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El caso Boza y la libertad de expresión académica

Por Fernando Muñoz León

Aquí está en juego uno de los propósitos paradigmáticos de la libertad de expresión: cómo proteger los ejemplos incómodos e impopulares de ejercicio de la libertad de expresión. Pero también está en juego uno de los propósitos paradigmáticos de la libertad académica: cómo proteger el desempeño de la función académica y sus complementos necesarios.

Al afirmar que sus alumnos, "hijos de un camionero, de gente vulnerable", de un segmento social "C2, C3" que "no tiene cultura, no tiene sofisticación", Cristián Boza hizo muchas cosas a la vez.

 

Explicitó, desde luego, que las desigualdades educacionales asociadas a haber nacido en un sector de Santiago u otro tienen un impacto en la calidad del proceso pedagógico universitario. Sería un sinsentido negar que ello sea así.

 

Pero también olvidó que la universidad misma en la que se desempeña, considerada por la opinión pública como una institución animada por el afán de lucro antes que por la vocación académica, pareciera ser más bien parte del problema educacional chileno que de la solución. Para instituciones como esta, los segmentos C2 y C3 son más que nada un mercado muy atractivo.

 

Empleó, por añadidura, términos y concepciones clasistas que están directamente en contra del "espíritu de los tiempos"; o, al menos, del clima vivido en una quincena en que se ha aprobado la Ley Antidiscriminación y la discusión pública se ha visto monopolizada por el reportaje de Contacto sobre la discriminación. Esto explica, en gran medida, la vigorosa reacción en la prensa y las redes sociales.

 

Para colmo, que un arquitecto que haya participado en el diseño de la sede de la Universidad San Sebastián en Pío Nono pretenda dar cátedra sobre "sofisticación", es francamente risible. No se trata, precisamente, de una obra arquitectónica particularmente sofisticada.

 

Ahora bien, una vez que pase la polvareda, lo más preocupante de toda esta polémica es lo que nos dice sobre la salud de nuestra institucionalidad universitaria. Que Boza haya tenido que renunciar pocas horas después a su cargo de Decano, a lo menos -la prensa no informa sobre su permanencia como docente en dicha universidad- nos recuerda la fragilidad de la posición de los académicos en una parte importante de las instituciones de educación superior privadas.

 

Esta fragilidad es un problema serio para la sociedad toda, puesto que las funciones de crear y difundir conocimiento que la sociedad le asigna a las universidades sólo pueden ser realizadas a través de una amplio espacio de libertad de expresión académica. Sólo así los profesores de derecho podrán evaluar las leyes y las sentencias judiciales; los profesores de sociología, juzgar la estructura social; los profesores de urbanismo, discutir las políticas de diseño de la ciudad; y los académicos en general, y tal como ocurrió con Boza, discutir las propias condiciones en que la sociedad les pide que lleven a cabo su labor investigativa y docente.

 

Es aquí donde empiezan los problemas con lo recién ocurrido. ¿No es acaso la queja de Boza una queja específica y genuinamente docente? Si preguntamos en las universidades chilenas, es bastante probable que la reacción sea tanto una condena unánime a los términos empleados por Boza como un asentimiento unánime a que las deficiencias de la educación escolar dificultan el aprendizaje universitario. ¿Habla bien de nuestras instituciones que Boza pague con su puesto de trabajo el decir una verdad compartida, aun cuando ello sea dicho en términos compartidamente repudiados?

 

Aquí está en juego uno de los propósitos paradigmáticos de la libertad de expresión: cómo proteger los ejemplos incómodos e impopulares de ejercicio de la libertad de expresión. Pero también está en juego uno de los propósitos paradigmáticos de la libertad académica: cómo proteger el desempeño de la función académica y sus complementos necesarios.

 

Nuestra Constitución contiene argumentos de texto que nos permiten sostener que nuestro ordenamiento reconoce la libertad de expresión académica como un bien digno de protección. Los académicos poseen la "libertad de emitir opinión" y gozan de la "libertad de trabajo y su protección". El caso particular de los académicos se caracteriza porque su trabajo se realiza precisamente a través de su emisión de opiniones; tanto en la sala de clases como en otros espacios físicos como la prensa, a través de la cual el académico comparte sus reflexiones con la sociedad. Emitir opiniones sobre los desafíos de la función docente en la universidad mediante la prensa, como ocurrió en el caso de Boza, claramente entra dentro de la esfera de protección de la libertad de expresión académica.

 

La consecuencia más importante de esto, desde luego, es que las instituciones educacionales no pueden despedir a sus académicos por ejercer su libertad de expresión académica u otras acciones que les sean asimilables. Ese es el contenido esencial e idóneo de la libertad de expresión académica; pues si el académico está constantemente atemorizado por la posibilidad de perder su puesto de trabajo, entonces restringirá su expresión en público. Quien perderá así será el público, cuyo interés demanda la existencia de una opinión pública intensa y heterogénea.

 

También hay argumentos de texto constitucional para dar sustento a dicha restricción. La autonomía que la Constitución le reconoce a los grupos intermedios de la sociedad tiene un fin o propósito: que éstas puedan "cumplir sus propios fines específicos". No es, en consecuencia, una autonomía irrestricta o absoluta, sino teleológica; orientada a un fin. Así, por ejemplo, y ejecutando este principio general sobre el condicionamiento de la autonomía social, la Constitución le exige a los partidos políticos que sus estatutos contemplen "normas que aseguren una efectiva democracia interna". Así también el intérprete constitucional puede concluir que la autonomía universitaria debe estar supeditada al cumplimiento de su fin específico, que es el cultivo del conocimiento de acuerdo a las reglas de cada comunidad científica o disciplinaria. La autonomía universitaria, entonces, no autorizaría a las universidades a despedir profesores por haber ejercido su libertad de expresión académica.

 

El problema es que estos argumentos constitucionales no tienen un correlato en la regulación legal de la relación contractual entre profesores y universidades. Esto nos diferencia, por razones obvias, de países como Alemania, Italia o España, donde la educación superior es de propiedad estatal y la seguridad en el empleo de los profesores está garantizada mediante leyes equivalentes a nuestro estatuto administrativo. Pero esto nos diferencia también de Estados Unidos, donde la acción gremial de la American Association of University Professors ha impuesto el sistema de tenure prácticamente a todo lo largo de la educación superior.

 

A fin de asegurar la calidad de la educación superior, una de las reformas que debe implementarse es crear un contrato especial de trabajo del académico que permita asegurar la estabilidad en el empleo, a la manera del tenure norteamericano. Dicha reforma debe estar, desde luego, asociada a la implementación de reformas a la Ley sobre Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que exijan a las universidades crear procesos de evaluación de la productividad académica y la calidad docente; así como a la eliminación de la voluntariedad de la acreditación de las universidades y carreras del país. Acreditación obligatoria, académicos de planta y de dedicación exclusiva en cantidad suficiente para toda carrera, y contratos académicos que por un lado aseguren estabilidad en el empleo y por el otro que tiendan a la evaluación permanente de la calidad, son todas condiciones imprescindibles para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. Al menos así lo indica la experiencia norteamericana y europea.

 

En definitiva, el caso Boza nos deja varias lecciones. No sólo es un problema que lleguen a la universidad alumnos con déficits de aprendizaje, sobre todo cuando dichos déficits se deben a la desigualdad social. También es un problema que los dueños de universidades en Chile se comporten como capataces en una hacienda.

Publicado: 2012-05-15
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional