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Matrimonio igualitario: La hora del Tribunal Constitucional

Por Fernando Muñoz León

Este 28 de julio, el Tribunal Constitucional escuchará alegatos respecto de un asunto que ha concitado la atención de gran parte de la opinión pública durante los últimos años: el matrimonio entre personas del mismo sexo. En dicho acto intervendré como uno de los dos abogados que representan al Movimiento de Inclusión y Liberación Homosexual (MOVILH).

Este proceso se inició con la solicitud que, en septiembre del año pasado, tres parejas del mismo sexo presentaron ante el Registro Civil; en dos de los casos, para inscribir sus matrimonios realizados en Argentina y Canadá respectivamente, y en el tercer caso para contraer matrimonio civil ante la legislación chilena. En todos estos casos, los funcionarios del Registro Civil se negaron a la realización de dicho trámite arguyendo que el artículo 102 del Código Civil define al matrimonio como un "contrato solemne" entre "un hombre y una mujer", requisito éste último contenido también en la Ley de Matrimonio Civil.

Ante este hecho, y representando a las parejas así discriminadas, el MOVILH presentó en octubre del 2010 un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que dicho tribunal corrigiera la decisión del Registro Civil, estimada atentatoria contra el derecho a no ser discriminado establecido en la Constitución y en diversos tratados internacionales. La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que este caso requería un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ya que únicamente este último tribunal está autorizado en Chile para suspender la aplicación de una ley por ser contraria a la Constitución.

El Tribunal Constitucional admitió a tramitación este requerimiento a principios de enero de este año, y lo declaró admisible a fines del mismo. Este último trámite implica que el Tribunal ha considerado que el requerimiento tiene fundamento plausible, sin el cual el procedimiento sería suspendido sin más. A fin de verificar que el Tribunal declarara admisible el requerimiento presentado por la Corte de Apelaciones, los abogados del MOVILH presentamos un escrito argumentando las razones que justificaban su admisibilidad y, eventualmente, su resolución positiva. Tras algunos meses en los cuales el Tribunal realizó los trámites procesales establecidos por la ley, finalmente ha llegado el momento en que esta causa será escuchada en audiencia por los integrantes de este importante tribunal. La ley establece que en dicha audiencia sólo podrán exponer sus argumentos los abogados de las partes involucradas, pero también dispone el carácter público de estos alegatos, pudiendo asistir todos los ciudadanos interesados. Será un gran día para la causa igualitaria, dada la relevancia de la institución que oirá sus argumentos.

Ahora bien, ¿porqué habría el Tribunal Constitucional de resolver mediante una sentencia la posibilidad de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio? Responder a esto equivale a hacerse cargo de dos preguntas distintas: ¿qué argumentos existen para ello? Y, ¿por qué no esperar que el Congreso vote el proyecto de ley que establece un Acuerdo de Vida en Común?

Nuestra Constitución establece en su artículo 1º que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; así como que el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, para lo cual es su deber el asegurar el derecho de todas las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Refrendando esta declaración, el artículo 19 Nº 2 del mismo documento reconoce a todas las personas el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria. También establece la Constitución, en su artículo 5º, que el Estado debe respetar los derechos establecidos por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entre éstos se encuentran varios tratados, tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establecen el derecho a contraer matrimonio y a formar una familia, así como a no sufrir discriminación por ninguna condición. Impedir a las personas casarse con personas de su mismo sexo constituye una discriminación por orientación sexual, lo que como hemos visto viola tanto la Constitución como diversos tratados internacionales.

Pero, ¿porqué no esperar a que el Ejecutivo presente el tan anunciado proyecto de ley de Acuerdo de Vida en Común? Mal que mal, se ha anunciado que dicho proyecto reglamentará la convivencia de las parejas no matrimoniales en todos sus aspectos patrimoniales, tales como el derecho de herencia. La respuesta es simple: dicho proyecto de ley es muy conveniente para todas las parejas que no deseen casarse, estén ellas constituidas por personas de distinto o del mismo sexo; pero no satisface el derecho a la igualdad matrimonial. Que exista una Ley de Acuerdo de Vida en Común será muy bueno, pues ampliará la gama de posibilidades disponibles para los chilenos que deseen compartir su vida con alguien: pero no es matrimonio. Por lo tanto, el proyecto de ley del Ejecutivo debe estar acompañado de una vigorosa defensa de la igualdad ante la ley de parte del Tribunal Constitucional.

En resumen, lo que está en juego el próximo jueves no es solamente la posibilidad de que miles de chilenas y chilenos vivan una vida más plena. Lo que está en juego es ni más ni menos que uno de los fundamentos de toda república democrática: la igualdad.

Publicado: 2011-07-26
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional