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No más propaganda electoral. Observaciones críticas y una propuesta jacobina

Por Fernando Muñoz León

¿Por qué permitimos como sociedad que esta invasión se repita cada vez que hay elecciones? ¿Es acaso una señal más de que nuestra sociedad ha perdido el norte, moralmente hablando? ¿Que nuestras prioridades están mal orientadas? Si bien puede que haya algo de eso, quisiera alejarme aquí de las respuestas moralistas al problema y abordarlo desde la perspectiva propia del derecho constitucional.

En estos momentos las calles de todas las ciudades chilenas están tapizadas con carteles, afiches, lienzos, rallados murales y palomas publicitarias; y una buena parte de nuestros suelos están cubiertos de panfletos y volantes. No me cabe duda de que una buena parte de los mismos chilenos llamados a votar en las elecciones municipales están altamente descontentos con esta invasión visual, y que tantos otros se preguntarán por el sentido de gastar tanto dinero en algo tan pueril y secundario como la foto del candidato en cuestión.

¿Por qué permitimos como sociedad que esta invasión se repita cada vez que hay elecciones? ¿Es acaso una señal más de que nuestra sociedad ha perdido el norte, moralmente hablando? ¿Que nuestras prioridades están mal orientadas? Si bien puede que haya algo de eso, quisiera alejarme aquí de las respuestas moralistas al problema y abordarlo desde la perspectiva propia del derecho constitucional, que intenta combinar el respeto a principios fundamentales y la satisfacción de intereses sociales importantes con el diseño institucional eficaz.

Desde dicha perspectiva, habría que responder a la pregunta del párrafo anterior explicando que en nuestra sociedad, la propaganda electoral supuestamente combina el respeto a la democracia y a la libertad del candidatocon el interés social por transmitir información sobre los candidatos en competencia para un cierto cargo público. La pregunta, ciertamente, es qué tan eficaz es nuestro actual diseño para responder a dichos principios y satisfacer dicho interés.

¿En qué consiste el actual diseño? La Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios  determina que la propaganda electoral, que según su artículo 30 es aquella "dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados", sólo puede ser difundida "desde el trigésimo y hasta el tercer día anterior al de la elección", ambos días inclusive. Según el texto de dicha ley, puede efectuarse de las siguientes formas, siempre respetando el período ya dicho: por medio de la prensa; por medio de las radioemisoras; por medio de los canales de televisión, pero sólo en los canales de televisión abierta (está prohibida la propaganda en el cable) y en los términos establecidos por el artículo 31, que establece una franja electoral de transmisión gratuita para las elecciones parlamentarias y presidenciales, cuyo tiempo debe ser distribuido entre las candidaturas existentes (no es posible comprar espacios televisivos); mediante "volantes, con elementos móviles o por avisos luminosos o proyectados"; mediante "pintura, carteles y afiches", pero sólo en aquellos "muros exteriores y cierros" de propiedad privada donde exista "autorización del propietario, poseedor o mero tenedor". Por su parte, la Ley sobre Transparencia, Límite y Gasto Electoral establece límites máximos (pero bastante generosos) tanto a lo que los candidatos pueden gastar como a las contribuciones que pueden efectuar las personas naturales y las personas jurídicas, sin y con fines de lucro, y establece un mecanismo de financiamiento público para las candidaturas y partidos políticos que opera como un reembolso calculado de manera proporcional a los votos obtenidos.

Aquí viene la primera gran sorpresa: toda la publicidad con "pintura, carteles y afiches" que esté ubicada en "muros exteriores y cierros" de propiedad pública, o que esté localizada en "calzadas, aceras, puentes, parques, postes, fuentes, estatuas, jardineras, escaños, semáforos y quioscos", o que consista en "elementos que cuelguen sobre la calzada o que se adhieran de cualquier modo al tendido eléctrico, telefónico, de televisión u otros de similar naturaleza", es ilegal. ¿No es entonces ilegal prácticamente la totalidad de los carteles de tamaño natural de los candidatos y de las palomas publicitarias distribuidas por todo Chile, correspondiendo en consecuencia que sean retiradas por la municipalidad correspondiente, debiendo los candidatos "reembolsar los gastos en que incurran las municipalidades en el retiro de dicha propaganda"? ¿O pertenecen las palomas publicitarias a aquellos "elementos móviles" que la ley autoriza? En parte importante de la publicidad que todos podemos ver -por ejemplo, todos los carteles adheridos a postes o a rejas- la ilegalidad es flagrante; el caso de algunos avisos o palomas publicitarias que son, en efecto, de fácil remoción, efectivamente se ubica en una zona de ambigüedad jurídica.

El ideal o principio de la libertad, por su parte, sin lugar a dudas estructura en la actualidad nuestra legislación electoral. El candidato es libre de hacer lo que quiera; puede no hacer campaña, puede hacer poca campaña, puede hacer mucha campaña. Puede poner afiches o prescindir de ellos. Puede contratar avisos radiales, o puede no hacerlo. Toda esta libertad, por cierto, es favorable a la desigualdad; el candidato con más recursos obtiene una atención que el candidato con menos recursos. Esta desigualdad atenta contra uno de los principios más importantes que la Constitución establece en materia electoral, esto es contra "la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación" en los actos electorales.

Digo que este principio de igualdad en la competencia electoral es importantísimo no porque los candidatos sean ellos mismos particularmente importante, sino porque el electorado lo es. El electorado o pueblo, como le llama el artículo 5º de la Constitución, es la representación más concreta e inmediata de nuestro soberano, puesto que ejerce la soberanía a través de las elecciones periódicas. Y en esas circunstancias, ofende profundamente al carácter republicano de nuestra Constitución que las alternativas de que dispone el pueblo para ejercer su soberanía se le presenten en envoltorios desiguales, algunos más coloridos y otros más desvencijados, todos ellos enfocados en el rostro de los candidatos o en su currículum más que en sus ideales y programas. Tal como están organizadas hoy en día las elecciones, constituyen un insulto y una agresión al carácter democrático y republicano de nuestra Constitución.

Aclaremos, de pasada, que al hablar de Constitución hablo tan sólo indirectamente de nuestro texto constitucional. La Constitución, como observara Schmitt, no es otra cosa que la decisión de conjunto sobre el modo y forma de la unidad política. En el caso de nuestro país, esta decisión está recogida en el artículo 4º de nuestro texto constitucional, el cual señala que Chile es una república democrática. El texto constitucional tiene una importancia secundaria respecto de esta decisión de conjunto sobre el modo y forma de la unidad política: la decisión lo es todo, el texto no es nada. Sólo una interpretación del texto que esté orientada a darle efectividad a la decisión puede tener algún valor. Y esto, en materia de propaganda electoral, es muy importante. ¿De qué le sirve a dicha decisión que caracteriza a nuestra unidad política como una república democrática que los candidatos sean libres de gastar dinerales en imprimir afiches con sus rostros? De nada.

El gran problema es que tenemos una comprensión materialista de la libertad, propia de una sociedad atontada por el ciclo anual del consumo; de marzo a diciembre, transitamos entre útiles escolares, día del niño, empanadas y choripanes, regalos de navidad y champán con helado de piña. Esa es una sociedad de esclavos; y una sociedad de esclavos necesita ser liberada. El símbolo de la emancipación durante los últimos dos milenios ha sido el gorro frigio, el mismo que fuera adoptado como símbolo republicano por los revolucionarios franceses. La paradoja de la emancipación es que ella requiere la realización de actos que, vistos superficialmente, pueden parecer coactivos, incluyendo prohibiciones y mandatos positivos de conducta; pero que considerados contextualmente se puede comprobar que tienen por objetivo hacer posible el ejercicio de la auténtica libertad. Eso es, en efecto, lo que debe suceder en materia de propaganda electoral. Por eso denomino a ésta como una propuesta jacobina.

El artículo 22 de la Constitución establece que todo habitante de la República debe respeto a Chile, y que los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria y de contribuir a preservar los valores esenciales de la tradición chilena. Asimismo, añade que las cargas personales que imponga la ley son obligatorias en los términos y formas que ésta determine. ¿Por qué no establecer una nueva carga, la de asistir personalmente a debates y deliberaciones electorales? Esta idea requeriría, ciertamente, la elaboración cuidadosa de planes logísticos y presupuestarios que la hiciera viable; pero lo mismo ocurre con las actuales campañas electorales. La diferencia es que si en la actualidad el esfuerzo logístico y financiero está puesto en los candidatos -lo cual genera desigualdad entre ellos- y que si el producto de ese esfuerzo es pura papelería y basura -lo cual carece de valor a los ojos del constitucionalismo democrático-, bajo esta nueva propuesta el esfuerzo logístico y financiero sería traspasado al sistema electoral público, el cual serviría a todos los candidatos en igualdad de condiciones, y arrojaría como resultado no algo material sino que algo social: una ciudadanía crítica, con mayor capacidad de organización y con mayor interacción con quienes aspiran a ser sus representantes.

En resumen, la regulación actual de la propaganda electoral carece de todo valor: favorece la espuria libertad de los candidatos de gastar cuanto puedan en imprimir papeles y cartones con su nombre y su rostro, y no satisface la importante necesidad del pueblo de contar con información sobre los valores y programas de los candidatos. Alguien descontento con esta falsificación de la libertad y con la desigualdad de condiciones que permite entre los candidatos -es decir, un jacobino- debiera apoyar la idea de suprimir la propaganda electoral, encomendarle al sistema electoral público la planificación y realización de calendarios de debates entre los candidatos, y establecer la obligación de los ciudadanos de asistir a dichos debates. Sólo así podremos afirmar con propiedad que Chile es una república democrática.

Publicado: 2012-10-09
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional