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Política y derecho en la destitución de Fernando Lugo

Por Fernando Muñoz León

Una acusación constitucional no es un procedimiento judicial. Criticar la salida de Fernando Lugo por faltas al debido proceso es pensar que los estándares de lo jurídico pueden rescatarnos del conflicto político.

El conflicto político en Paraguay que ha terminado con la destitución del ahora ex Presidente Fernando Lugo mediante una acusación constitucional tiene muchas y muy complicadas aristas, las cuales ameritan una discusión sincera sobre las perennes complejidades de la relación entre transnacionales, burguesías locales y proceso político en Latino América. Dicha discusión, sin embargo, es obscurecida cuando calificamos la salida de Lugo como un golpe de Estado y es derechamente dejada de lado cuando se le transforma en una discusión sobre las faltas al debido proceso. Tales estrategias discursivas constituyen vanos e ingenuos intentos por juridificar lo político; encarnaciones del sueño místico de eliminar las fisuras, fragmentaciones y conflictos que estructuran el mapa de lo político.

 

Las distorsiones discursivas criticadas han provenido, por cierto, de las instancias más elevadas. Cristina Fernández y Rafael Correa han calificado la salida de Lugo como un "golpe de Estado", y Hugo Chávez ha declarado que su gobierno "no reconoce a ese írrito e ilegal e ilegítimo Gobierno que se instaló en Asunción". Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, "considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas". A esta última crítica se ha sumado el Gobierno de los Mejores: Sebastián Piñera declaró que "no se cumplieron ni se respetaron las normas del debido proceso y del legítimo derecho a defensa que están contempladas en la propia constitución de Paraguay y también el derecho internacional".

 

Mi primera crítica apunta a la afirmación de que dicha salida constituyó un golpe de Estado. Dejemos establecido que no hay nada más democrático y distinto de un golpe de Estado que sacar a alguien del poder votando. Así y todo la acusación tiene cierta plausibilidad; algunos analistas han apuntado a que detrás de la crisis política estaría la transnacional Monsanto y sectores del empresariado local, los cuales habrían manipulado el proceso político para lograr la salida de Lugo. El problema aquí consiste en que calificar de golpe de Estado tal acción requiere la elaboración de una explicación compleja que justifique la aplicación de una categoría de la ilegalidad, la del golpe de Estado, a una situación propia de la legalidad, la revocación del mandato de la autoridad ejecutiva mediante una acusación constitucional. ¿Cómo es que un procedimiento previsto por la Constitución puede ser asimilado a una insurrección militar? Sin una buena respuesta, el hablante se expone a ser simplemente ignorado y ridiculizado.

 

El ex Presidente Lugo ha dado el primer paso en la construcción de esta explicación compleja al afirmar que "esto ha sido un complot político, de una clase política, muy tradicional, muy ortodoxa, muy conservadora, que no ha querido que continúe el cambio a favor de las grandes mayorías del país". Ahora bien, hay que tener claro que esta explicación compleja tiene ciertos riesgos adicionales. Una explicación que levante el velo del proceso parlamentario para apuntar al tráfico de influencias que está detrás de ella no tiene porqué detenerse aquí. Dicho en otros términos: la salida de Lugo puede haber sido cocinada por poderes espurios e ilegítimos, pero ¿no ocurre lo mismo con otros ámbitos de la acción de nuestros representantes? ¿Qué hace más legítima a nuestra legislación que a la votación contra Lugo?

 

Que no se me malentienda. No estoy sumándome a la cita erróneamente atribuida a Otto von Bismarck que equipara el proceso legislativo a la elaboración de salchichas (mientras menos sabemos sobre el proceso, más respetamos el resultado). Encuentro saludable el diseño de procedimientos institucionales que transparenten la intromisión de intereses facciosos en el proceso representativo. El riesgo que veo es que desde la desconfianza terminemos envolviéndonos en el sueño místico de una democracia sin intermediarios -de una democracia sin partidos- que en última instancia nos prive de importantes herramientas de transformación social. Aquí las declaraciones de Lugo, hay que destacar, van en la dirección correcta; esto es, en politizar y partidizar el conflicto señalando que en las próximas elecciones "cambiaremos de nuevo la historia con la ciudadanía, democráticamente, y creemos que esta mayoría que tuvimos en 2008 se volverá a repetir", en lugar de transformarlo en un reclamo salazariano de "que se vayan todos".

 

Lo segundo tiene que ver con la crítica a la falta de garantías de debido proceso en el juicio político a Lugo. Aquí tengo que insistir en algo que ya he señalado anteriormente: una acusación constitucional constituye un juicio político, en el cual las mayorías parlamentarias definen el contenido de las ‘cláusulas abiertas' establecidas por la Constitución como causales de remoción. No los tratadistas de derecho constitucional, no los precedentes, sino las mayorías políticas. Respecto de los jefes de gobierno, la acusación constitucional constituye un puente que acerca un poco a los sistemas presidencialistas hacia los sistemas parlamentaristas. Es un puente, ciertamente, poco atravesado debido a los altos costos políticos asociados a él y, por sobre todo, debido a sus altas exigencias en términos de quórum. Para destituir exitosamente a una autoridad política mediante una acusación constitucional deben concurrir dos requisitos: debe existir una crisis política; y se debe contar con los votos necesarios. La concurrencia de ambos elementos es muy poco común. Así, las elecciones de marzo de 1973 fueron planteadas tanto por la UP como por el CODE como la antesala de una acusación constitucional al Presidente Allende. El virtual empate entre oficialismo y oposición en dichas elecciones cerró ese camino. Asimismo, si hoy la oposición tuviera los votos suficientes, Piñera probablemente ya no sería presidente.

 

El jurista que critica la salida de Lugo debe entender que la imparcialidad y las exigencias probatorias características de un proceso judicial no tienen nada que ver con un juicio político. Frustrado, el jurista puede reclamar que entonces no denominemos ‘juicio' al juicio político, ya que quienes intervienen en él lo hacen guiados por sus convicciones político-partidistas y no por el peso de los argumentos o los antecedentes. Pues bien: que se quede con la palabra juicio; el observador atento de la realidad no la necesita. Lo que éste necesita no es un término sino un concepto: el concepto, sin ir más lejos, de lo político. Mientras tanto, el jurista podrá llorar como plañidera ante la falta de imparcialidad y de neutralización en la política; pero, tal como en el caso de las plañideras, el llanto tendrá más de farsa que de tragedia, obligándole a derramar vistosas lágrimas por la condena de la Asamblea Nacional al destronado Luis XVI. A tales absurdos nos expone el lloriqueo legalista de quienes creen que la política es derecho.

 

Una última cosa. La respuesta de los líderes latinoamericanos no carece ella misma de complicaciones desde la perspectiva de la teoría política. Debido a las dificultades en calificar como un golpe de Estado a la salida constitucionalmente prevista de Lugo, las opiniones y acciones de algunos presidentes, particularmente Hugo Chávez y Evo Morales, parecieran ser difíciles de justificar mediante la excepción al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países reconocida en casos de intervenciones militares. Los países latinoamericanos, víctimas históricas de la intervención extranjera, debieran ser los más cuidadosos en emplear de manera estricta y restrictiva esta excepción al principio de no intervención. Aplicarlo de manera expansiva le privará a este continente de argumentos cuando gobiernos extranjeros o transnacionales intervengan en los asuntos locales, tal como se señala en este caso.

 

En resumen, el caso Lugo ya pasó; ya fue. No hay vuelta atrás, y sólo cabe esperar que el proceso progresista paraguayo siga adelante consolidándose en las urnas. Lo que debemos guardar como lección es la necesidad de establecer una adecuada distinción entre política y derecho, así como entre intereses y principios, a fin de no entramparnos en confusiones que en última instancia terminen perjudicando la estrategia política de los movimientos que luchan por la redistribución del poder social y político en Latino América.

Publicado: 2012-06-25
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional