Columnistas

 


Un lamentable balance de cara al Día Internacional de la Mujer

Por Yanira Zuñiga Añazco

Ad portas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Ministra del SERNAM ha afirmado que: haber tenido una presidenta mujer no cambió la realidad en Chile en términos de participación de las mujeres en el mundo político. Hoy tenemos que ver avances concretos. Aunque incómodas, tales afirmaciones son ciertas. Urge contar con avances concretos. No sólo con discursos que enfaticen, de tiempo en tiempo (sobre todo, en período electoral), el importante rol de las mujeres como ciudadanas

Hagamos, entonces, una breve retrospectiva sobre la participación política femenina en Chile durante tres décadas de democracia y veamos  cómo ésta ha impactado  en el déficit de reconocimiento y garantía de los derechos  de las mujeres chilenas.

La sub-representación política de las mujeres ha estado históricamente vinculada a elementos sociales profundamente arraigados y a elementos políticos relacionados, en gran medida, con el Golpe de Estado de 1973. Los primeros se traducen en rasgos socioculturales tradicionales (machismo, marianismo, catolicismo etc.) y en  rasgos  socioeconómicos heredados (modelo neoliberal).  La herencia política de la dictadura, a su turno,  se proyecta en múltiples dimensiones. A saber, a) la actividad de los actores políticos (movimientos sociales y partidos políticos), b) la deficitaria construcción de la ciudadanía femenina (desigualdad jurídica en la familia, penalización absoluta del aborto, etc.) y c)la configuración del sistema político (democracia de los acuerdos,  reforzamiento del presidencialismo, escrutinio electoral binominal, etc.).

Con el retorno de la democracia, la cuestión de la representación política de las mujeres comenzó a problematizarse. Se planteó explícitamenteen los albores de la transición democrática y obligó a los partidos de la Concertación a establecer alguna modalidad de cuota voluntaria.  En este sentido, el Partido por la Democracia (PPD)  insertó en  sus estatutos fundacionales (1987) una disposición que garantizaba  a las mujeres el 20% de representación en todas las instancias del partido,  transformándose en el primer partido chileno en contar con tal política. Le seguirían  el partido socialista que, a principios de los noventa,   tomó la iniciativa de establecer un mínimo de 30% de cupos para mujeres en las candidaturas y declaró  su intención de incrementar ese porcentaje; y la Democracia Cristiana  que aprobó, en su Junta Nacional de 1996,  no aceptar que haya más del 80% de uno de los sexos en los órganos directivos. Los otros partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, se mantuvieron ajenos a esta tendencia, aunque por razones diversas. El Partido Comunista no consideró necesario el establecimiento de una política de cuotas, dado su histórico porcentaje de representación y participación de mujeres (alrededor de 20%), mientras que el Partido Radical Social demócrata lo consideró inconstitucional. En la derecha, a su turno, tanto Renovación Nacional (RN) como la Unión Demócrata Independiente (UDI) se han opuesto fuertemente a estos mecanismos.

Más allá de las coincidencias en el discurso político y a nivel estatutario (cuando las había), los hechos testimonian que todos los partidos políticos chilenos han convergido en una práctica generalizada de resistencia a  designar candidatas, desentendiéndose, en su caso, de las cuotas que voluntariamente han establecido en sus estatutos y reglamentos. Tales cuotas han tenido, por tanto,  una eficacia variable y limitada.

De ahí que, progresivamente, el escaso debate sobre la participación política femenina se haya ido orientando en Chile,  como en el resto del orbe,  hacia la necesidad de establecer leyes de cuotas. En este sentido, desde 1997 se han ingresado en el Congreso varios proyectos de ley que buscan establecer alguna modalidad de cuota electoral, incluyendo el proyecto de ley,  presentado el año 2007 (durante el Gobierno de Bachelet),  que propone el establecimiento de normas que obliguen a los partidos políticos y a los pactos electorales a no incluir más de un 70% de personas de un mismo sexo en la declaración de sus candidaturas, bajo apercibimiento de rechazo de todas ellas por el Servicio Electoral, y a respetar tales porcentajes en sus elecciones internas. Ninguna de estas iniciativas ha prosperado.

Chile tiene, entonces,  a su haber una doble particularidad.  Es de los pocos países a nivel mundial que han elegido  a una mujer para el más alto mandato ejecutivo. Y es también  uno de los pocos países que no cuenta aún con una  legislación de cuotas, en el ámbito regional americano. A resultas de esto último exhibe unapresencia femenina en el Congreso que  se sitúa por debajo del promedio regional americano(23%)  y muy lejos de las cifras de Argentina y Costa Rica que se empinan cerca del 40%. Lo anterior nos sitúa en el puesto 88 sobre 190 Estados, de acuerdo a la clasificación mundial de la Unión Interparlamentaria Internacional; y muy por debajo de la ubicación de la gran mayoría de nuestros vecinos latinoamericanos.

Estas magras cifras se han mantenido relativamente constantes desde el retorno a la democracia. La  presencia histórica  de mujeres en el Senado ha sido tradicionalmente de  dos senadoras (5,2%)  y se ha incrementado recién en la última elección parlamentaria alcanzando a  5 escaños ocupados por mujeres, lo que representa un 13, 2%  de la Cámara Alta. La Cámara Baja, por su parte,  ha registrado una tendencia al alza superior ala del Senado, pero ésta  se ha estancado en las dos últimas elecciones en 17 diputadas, esto es, el 14% de dicha Cámara.

El estudio del caso chileno arroja varios factores explicativos de la baja presencia de mujeres en el Parlamento. Algunos se relacionan- como ya se insinuó-  con la internalización de la construcción social de roles de género por parte de las propias mujeres y otrosse vinculan con la existencia de barreras externas que obstaculizan la entrada a la política formal (como la distribución inequitativa de las responsabilidades domésticas).   Sin embargo, los mayores obstáculos para que las mujeres chilenas desarrollen una carrera política y accedan a los puestos de representación popular, están dados por factores institucionales: la resistencia de los partidos políticos,  las características del ambiente partidista y la configuración del sistema electoral.

En relación con este último espectro de causas, cabe destacar la influencia del sistema electoral binominal en la escasa representación  femenina. Este sistema electoral, como es sabido,  fue  introducido por la dictadura militar en reemplazo del sistema proporcional que gobernó las elecciones chilenas hasta 1973; y tiene el efecto fundamental de favorecer la formación de grandes bloques políticos, en desmedro de las fuerzas políticas minoritarias. Todo ello tiene un impacto  directo en la baja representación femenina en el Congreso. 

En primer lugar, el sistema binominal, al marginar a las agrupaciones menores o más pequeñas,  excluye, por  extensión,  a las mujeres  dado que aquellas agrupaciones usualmente  han sido  más permeables a la entrada de nuevos actores sociales a la arena política. Por otra parte, las características de la competición electoral bajo el sistema binominal -el hecho de que sólo se puedan nombrar dos candidatos(as) por lista y que sea necesario obtener 33% de los votos o doblar ese porcentaje para obtener un escaño en el Congreso-,  favorecen que los partidos políticos concentren sus esfuerzos de campaña en quienes consideran candidatos "fuertes". O sea, ordinariamente, políticos de sexo masculino con una longeva carrera. Adicionalmente, origina  una fuerte competencia  al interior de cada coalición, dada la sobre-representación de la segunda mayoría.

Este caldo de cultivo promueve una lógica de “apoderamiento” de las circunscripciones y  distritos electorales, facilitada por la inexistencia de una regla que limite la reelección indefinida de los candidatos. En el caso chileno- a diferencia de lo que ocurre en el resto de América Latina- el índice de re-nominación de legisladores es del orden del 60% y la gran mayoría de ellos son reelectos. En los tres países latinoamericanos más exitosos en aumentar la presencia femenina en los puestos de elección popular- Argentina, Costa Rica y México- los índices de reelección son, en cambio,  muy bajos. En los casos de Costa Rica y México la reelección para mandatos sucesivos está prohibida. En Argentina- que, al igual que en Chile, no cuenta con una norma que prohíba la reelección de los legisladores- la tasa de reelección, sin embargo,  no sobrepasa el 20%. Esto se explica porque el carácter federal del sistema político argentino ofrece un amplio "crisol" de cargos estatales en las provincias y municipalidades, suficientemente atractivo para la vertebración de carreras políticas.

Como si todo lo anterior no fuera poco,  en el marco de  los partidos tradicionales, la designación de candidatosha sido monopolizada por las cúpulas partidarias. Esto genera un efecto de exclusión de los outsiders (mujeres y jóvenes). En  la última elección parlamentaria, por ejemplo,  algunas de las candidatas “fuertes” que ocupaban escaños en la Cámara de Diputados fueron nominadas y electas para la Cámara Alta (lo que explica el incremento de mujeres en el Senado) pero sus cupos no fueron, en contraste,  ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados, lo que determinó que el porcentaje de mujeres se haya estancado en esta última.

Recientemente esta forma de designación de candidaturas ha sido complementadapor  un sistema de primarias para la elección de los candidatos que, según la ley, es de carácter voluntario y vinculante para aquellos partidos políticos y pactos electorales que decidan realizarlas. La ley de primarias  no establece ningún mecanismo específico para incentivar la participación femenina pese a que, durante su discusión parlamentaria,  se planteó la posibilidad de la incorporación de una cuota.  Con todo,  esta ley podría favorecer la candidatura de mujeres en los casos en que los partidos decidan implementar estas elecciones primarias,  considerando que cuando las mujeres han  logrado  transformarse en candidatas su porcentaje de elegibilidad tiende a equipararse con la de los candidatos masculinos, según demuestran los resultados históricos de las elecciones parlamentarias y municipales en Chile. El cambio de sistema de sufragio, desde un sistema con voto obligatorio e inscripción voluntaria a un sistema de inscripción universal automática y voto voluntario; y que- como es sabido- acaba de debutar en las elecciones municipales de 2012,  ofrece también una posibilidad de aumento de la representación femenina. Lo anterior  porque la indeterminación y relativa volatilidad del nuevo electorado (constituido especialmente por jóvenes), crea incentivos para explorar estrategias diversas y nuevos perfiles de candidatos, a fin de “encantar” a estos nuevos votantes.

Pese a estos dos posibles avances, el actual escenario político institucional chileno, en  general, no es auspicioso. Presenta dos graves problemas en relación con su potencial para incrementar la representación política femenina. Por un lado,  las posibilidades de conjugar el  sistema electoral binominal con un adecuado mecanismo de cuotas de género son extraordinariamente restringidas,  en atención a las razones esbozadas más arriba. Por otro, durante todo el período democrático las dos grandes coaliciones políticas han mostrado renuencia a modificar el sistema electoral binominal debido a que este régimen garantiza su propia autopreservación. En consecuencia,  no parece previsible, a corto plazo,  el establecimiento de un sistema electoral de características proporcionales,  que es el tipo de régimen que mejor se presta para incrementar la presencia femenina en los puestos de representación popular.

¿Es relevante todo esto para la construcción de la ciudadanía femenina en Chile? La respuesta es categóricamente afirmativa. La  investigación empírica viene demostrando que un aumento significativo de la presencia de mujeres en los puestos de representación política,  particularmente en el Congreso;  resulta fundamental para la promoción de una agenda de género. Esto es todavía más relevante en ambientes partidarios- como el chileno- en que los partidos políticos se organizan en torno a clivajes  ideológicos que tienden a articularse en relación  con los roles de género, la sexualidad y la estructuración de la familia.  En efecto, el alto nivel de coherencia ideológica de los partidos políticos chilenos y el hecho de que las temáticas de género sean categorizadas como “morales”y consideradas una fuente de diferenciación ideológica entre partidos, dificulta la cooperación entre ellos respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres y la garantía de la equidad de género. Si a ello le sumamos el hecho de queno existe en el Congreso una comisión específica sobre igualdad de género y que, en contrapartida,  los temas asociados a los derechos de las mujeres son usualmente discutidos en el ámbito de la comisión de familia, no es difícil concluir  que tal simbolización articula por completo el sistema político-institucional.

¿Cuáles son las repercusiones más evidentes de este verdadero círculo vicioso? Las fuertes divisiones ideológicas entre las dos grandes coaliciones políticas (e, inclusive, en el seno de cada una de ellas) en torno a los temas ligados a la familia y la sexualidad, combinadas con la artificial distribución equilibrada de fuerzas políticas derivada del binominal;   redundan en  que no se haya logrado avances relevantes, durante los 30 años de reinstalación de la democracia, en lo concerniente al reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Al contrario,  la despenalización del  aborto terapéutico se ha transformado en un verdadero nudo gordiano debido a que es visto como una puerta de entrada a las reivindicaciones de autonomía procreativa.  Recordemos que esta hipótesis estaba permitida por la legislación chilena hasta el año 1989 en que la dictadura militar, como parte de las llamadas “leyes de amarre”, modificó la disposición del Código Sanitario que lo regulaba, estrechándola al punto de, prácticamente, anularla. A partir de ahí se han ingresado en el Congreso varios proyectos de ley para reponerlo, sin éxito. Durante el año 2012, una vez más, el Senado rechazó las tres iniciativas que buscaban legalizar el aborto terapéutico, y contemplaban además (dos de los proyectos) la inclusión de las indicaciones eugenésica (feto inviable y graves malformaciones fetales) y criminológica (embarazo resultado de violación).

Examinado todo lo anterior resulta que la Ministra del SERNAM ha sido certera en su diagnóstico. También lo ha sido en  su conclusión: urge contar con avances concretos. Resta ver, en cambio,  si es razonable compartir el optimismo de la Ministra  en esta materia. En efecto, el Gobierno acaba de anunciar la presentación de  un  proyecto de ley  para incentivar la presencia de mujeres en la política, calificando esta iniciativa de “un real avance”.

 De acuerdo a lo que reporta el sitio web del SERNAM dicho proyecto establecería  que los partidos que cumplan con una cuota mínima de un 20% por sobre el promedio de candidatas mujeres de la última elección equivalente, accederían a dos incentivos financieros suplementarios al que actualmente reciben. El primero consistiría  en $308 (0,0135 UF) por voto de candidata en su lista, del cual se pagaría un 30% ($92) al partido, mientras que el 70% restante ($215) lo recibiría la postulante. El segundo incentivo es de $205 (0,009 UF) y sería pagado al partido por cada voto de la candidata que sea elegida.En total, estos reembolsos equivaldrían a un 50% adicional al financiamiento existente y que asciende a $1.000 por voto (0,045 UF). Este dispositivo  se desactivaría cuando se alcanzara un 30% de mujeres electas por tipo de votación.

La experiencia comparada en materia de incentivos económicos a la participación política de mujeres,  contradice el entusiasmo con que el Gobierno ha presentado esta iniciativa. La razón por la que la legislación comparada ha ido diseñando sofisticados mecanismos de cuotas, dotados de robustos dispositivos de garantía (cuotas con mandato de posición o con obligación de alternancia,  como requisito de admisibilidad de las listas electorales) es, precisamente, porque los instrumentos de carácter no compulsivo se han mostrado ineficaces, por sí solos, para  desmontar las resistencias de género. Una abrumadora evidencia  indica que los partidos políticos, en general prefieren soportar la reducción de fondos públicos antes que conformar sus listas con un número significativo de mujeres. El caso francés es un buen ejemplo, entre muchos otros, de la capacidad de las cuotas obligatorias para producir avances concretos y de la ineficacia de los mecanismos “voluntarios”. En efecto, el número de mujeres en las elecciones municipales  y en las elecciones al parlamento europeo ha aumentado notablemente  desde la promulgación de la llamada ley de paridad (2000) porque en dichas elecciones la ley contempla, como condición sine que non, la presentación de listas equilibradas por sexo. Es decir, su incumplimiento genera que la lista respectiva,  no se pueda inscribir. Mientras que  la ley de paridad ha generado escuálidos  avances respecto de las elecciones a la Asamblea Nacional, porque en este último caso la integración paritaria de las listas es facultativa y su inobservancia  se traduce en la pérdida de la financiación estatal. Sin ir más lejos, en la elección realizada en 2012, la UMP (partido de derecha) presentó 30% de mujeres (por debajo del 50% exigido) y dejóde percibir 4 millones de euros de financiación pública. En jerga económica (porque parece que dicho lenguaje es más apropiado para comentar este asunto) este comportamiento sugiere que para los partidos políticos es, en general,  más “rentable” mantener la exclusión de las mujeres que incluirlas como candidatas.

Las razones son tan complejas como arraigadas, pero están lejos de ser desconocidas. Hace mucho tiempo que se sabe que la  sub-representación femenina no  es una simple anécdota,  ni responde a una falta de interés de las mujeres por la política, sino que es un entreverado fenómeno de barreras y resistencias (el techo de cristal) que se parapeta en la metafísica de la representación para legitimarse. Numerosos estudios demuestran que hay poco o nada de meritocracia en los procesos de cooptación de candidatos. Al contrario, estos se vertebran sobre reglas explícitas e implícitas de inclusión/exclusión vinculadas al género, al punto que este último deviene un verdadero “marcador identitario de poder”, es decir, una herramienta de preservación de la dominación masculina. No por casualidad, la estrategia para desmontar este entramado de poder ha sido también política (y no económica). La necesidad de una presencia equilibrada de mujeres en los puestos de poder (la paridad) se ha afincado en una relectura de la representación que postula que los órganos representativos deben ser un espejo de la composición de la sociedad. En términos simples, como la humanidad es sexuada, entonces, el pueblo también debe serlo.

Plantear que un  modesto incentivo económico va a desmoronar esta compleja y tradicional estructura, reemplazándola por una distribución más justa del poder, es ser demasiado ingenuo o, bien,  demasiado hipócrita.

Publicado: 2013-03-10
Yanira Zuñiga Añazco
Profesora de Derechos Fundamentales