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El 11 de Septiembre y la alienación constitucional

Por Fernando Muñoz León

Este 11 de Septiembre se han cumplido 38 años desde que las Fuerzas Armadas pusieron fin por adelantado y mediante la violencia al gobierno del Presidente Salvador Allende. El simbolismo de esta fecha nos recuerda uno de los males que aquejan a nuestra nación: el estado de alienación constitucional en que vive.

Este 11 de Septiembre se han cumplido 38 años desde que las Fuerzas Armadas pusieron fin por adelantado y mediante la violencia al gobierno del Presidente Salvador Allende. Este acto estuvo precedido por importantes acontecimientos de carácter jurídico, resumidos en la noción de los ‘resquicios legales'. A su vez, ese mismo 11 de Septiembre puso en marcha un proceso político-jurídico que, iniciado mediante el establecimiento de una Junta Militar de Gobierno e institucionalizado a través de la dictación de una nueva Constitución en 1980, culminó en el restablecimiento en 1990 de un gobierno civil plagado de restricciones; restricciones de las cuales muchas perduran hasta hoy.

Ya he analizado en otras partes la relación entre los males constitucionales del presente y nuestro pasado reciente; más específicamente, el rol que le correspondió a los resquicios legales en la justificación retórica del Golpe, la presencia en nuestra estructura constitucional de los traumas del sector triunfante en 1973, así como las raíces de este constitucionalismo autoritario en nuestra historia. Me interesa hoy reflexionar, a propósito del simbolismo de esta fecha, sobre otro de los males que todavía aquejan a nuestra nación: el estado de alienación constitucional en que vivimos.

En los Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844, Marx somete a crítica el proceso productivo capitalista por revertir la relación entre el trabajador y el producto de su trabajo; entre sujeto y objeto. Así, afirma Marx, "el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor". El producto del trabajo "es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el producto es la objetivación del trabajo". Correlativamente, la fijación del trabajo en un objeto implica la "desrealización del trabajador", "la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él". El trabajador pasa a ser esclavo del producto de su trabajo. A eso Marx le denomina Entfremdung: enajenación o alienación.

La alienación no sólo ocurre en el proceso productivo capitalista; el mismo Marx observó que ella ocurre en el plano teológico. La religión, "opio del pueblo", permite al hombre encontrar "el reflejo de sí mismo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba a un superhombre"; es "la consciencia y el sentimiento que de sí posee el hombre" en cuanto no ha alcanzado "el dominio de sí mismo o lo ha perdido ahora". Es un estado de alienación en la que el hombre adora -idolatra- una proyección -ídolo- del mundo en el que vive, y cuya abolición tan sólo es posible al "abandonar una condición que requiere ilusiones".

La alienación también puede ocurrir en la organización del poder político en la medida en que transformemos a un objeto de nuestra creación en nuestro amo y señor. La Constitución de 1980 ha pasado a desempeñar esa función respecto de la gran mayoría de los chilenos. Desde que fuera dictada mediante un plebiscito sostenido en medio de estado de sitio y con severas restricciones en materia de derechos políticos, la Constitución se ha transformado en un instrumento de restricción del proceso político y en última instancia de las demandas de justicia de los chilenos. El mejor ejemplo de ello lo constituye las demandas de los estudiantes secundarios por educación de calidad, las cuales ya fueron procesadas y anuladas por el proceso legislativo entre el 2006 y el 2010 sin que las necesidades sociales de las cuales ellas eran expresión fueran satisfechas. El resultado es que el 2011 dichas demandas han vuelto con aún más fuerza, expandiéndose a la educación universitaria. La injusticia, sin embargo, también reina en materia de salud, de derechos de los trabajadores, y de respeto a las minorías sexuales, como diversas noticias de los últimos tiempos nos lo han recordado.

Según lo dicho hasta aquí, Chile vive en un estado de alienación constitucional porque el texto fundamental de nuestro sistema jurídico no permite a los chilenos canalizar sus demandas y satisfacer sus expectativas. Esta afirmación, sin embargo, puede chocar con un elemento central de nuestra cultura jurídica. ¿No consiste el Estado de Derecho en un gobierno de leyes y no de hombres? ¿No consiste la Constitución en un precompromiso a la manera de Ulises, que se amarra al mástil del barco para resistir el canto de las sirenas? ¿Al margen de la coyuntura histórica de los chilenos, gobernados por leyes y por una Constitución dictadas por los militares, no son las leyes y constituciones siempre un instrumento de enajenación para la sociedad?

La respuesta a esta interrogante se encuentra en la existencia del constitucionalismo democrático. Robert Post, Decano de Derecho de Yale, ha sostenido que el propósito del constitucionalismo democrático es precisamente, reconociendo la tensión existente entre autogobierno y Estado de Derecho, la producción de una constitución que los ciudadanos puedan reconocer como propia. La igualdad política y sus consecuencias garantísticas -las libertades de expresión, de asociación y de reunión- y procedimentales -regla de la mayoría, tanto en la elección de las autoridades políticas como en la creación y modificación de las leyes- son sus fundamentos obvios. Pero también lo es la existencia de una cultura jurídica y política propicia a que los ciudadanos invoquen la Constitución como fundamento de sus pretensiones y visiones de sociedad. Para que ello sea posible, los tribunales que interpretan la Constitución deben verse a sí mismos tan sólo como un actor del proceso de diálogo constitucional; no como los intérpretes últimos de la Constitución, mucho menos como sus guardianes.

Una razón adicional por la cual vivimos en un estado de alienación constitucional, que va más allá de la configuración de nuestras instituciones, es que nuestro texto constitucional en sí mismo no es un documento en el cual los chilenos nos podamos proyectar o identificar. Una Constitución ha de ser capaz de rebasar las fronteras de su propio momento histórico, de llegar hasta el presente y lograr que nos identifiquemos con él. El éxito de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dictada durante la Revolución Francesa, o de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos, es precisamente esa inter-temporalidad. Lo mismo puede ser dicho respecto de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El nuestro, en cambio, es un documento amarrado a las circunstancias históricas en las cuales fue dictado. Es por ello que debemos buscar en otros momentos de nuestra historia republicana cómo suplir ese vacío con representaciones discursivas que nos muestren a nuestra comunidad política bajo su mejor luz: momentos tales como el último discurso de Salvador Allende, la Declaración de los 13 rechazando el Golpe de Estado, o el discurso de Patricio Aylwin en el Estadio Nacional. El año 2005, Ricardo Lagos creyó que borrando la firma de Pinochet del texto constitucional este defecto representacional desaparecería. Lamentablemente, y tal como muchos de los intentos por reformar el legado del Gobierno Militar, dicho cambio careció de la significación social que le permitiera impactar en nuestra cultura política. Esta desconexión entre nuestra institucionalidad política y nuestro movimiento social explica que, a 38 años del Golpe de Estado, sigamos como sociedad viviendo en una situación de alienación.

Publicado: 2011-09-12
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional