad corresponde al umbral, pues en cada sociedad es distinto, atendido los factores culturales, históricos, sociales, etc. de cada una. ¿Cuál es, pues, bajo estos principios, el nivel óptimo de desigualdad? No existe, por desgracia, una respuesta clara a esta pregunta.

Las razones normativas, a diferencia de las utilitarias, buscan responder a priori, qué nivel de desigualdad es justo, bueno o deseable, independiente de sus efectos. El proyecto normativo que definió al siglo pasado es el de la "Justicia como Equidad" desarrollado por el filósofo norteamericano John Rawls. Se trata, desde luego, de un proyecto complejo que resiste cualquier esquema simplista, aunque básicamente busca compatibilizar los ideales liberales tradicionales (libertad de expresión, ámbito y opciones privadas ajenas al estado), bajo un contexto contractualista- funcional, con una repartición de bienes sociales bajo criterios objetivos e igualitarios, en donde las herramientas de la "posición original" y el "velo de la ignorancia" aparecen en lugar predominante. De esta manera se sobrepasa el gastado ideal de igualdad de oportunidades y las trampas tanto del intuicionismo moral como del utilitarismo tradicional para proponer una sociedad justa, decente y estable. Aunque como toda buena filosofía admite lecturas diversas, el proyecto de Rawls se considera compatible con concepciones político-económicas social-democráticas, más cercanas a la realidad europea, en especial en su vertiente septentrional, por sobre la de Estados Unidos.

Rawls vivió lo suficiente para observar tanto su reconocimiento intelectual universal como el fracaso de su proyecto. Este fracaso no fue académico -aunque ciertamente sus teorías fueron objeto de críticas enconadas e incluso reformulaciones sustanciales del propio autor-, sino práctico. Al comienzo de los 70s, el proyecto de Rawls parecía encaminado a constituir un fundamento sólido para un consenso sobre un proyecto liberal e igualitario generalizado en occidente. Al comienzo del siglo XXI, en un mundo que avanza hacia las desigualdades y las privatizaciones en todas las esferas, dicho proyecto parece cada vez más ilusorio. Resulta hasta cierto punto paradojal que mientras sus principales críticos académicos cuestionaban desde la izquierda sus aspectos liberales y limitaciones igualitarias (¿Por qué se incluye en el proyecto el acceso a bienes primarios, pero no las desigualdades de talentos? ¿Qué sucede con las diferencias de género?, etc.); el mundo, indiferente, en silencio, con el paso ineludible de la historia, optaba por el camino contrario. Pero si el de Rawls fue un fracaso ¡Qué fracaso! Todo el análisis filosófico político del S.XX y, probablemente del que le sigue, seguirá desarrollándose - siguiendo, enfrentando, criticando- sus formulaciones.

Para nuestro análisis, ¿Qué conclusión podemos establecer respecto a la discusión normativa? Nada hace a priori más exacto o convincente un proyecto liberal-igualitario a la Rwals, que uno libertario a la Nozick; nada lleva necesariamente a un acuerdo sobre un proyecto comunitarista, que sobre uno basado en la teoría de los juegos o la economía. Nada, de hecho, nos justifica abandonar el clásico utilitarismo de Bentham y Mill, salvo la profunda animadversión que en nuestras intuiciones morales o éticas tales proyectos conllevan.  Al mismo tiempo, sin embargo, es claro que Chile, para bien o para mal, se ha embarcado en un proyecto libertario. Las conjeturas, refutaciones y convicciones criollas apuntan todas a lo mismo: un irredento sentido de individualidad. Es difícil apreciar el nivel de individualismo presente en Chile, precisamente, porque somos parte del mismo, pero sin duda es sorprendente para cualquier extranjero -¡incluso para uno norteamericano!- el que en Chile sea aceptable, como si fuera un paisaje, la realidad de ciudades, colegios y vidas completamente segmentadas, social e incluso geográficamente. En el Chile actual es inconcebible un proyecto social con elevados impuestos y fuerte gasto social al estilo europeo.

De lo dicho podemos extraer algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, el proyecto social chileno, independientemente de nuestras preferencias personales, tiende fuertemente al destino libertario. Chile no sólo es uno de los países más desiguales del mundo, sino que también registra un sistema educacional de iguales características que no tiene visos de cambiar y con el que la comunidad parece vivir en paz y nada escandalizada. Esto parece indicar que el nivel de desigualdad que estamos dispuestos aceptar es elevado. En segundo lugar, es evidente que el nivel de desigualdad actual, sin entrar en análisis normativo alguno, sino que desde un punto de vista estrictamente utilitario, genera efectos no deseados en diversas esferas, entre las que el nivel de violencia y delincuencia y precariedad democrática, son sólo alguno ejemplos. En consecuencia, aún cuando sea para arribar a un nivel aceptable, con dichos limitados objetivos, debemos hacernos cargo de las herramientas más eficientes, eficaces y justas para reducir, moderadamente, la desigualdad económica actual. A tal análisis nos abocaremos en nuestra próxima y última columna sobre la materia.

Publicado: 2011-05-31
Hugo Osorio Morales
Profesor Instituto de Derecho Público