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Ciudadanía laboral: los peligros políticos de un mal concepto jurídico

Por Fernando Muñoz León

El derecho laboral chileno, al emplear el concepto de ‘ciudadanía laboral’, no sólo ha cometido un serio error conceptual sobre el significado de la ciudadanía; lo que es peor, nos ha hecho creer que es posible establecer ciudadanía en un espacio de radical alienación, la relación de subordinación y dependencia. La creación de una verdadera ciudadanía laboral exigiría acabar con las jerarquías laborales para establecer en la empresa el gobierno del trabajador.

Es habitual que en el discurso jurídico, tal como en toda otra área del conocimiento estructurada en torno a conceptos, cada cierto tiempo aparezcan nociones, ideas o vocablos que logren ganar el favor de los hablantes. Esto ocurre con particular éxito cuando los nuevos conceptos parecen reflejar el espíritu de los tiempos; cuando parecen expresar nuevas realidades para las que el léxico tradicional no estaba construido.

El problema es que, en ocasiones, dichos nuevos conceptos pueden crear en nosotros la ilusión de que nuevas realidades han, en efecto, surgido, en circunstancias que no estamos sino frente a vino viejo en odres nuevos. Me preocupa que la noción de ‘ciudadanía laboral' cumpla ese rol; y que, a consecuencia de ella, olvidemos el contexto de alienación en la cual el proceso productivo y la relación laboral se siguen desenvolviendo hoy, tal como en la época de Marx.

Para el lector que no esté familiarizado con el derecho laboral chileno -y eventualmente incluso para algunos que sí lo estén-, el concepto de ciudadanía laboral puede resultar ajeno. Para amplios sectores de la institucionalidad y la academia iuslaboralistas, esto no es así. Ya hace diez años la Dirección del Trabajo recepcionó este concepto en su jurisprudencia administrativa en su Ord. Nº 2856/162, mediante el cual estableció una interpretación marco del artículo 5º inciso 1º del Código del Trabajo. Esta última disposición, recordémoslo, estableció que el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador "tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos".

La Dirección del Trabajo estimó en el ya señalado dictamen que tal precepto legal materializa "el reconocimiento de la plena vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores en la empresa, lo que se ha denominado por la doctrina como ‘ciudadanía en la empresa". Para el organismo administrativo, tal concepto "implica una valoración ya no simplemente del trabajo sino que de la persona que trabaja, y que a tal efecto en la Constitución está tratada no como trabajador, sino como ciudadano"; lo que se expresaría en que se hacen extensivos al espacio laboral derechos fundamentales que "sin ser netamente laborales se aplican a la relación de trabajo en cuanto son inherentes a la condición de ciudadano del trabajador".

La Dirección del Trabajo ha empleado este concepto para llevar a cabo acciones tales como invalidar la prohibición sobre los empleados de un supermercado de dar entrevistas a los medios de comunicación sobre los pormenores de la empresa, o establecer las condiciones en las cuales podrán ser instaladas cámaras de grabación en buses de la locomoción colectiva. Es interesante comprobar que mientras la primera medida tiene una cierta connotación ciudadana, al permitirle al trabajador involucrarse en la deliberación pública sobre su lugar de trabajo, la segunda está más bien orientada a la protección de la privacidad e intimidad del trabajador, medida que no está relacionada con el ágora sino con el oikos.

La jurisprudencia, por su parte, ha optado más bien por la segunda posibilidad. En la actualidad, el procedimiento donde se invoca paradigmáticamente el concepto de ciudadanía laboral es el proceso de tutela laboral, establecido por el legislador para resolver "las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores" (artículo 485 del Código del Trabajo). Así, los juzgados laborales han invocado el concepto en cuestión para tutelar la intimidad y privacidad de los trabajadores durante su hora de colación; o para cautelar la afectación a la dignidad, la integridad psíquica y la honra de trabajadores acusados infundadamente de haber cometido un robo.

