Columnistas

 


El caso Prats: Un proceso judicial de 36 años

Por Natalia Rodríguez Donoso

Una resolución judicial aplaudida por el Gobierno, la oposición y por las propias Fuerzas Armadas, que demuestra que en Chile sí existe un Estado de Derecho en que las normas jurídicas y los derechos fundamentales deben ser respetados por todos los ciudadanos, y que refleja plenamente que a veces “la justicia tarda, pero llega”.

Hace pocos días, se dictó sentencia en uno de los casos emblemáticos de la justicia chilena. El asesinato del General de Ejército Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en septiembre del año 1974 al estallar una bomba dentro de su vehículo en la ciudad de Buenos Aires, termina de ser esclarecido tras un proceso que se prolongó por más de treinta años.

Sin pretender ahondar en el contenido de la resolución dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema el 8 de julio de 2010, e independientemente de la visión ideológica desde la cual sea visto el tema, vale la pena destacar algunas ideas relevantes que aparecen tras este caso, desde un punto de vista eminentemente jurídico.

En primer lugar, si miramos exclusivamente lo que implica la persecución y enjuiciamiento de un crimen como éste, dejando a un lado el trasfondo coyuntural y el contexto que se vivía en aquella época, no deja de sorprender la excesiva demora con la que la Corte Suprema llega a dictar una sentencia definitiva condenatoria, cuando el delito que se investigaba no era nada más y nada menos que un doble homicidio, ejecutado por una asociación ilícita (calificada de tal manera en el propio fallo) que gozó de reconocimiento dentro de la institucionalidad de nuestro país durante el Gobierno Militar. Queda claro, entonces, que la idea de un juicio "sin dilaciones indebidas" fue olvidada por muchos años en Chile. Es de esperarse que de ahora en adelante la celeridad en los procesos judiciales sea un principio de aplicación efectiva, pues de otra manera la eficacia del proceso, los fines de la pena y el propio concepto de justicia no son otra cosa que declaraciones de buenas intenciones muy distantes del debido proceso y de la recta administración de justicia.

Dejando atrás este primer punto de análisis, que sin perjuicio de la crítica formulada, podría encontrar justificación precisamente en la situación de excepción constitucional por la que pasó nuestro país hasta 1990, y el posterior proceso de transición a la democracia, existen otras notas distintivas interesantes de poner de relieve luego de este fallo judicial, como por ejemplo la cooperación entre los Estados a la hora de investigar un crimen y llevar adelante su persecución penal. En el caso en comento, los tribunales de justicia argentinos prestaron gran ayuda a la justicia chilena, ya que las labores de investigación fueron iniciadas por un juez de dicho país que sobreseyó provisionalmente la causa debido a la imposibilidad de identificar a los culpables, y más tarde fue retomada por la jueza María Servini de Cubria, quién logró recabar informes de testigos y otros medios de prueba que permitieron aproximarse al esclarecimiento los hechos. Fue debido a esto que la propia justicia argentina solicitó la extradición de los inculpados, bajo la condición de que se iniciara un proceso judicial en su contra en los tribunales nacionales. De esta forma, vemos cómo la cooperación internacional es de vital importancia cuando se trata de delitos cometidos en el extranjero, o en dónde muchas de las pruebas útiles para llegar a la verdad se encuentran en otros países. En este caso, si no se hubiera iniciado el proceso en Argentina, es muy probable que nunca hubiese sucedido nada en Chile, o que tampoco se hubieran logrado avances significativos, como ha ocurrido con otro tipo de delitos similares a éste.

Finalmente, y como el rasgo más relevante que me parece importante destacar y valorar de esta sentencia, aparece la primacía de la noción de Estado de Derecho, concebido como aquél en que la Constitución y las leyes son aplicadas con objetividad a todos los habitantes de la nación, sean éstos gobernantes o gobernados. Apartándonos del contexto histórico-social en el cual se desarrollaron los hechos, y de los motivos que llevaron a tener que esperar más de tres décadas para llegar a la verdad, no puede dejar de causar satisfacción el hecho de que delitos contra los Derechos Humanos cometidos por quienes en su momento formaron parte del Gobierno, no queden impunes. El desafío para la sociedad actual es replicar la idea que se encuentra envuelta en el trasfondo de esta sentencia, no sólo en el caso de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Régimen Militar en Chile, sino en cualquier otro caso en que se vulneren derechos fundamentales, máxime si se trata del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, y la dignidad humana, cualquiera sea el sector político o ideológico del cual tales violaciones provengan y en cualquier época en que esto ocurra. Sólo de esta forma podremos confiar en nuestros Tribunales de Justicia, en tanto poder del Estado independiente del Ejecutivo y de los poderes fácticos, garantizando el imperio efectivo de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Publicado: 2010-07-19
Natalia Rodríguez Donoso
Profesora de Derecho Urbanístico