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Empresas de energía y derechos humanos en Chile

Por José Aylwin Oyarzún

Los proyectos de inversión impulsados por las empresas de energía en Chile han generado fuertes impactos sociales, en especial en sectores vulnerables, como pueblos indígenas, comunidades rurales y pescadores. Ellos han resultando en relocalización de población, alterando gravemente los ecosistemas de subsistencia tradicional, impactando sus vidas y culturas, e incurriendo en la violación de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile.

El caso más emblemático es el de Ralco, central construida por ENDESA en la década pasada y que inundó 3.500 hectáreas, la mayoría de propiedad legal pehuenche, que obligó a la relocalización de más de 500 personas.  Ralco permitió constatar que la ley ambiental (N° 19.300 de 1994) no garantizaba una efectiva participación de las comunidades afectadas en los procesos de evaluación de impacto ambiental en ella establecidos.  Tampoco aseguraba que los impactos ambientales y socioculturales provocados por este tipo de proyectos fuesen mitigados, o que los mismos fuesen compensados, lo que no cambio con la reforma de esta ley el 2010.  También permitió constatar que la ley "indígena" (N° 19.253 de1993) no estableció mecanismos de consulta de carácter vinculante a las comunidades afectadas, no impidió la expropiación de las tierras indígenas en base a la Ley Eléctrica (DFL 1 de 1982), ni protegió los derechos de las comunidades indígenas sobre sus recursos ancestrales, como el agua, la que en este caso fue concedida a Endesa.

En el contexto de Ralco, además, el estado impulsó su estrategia de criminalización de la protesta social mediante la acción represiva de agentes policiales en el área, y la utilización de leyes especiales, como la ley antiterrorista, para perseguir a defensores de derechos humanos. 

La presión de las empresas de energía sobre los ríos del centro sur del país se ha intensificado en años recientes.  Sólo en las regiones de la Araucanía y Los Ríos existen hoy 30 proyectos de generación hidroeléctrica, tanto de pasada como de embalse, parte importante de los cuales afectan tierras de comunidades mapuche.  La mitad de estos proyectos cuentan con aprobación ambiental, no obstante la oposición que estas comunidades han manifestado, y la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, el que obliga al estado a consultar a los pueblos indígenas con miras a obtener su consentimiento cuando adopta medidas administrativas, como las que aprueban estos proyectos, que les afecten directamente.
 
La historia de Ralco se repite más al sur en el caso de HidroAysén, proyecto que prevé la construcción de cinco centrales que inundarán 6 mil hectáreas en los ríos Baker y Pascua, aprobado a mediados de año.  Se trata de un proyecto impulsado por Endesa y Colbún, dos de las tres empresas que concentran el 90 por ciento de los derechos de aguas no consuntivos para generación de hidroelectricidad en Chile.  HidroAysén también fue aprobado desoyendo la voz de las comunidades, planteada en el proceso de participación ciudadana previsto en la ley ambiental. Los impactos ambientales y sociales que serán generados por las presas, embalses y torres de alta tensión previstos -en una región que se definió como reserva de vida en su estrategia de desarrollo regional, fueron ignorados por la autoridad. 

Otra actividad energética que está teniendo un creciente impacto en derechos humanos, es la termoelectricidad. Al 2009, las plantas termoeléctricas se alimentaban preferentemente con carbón (44.1%), petróleo y diesel (29%) y coke (7%), con impactos ambientales enormes.  Muchas de las termoeléctricas en operación (44%) no cuentan con evaluación ambiental, por haber sido construidas antes de la entrada en vigencia de la Ley 19.300 (Terram, 2011).  Un ejemplo es el de la bahía de Quinteros, donde desde 1964 se han instalado tres termoeléctricas que operan a carbón, y se han aprobado cuatro nuevas centrales a carbón. Los altos niveles de material contaminante emitidos por esas plantas, han provocado graves daños a la salud  de la población local.  A ello se agrega el impacto en los ecosistemas marinos, que han afectado la actividad pesquera tradicional, lesionando con ello la principal fuente de trabajo de la población local.  Los daños provocados por estas plantas no han sido sancionados por la justicia ni compensados por las empresas o el estado.

A lo anterior, se agregan los impactos en derechos humanos de la exploración geotérmica.  De las 20 concesiones de exploración geotérmica licitadas por el estado el 2009, sin consulta previa a las comunidades afectadas, 15 comprometen territorios y recursos hídricos de los pueblos andinos en el norte y una territorio mapuche.  El "accidente" de las exploraciones efectuadas en El Tatio por ENAP y ENEL el 2009, afectó las aguas ancestrales de los lickanantai, dejando en evidencia los peligros que esta "energía limpia" encierra para las comunidades.
 
Esta realidad nos obliga a reflexionar sobre un tema hasta ahora no abordado en el país; el de la responsabilidad de las empresas en la violación de derechos humanos.  Si bien el derecho internacional de los derechos humanos hasta ahora ha considerado que la responsabilidad en la violación de estos derechos radica fundamentalmente en los estados, existe hoy un creciente consenso de que las empresas también deben hacerse responsables de la afectación de derechos como consecuencia de su actividad.  Así, en años recientes el Representante Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, el profesor de Harvard John Ruggie, ha establecido un marco conceptual para abordar la compleja relación entre la actividad empresarial y los derechos humanos.  Dicho marco tiene como pilares centrales el deber del estado de brindar protección frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, en particular las empresas; la obligación y responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y la necesidad de establecer recursos efectivos para reparar los abusos de derechos humanos cometidos por estos terceros.  En cuanto a la responsabilidad de las empresas, Ruggie propuso que éstas debían tener una "debida diligencia" en su actuación, lo que las obliga a  conocer, prevenir y responder a los efectos negativos sobre los derechos humanos que sus actividades provoquen.  Según Ruggie, las empresas deben considerar los problemas específicos de derechos humanos que se plantean en el contexto en que desarrollan sus actividades empresariales; analizar los efectos que tienen sus actividades en estos derechos humanos; y ver si dichas actividades pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas a ellas (RE Ruggie, 2008).

Ruggie proporciona un marco relevante para el análisis de las obligaciones del estado y de las empresas en materia de derechos humanos. Es evidente que el estado chileno ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos en este campo.  Ello, al no adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades afectadas por los abusos cometidos por empresas de energía en el desarrollo de sus actividades.  Lo mismo cabe decir en relación con dichas empresas, las que claramente no han tenido la debida diligencia que se requiere para prevenir y responder por los efectos negativos que su actividad ha provocado en dichas comunidades.  Terminar con estas prácticas seria demostrativo de que el país, incluyendo al estado y a las empresas, se toma en serio los derechos humanos.

Publicado: 2011-11-14
José Aylwin Oyarzún
Profesor de Derecho Indígena