Columnistas

 


La ceguera de la Justicia

Por Fernando Muñoz León

En la era moderna imaginamos a la Justicia como una mujer que cubre sus ojos con una venda para emplear de manera imparcial sus poderes. El acontecer nacional reciente pareciera sugerir que, en el caso de nuestro sistema jurídico, más que de imparcialidad cabe hablar de ceguera.

En la era moderna se ha consolidado la imagen de la Justicia como una mujer que, portando en sus manos una balanza para medir la racionalidad de las expectativas sociales y una espada para cumplir con sus designios incluso contra la oposición de sus destinatarios, cubre sus ojos con una venda para emplear de manera imparcial tales formidables poderes. Esa imparcialidad tiene una justificación precisa: el propósito es que éstos no sean usados para favorecer a los poderosos, quienes podrían querer someter a la Justicia a sus propios intereses. Ahora bien, el acontecer nacional reciente pareciera sugerir que, en el caso de nuestro sistema jurídico, más que de imparcialidad cabe hablar de ceguera.

Una parte de este diagnóstico surge de la capacidad de los grupos de poder aferrados a una concepción tradicionalista de la sociedad de obstaculizar los esfuerzos legislativos por generar imparcialidad en la sociedad. Como es sabido, históricamente nuestra sociedad ha estado marcada por prejuicios culturales que afectan a diversos grupos desventajados. Mujeres, judíos, etnias originarias, ciertos extranjeros, la población LGBTI, ven cada día como el intercambio social les perjudica debido a que no encajan con el modelo de sujeto propuesto por la estructura social. A consecuencia de ello, estos grupos no se benefician de los frutos del intercambio social de la manera en que la igual consideración y respeto debida a todo integrante del cuerpo social en una república democrática lo exige. Dos casos particularmente dolorosos y vergonzosos nos lo recuerdan: la condena contra el Estado chileno emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala v. Chile, proceso iniciado a raíz de una prejuiciosa sentencia de la Corte Suprema que esta institución tiene el descaro de seguir defendiendo; y la trágica muerte del joven Daniel Zamudio, cuyo martirio nos ha recordado la violencia a la que están expuestos quienes son empujados por la sociedad a vivir en sus márgenes.

Como respuesta a estos dramas sociales, y a instancias de diversas organizaciones de la sociedad civil, el año 2005 el Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley contra la Discriminación. Como es de público conocimiento, los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente han liderado el esfuerzo por desproveer a esta iniciativa de su poder transformador, esfuerzo al que se han sumado algunos parlamentarios de Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana. Así, por ejemplo, se agregó una indicación que establece que se considerarán siempre razonables las "distinciones, exclusiones o restricciones" que, pese a estar fundadas en motivos tales como la raza, la situación socioeconómica, la opinión política y la participación en organizaciones sindicales o gremiales, entre otros criterios, "se encuentren justificados en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental", en particular derechos como la libertad de opinión, la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo o el derecho a desarrollar actividades económicas. Lo que tal indicación hace es, paradojalmente, legitimar la discriminación.

Otra parte de este diagnóstico surge del actuar del otro actor central en la administración imparcial de Justicia: el Poder Judicial. Esta semana la Corte Suprema emitió tres sentencias particularmente deshonrosas desde dicha perspectiva. El 3 de abril, la Corte Suprema revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que había prohibido el uso de gases lacrimógenos en la comunidad mapuche WenteWinkulMapu, bajo el argumento de que al utilizar tal armamento químico Carabineros afectó el derecho a la integridad física y psíquica de los integrantes de esta comunidad y vulneró el deber de protección establecido por el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y por la Convención sobre Derechos del Niño respecto de los menores de edad que allí viven.La Corte Suprema, reconociendo su deber de "conceder la protección que ellos ameriten", y recordando que el "uso de la fuerza pública debe ser prudente", rehusó utilizar su poder para sujetar el actuar de Carabineros a la juridicidad.

Por otro lado, el 4 de abril la Corte Suprema rechazó los recursos de protección interpuestos contra de la resolución de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Aysén que calificó favorablemente el proyecto Hidroaysén. Este fallo fue tomado por tres votos contra dos, en circunstancias que uno de los jueces que formaron mayoría, el Ministro Pedro Pierry, posee acciones de Endesa cuyo valor asciende a $ 100 millones. El Ministro respondió a las críticas por no haberse inhabilitado en la causa afirmando que "no puedo excusarme porque precisamente los jueces tienen la obligación legal y constitucional de no excusarse". Esta respuesta demuestra una ignorancia tal -la obligación constitucional y legal es la de que los tribunales, no los jueces individualmente considerados, no pueden excusarse de ejercer sus atribuciones jurisdiccionales "ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión"- que sólo puede ser calificada como hecha de mala fe. Al actuar de tal manera, el Ministro Pierry le causó un profundo daño a la institución a la que pertenece, cuyo principal recurso no es otro sino el prestigio social que posea: su autoridad.

En otro importante caso, el mismo 4 de abril la Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia de la Corte de Apelaciones que denegó la solicitud de tres parejas del mismo sexo de acceder a la institución matrimonial. No satisfecha con esta denegación de justicia, la sentencia redactada por el mismo Ministro Pedro Pierry cita los argumentos heteronormativos ofrecidos por el actual Presidente del Tribunal Constitucional en su voto concurrente a la sentencia de este órgano que rechazó la misma petición. Este argumento, según el cual la institución matrimonial tiene por fin la reproducción y por lo tanto la exclusión que se hace de las parejas del mismo sexo es legítima, es equivocado desde un punto de vista tanto fáctico como jurídico. Por un lado, las parejas del mismo sexo pueden procrear mediante técnicas de reproducción asistida, así como pueden tener hijos de relaciones anteriores (Atala); por el otro, desde la entrada en vigencia el 2004 de la Ley Nº 19.947, la infertilidad ya no constituye un impedimento matrimonial, por lo que una lectura sistemática del Código Civil nos indica que en nuestro derecho la procreación ya no es un fin del matrimonio.

La guinda de la torta la puso esta semana la jueza Jimena Muñoz Provoste, del Juzgado de Familia de Puerto Montt, quien formuló comentarios racistas contra una abogada mapuche. Este hecho nos reitera tanto la necesidad de una legislación que intensifique la lucha contra la discriminación, como la necesidad de que el Poder Judicial revise su compromiso con la imparcialidad y la justicia. Adicionalmente, resulta preocupante que en medio de estos graves acontecimientos la comunidad de los abogados permanezca impávida. Mientras los Colegios de Abogados guardan escrupuloso silencio, el segmento de mayores ingresos y prestigio social de este conjunto compuesto por los grandes estudios de abogados de Santiago, organizan su Campeonato de Golf Interestudios Jurídicos "Copa LarrainVial". La afirmación formulada por Eduardo Novoa hace cuatro décadas según la cual en Chile se imparte "justicia de clase" pareciera estar más vigente que nunca.

¿Qué se puede hacer para curar a nuestra Justicia de su ceguera y restituirle la imparcialidad y la autoridad necesarias para emplear con corrección sus formidables poderes? Hacen falta importantes cambios, ciertamente; no sólo en nuestra legislación sino, fundamentalmente, en la mentalidad de nuestros jueces y abogados. Que esos cambios vayan a ocurrir en un contexto de desigualdad y exclusión política y social es dudoso. Para cambiar nuestro derecho es necesario, en resumidas cuentas, cambiar nuestra sociedad.

Publicado: 2012-04-09
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional