Columnistas

 


La discusión sobre el aborto y sus falacias.

Por Yanira Zuñiga Añazco

A propósito de los proyectos de ley de despenalización de la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida o salud de la madre y en caso de embarazos inviables.

 

Las reacciones mediáticas que ha causado la inminente discusión en el Senado de los proyectos de despenalización parcial del aborto que hoy día se tramitan en el Parlamento, reflejan  que la  protección  de los derechos de las mujeres en Chile, está lejos de consolidarse. El debate sobre el aborto en Chile- antes como ahora-  ha sido monopolizado por una batería de argumentos, contrarios a su despenalización que, desde variopintas trincheras políticas y posiciones morales,  se construyen de manera falaz. Mi propósito en esta columna es mostrarle al lector que, debajo de una  apariencia persuasiva,  se solapa una burda estrategia discursiva que busca deslegitimar una iniciativa que no sólo es razonable, sino, sobre todo, justa.

 

Vamos por parte. La primera estrategia argumental - a estas alturas un verdadero clásico del debate chileno sobre este tema- consiste en perfilar la cuestión del aborto en términos dicotómicos, esto es, en clave de "pro-vida" o "contra la vida". Esta forma de plantear la cuestión es falaz porque aprovecha la inclinación natural de los sujetos hacia la valoración de la vida. En efecto, preguntarle a alguien si está a favor de la vida es, desde el punto de vista de su respuesta, tan previsible como preguntarle a esa misma persona si le gustaría que le regalaran un millón de pesos.

 

Desde luego, esta estrategia pierde fuerza cuando se enfrenta a  la situación del aborto terapéutico, lo que origina un inmediato cambio de repertorio discursivo. La razón de este cambio es obvia. Si se plantea la cuestión del aborto terapéutico en clave de derecho a la vida ( es decir, como un conflicto de derechos de idéntico contenido pero  titulares distintos), se corre el riesgo de que, al preguntarle  a la misma persona del ejemplo anterior sobre la mejor forma de resolver este conflicto, ésta responda que debe preferirse la vida de la madre,  porque la vida del feto es, en realidad, un proyecto de vida, o porque los perjuicios asociados a la muerte de la madre serían mayores dado que, ordinariamente, repercutirían sobre los proyectos de vida de otros sujetos (por ejemplo, otros hijos). Afirmo lo anterior porque creo que puede aventurarse-sin gran peligro de error-  que las respuestas al estilo de la Senadora Von Baer o del fallecido Senador Guzmán, que exigen como conducta ética apropiada el heroísmo de la madre, esto es, la entrega de su vida para salvar la del feto; serían francamente minoritarias en la sociedad chilena,  como lo son también en otras sociedades.

 

 Esto explica que en este punto, los argumentos a favor de la mantención de la penalización absoluta del aborto, adopten otras formas: la negación de un riesgo o peligro para la vida de la madre o la afirmación de que,  en la práctica, tal  hipótesis estaría permitida. Las últimas declaraciones del ministro Mañalich ilustran esta pirueta retórica. El titular de salud ha aseverado recientemente que no es necesario legislar sobre el aborto porque "hoy día a las mujeres que tienen riesgo de vida por continuar un embarazo, la doctrina médica, moral ética es clara y el ejemplo más reiterativo es el embarazo tubario (sic) donde en todos los casos se ha actuado en favor de la madre aunque eso ha significado la interrupción del embarazo" (La Tercera, 22.03.12).  Este argumento que varios políticos y columnistas presentan como contundente, tiene dos graves defectos. En primer lugar, sustrae esta discusión de la deliberación pública que, como sabemos,  en los sistemas democráticos se radica en las instituciones representativas; y la entrega, en contrapartida,  a la decisión de un gremio. Desde una perspectiva política, supone una clara regresión. Y, en segundo término, minusvalora la protección de la vida y salud de las mujeres dado que las pone en una situación más precaria que la protección de otros bienes jurídicos. Voy a ilustrar este punto mediante la extensión del mismo argumento a la garantía de otros derechos.

 

Suponga el lector, por ejemplo, que el Ministro de Justicia le dice a usted que no es necesario que la ley garantice su derecho de propiedad porque la gran mayoría de las personas no tiene el hábito de robar, según demuestran todas las estadísticas delictuales.   Seguramente, usted pensará que el valor que usted mismo y la sociedad le asignan a la propiedad privada, justifican que la ley garantice su protección, incluso si el riesgo de atentado a este derecho es estadísticamente menor que su respeto espontáneo, por parte de los otros sujetos. No encuentro ninguna razón que justifique que la protección de la vida de las mujeres  reciba un tratamiento distinto, esto es, quede entregada al respeto espontáneo de otros sujetos,  por mucho que se trate de médicos. Al contrario, me parece que la propuesta del Ministro de salud, sólo acrecienta el riesgo de vulneración. La reciente sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que condena a Polonia por no aplicar su propia normativa de despenalización de aborto terapéutico (RR c. Polonia, 26.05.11) o el dictamen de Comité de Derechos Humanos contra Perú (N° 1153/2003), demuestran que, aún cuando es la ley garantiza un procedimiento para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo en supuestos de riesgo para su vida o salud, es posible que la intervención de facultativos con convicciones morales contrarias al aborto, obstaculice la protección de tales derechos.   Desde luego, esta evidencia contradice la confianza que el ministro Mañalich deposita en sus pares, incluso en los casos en que es la propia ley- y no un código deontológico interno- la que mandata la protección prevalente de la vida o salud de la madre si resultan amenazadas por la continuación de un embarazo.

 

Por último,  también es falaz el argumento de la primacía de la vida,  enquistado en una suerte de metafísica de la dignidad, en la forma en que se viene utilizando para deslegitimar una eventual regulación de la interrupción de los embarazos inviables (tal como lo propone el proyecto Rossi-Mathei). Aquí la falacia es todavía más burda: se invoca la protección de la vida del no nato justamente en situaciones en que las graves malformaciones del feto son incompatibles con la mantención y  el desarrollo de las funciones vitales. Quienes defienden esta posición exhiben, en mi opinión,  una notable indiferencia  ante el sufrimiento psicológico que padecen las mujeres  que resultan obligadas a  llevar a término un embarazo que implica la crónica anunciada (y prolongada) de la muerte del feto. Me parece que, así las cosas, lisa  y llanamente ya no se esgrimen razones sino un fundamentalismo en su estado más puro.

Publicado: 2012-03-27
Yanira Zuñiga Añazco
Profesora de Derechos Fundamentales