Todo ello, ciertamente, está muy bien; pero nada tiene de específicamente ‘ciudadano', salvo en interpretaciones radicales de la ciudadanía -como la que, debo señalar, yo suscribo- donde todos los derechos individuales y colectivos -e.g., educación, propiedad, expresión- encuentran su fundamento último en su condición de prerrequisitos o supuestos sociales del ejercicio activo de la ciudadanía. En la medida en que no se sustente tal concepción radical de la ciudadanía, la protección de la intimidad o la honra de los trabajadores no pertenece al ámbito de la expansión de la ciudadanía sino de la contención de la alienación.

Esto no es extraño; en efecto, el derecho laboral consiste en una respuesta jurídica a la existencia de una relación de alienación. En cuanto tal, el derecho laboral mantiene una relación ambigua con el liberalismo jurídico. Por un lado, la epistemología social del derecho laboral representa un paso adelante respecto del liberalismo jurídico: mientras que el liberalismo jurídico ignora las desigualdades sociales en nombre de la igualdad ante la ley y de la autonomía contractual, el derecho laboral clásico reconoce y codifica una importante desigualdad social, aquella que distingue al empleador del empleado. Por otro lado, la estrategia institucional que adopta el derecho laboral replica aquella que caracteriza al liberalismo jurídico en su lucha contra el poder estatal: establecer un coto vedado donde el más poderoso -el Estado, en el derecho privado liberal; el empleador, en el derecho laboral- no puede ingresar. En eso, y no en otra cosa, consiste la incorporación o importación de los derechos fundamentales al ámbito laboral; operación erróneamente calificada por la autoridad administrativa y judicial y por la academia como el establecimiento de la ciudadanía laboral.

Hay que reconocer que la confusión no es unánime. José Luis Ugarte, identificado equívocamente por alguno como promotor de este concepto, se muestra en realidad escéptico respecto de él. En efecto, según Ugarte, en el ámbito laboral "la idea de ciudadanía puede mover a error"; afirmación en cuyo respaldo cita aprobatoriamente la observación crítica de Michelangelo Bovero según la cual "si los derechos del hombre (de la persona) son propiamente universales, es decir, le corresponden a cualquiera en su calidad de persona, los derechos del ciudadano son necesariamente particulares, al menos hasta que no se instituya una ciudadanía universal, cosmopolita". La ciudadanía no es cualquier cosa: es un fenómeno asociado con la membresía activa y consciente en una comunidad política.

Podemos ver así que el problema de si calificar a la importación de derechos fundamentales al ámbito laboral como tal o como un acto de ciudadanía laboral no es un asunto meramente terminológico. La idea de ciudadanía, además de ser un adjetivo muy popular en una época de desprestigio de la institucionalidad representativa, tiene un contenido bien determinado en la historia del pensamiento político. La ciudadanía nos remite a la posibilidad de participar en la toma de decisiones colectivas a través de la persuasión, la negociación y la votación. ¿Y donde está garantizado, protegido, o al menos reivindicado el derecho de los trabajadores a tomar decisiones sobre el espacio laboral en la doctrina de la ciudadanía laboral?

Hay aquí, ciertamente, una deficiencia conceptual; una falta de imaginación jurídica por parte de jueces, abogados y académicos que, como ya he criticado en otra parte, no logran emplear las categorías de lo público y de lo político para proteger a los trabajadores. Pero, desde luego, el problema es más real que conceptual; no se trata tan sólo de un problema de ideas sino de estructuras sociales. En el proceso productivo tal como conocemos, el trabajador vive absolutamente alienado: vive sometido a una autoridad en cuya generación no ha tenido parte, y de cuyas decisiones no toma parte alguna. Eso, y no otra cosa, significa aquella consabida locución en torno a la cual gira el derecho laboral: la existencia de una relación de subordinación y dependencia. Como consecuencia de esta jerarquía alienante, el trabajador vive angustiado y frustrado; incapaz de realizarse humanamente a través de su trabajo. Esto, que para Marx era un problema categórico, hoy podemos comprenderlo como un problema existencial e incluso psicológico. Y si lo mismo ocurre tanto con el trabajador en el sector de servicios, la promesa de autonomía ofrecida por el trabajo independiente decae ante la realidad de la precariedad. Ante esa realidad, usar el concepto de ciudadanía para aplaudir algo tan minimalista como la protección de la honra o la intimidad del trabajador no es sino un blanqueamiento de la estructura de alienación inserta en la relación laboral contemporánea.

Parte del problema, al menos a nivel conceptual, es que la visión del derecho constitucional que transmite el Dictamen Nº 2856/162 al teorizar la noción de ciudadanía laboral no enlaza con una concepción democrática del constitucionalismo sino con una concepción iusfundamentalista. En otros términos, no se acerca al constitucionalismo democrático sino que al neoconstitucionalismo. Debido a que ambas estrategias conceptuales difuminan las fronteras entre política y derecho tradicionalmente sostenidas, a ojo de algunos ambas pueden verse como parecidas. No lo son. Mientras que para la primera el constitucionalismo es concebido como un fenómeno que sobrepasa los límites del proceso de adjudicación constitucional para alcanzar a actores sociales y políticos que reclaman para sí el derecho de dar contenido a la Constitución, para el segundo todos los intercambios sociales deben ser regulados mediante un riguroso ejercicio de ponderación y un análisis de proporcionalidad que siempre es susceptible de escrutinio por parte del tribunal mediante diversos estándares de racionalidad judicialmente construidos. En definitiva, mientras que el primero politiza la Constitución, el segundo juridifica la política. ¿Y donde está la politización del espacio laboral en la noción de ciudadanía laboral?

Sólo puede existir ciudadanía laboral en la medida en que existan espacios de toma de decisiones al interior de las empresas; espacios que reconozcan participación tanto al obrero, constructor o transportista como al ingeniero y al abogado. Dichos espacios acabarían con la relación de subordinación y dependencia para establecer espacios de autogobierno y participación en la relación entre trabajador y empresa. Como es lógico, al interior deben coexistir la democracia, que equipara la voluntad de unos y otros, con la experticia, que establece gradaciones o jerarquías de acuerdo al conocimiento que se tenga (y que desaconseja suponer a priori que el conocimiento sobre algún asunto estará en manos de los gerentes y no de los empleados). Eso no es problema; el Estado moderno es evidencia de que democracia y experticia pueden coexistir. El problema, en cambio, es de voluntades. Los dueños del capital y los gerentes no tienen ningún motivo dar espacios de toma de decisiones a los trabajadores; incluso más, sus brazos políticos -y en momentos clave, sus frentes armados- lograron exitosamente durante el siglo XX frustrar los intentos por establecer en Occidente estructuras industriales que permitieran la participación de los trabajadores.

Desde luego, la participación ofrecida por la auténtica ciudadanía laboral no puede estar planteada en los términos individualistas del "capitalismo popular" de la dictadura, que -naturalmente- terminó convirtiéndose en un paso previo al saqueo privatizador de las empresas de propiedad estatal. La ciudadanía laboral debe expresarse en un estatuto de participación en la toma de decisiones que involucre el derecho a recibir información y a expresar opinión, así como el poder de elegir representantes ante el órgano de toma de decisiones. La ciudadanía laboral ha de ser un fenómeno colectivo o no será. El primer paso para su construcción ha de ser el reemplazar la voluntariedad de la afiliación sindical, establecida en el artículo 19 Nº 19 de la Constitución, por su obligatoriedad; y reemplazar la voluntariedad de la negociación interempresa, establecida en el artículo 334 bis A del Código del Trabajo, por su carácter vinculante. A dichas reformas deben seguirle modificaciones al estatuto de las sociedades anónimas que incorporen el nombramiento de directores elegidos por los trabajadores.

La ciudadanía laboral es, en consecuencia, un proyecto a realizar en las estructuras socialmente existentes; no un término que pueda ser exitosamente integrado al repertorio discursivo de nuestro derecho. Es, sin duda, un proyecto tremendamente atractivo e importante; pues consiste en un esfuerzo por superar la situación de radical alienación en la que viven todos aquellos trabajadores que no tienen voz ni voto en la determinación de sus condiciones de trabajo.

Publicado: 2012-08-06
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional