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Fallo La Cañamera: las limitaciones de una cultura jurídica individualista

Por Fernando Muñoz León

La Villa Ferroviaria, ubicada en la comuna de Puente Alto, es uno de las varios conjuntos habitacionales que fueron afectados por el descalabro regulatorio de las así llamadas "casas Copeva". Lo dramático en este caso es que esa no fue ni la primera ni la última humillación que las familias allí afectadas han sufrido a manos del Estado.

La Villa Ferroviaria, ubicada en la comuna de Puente Alto, es uno de las varios conjuntos habitacionales que fueron afectados por el descalabro regulatorio de las así llamadas "casas Copeva". Lo dramático en este caso es que esa no fue ni la primera ni la última humillación que las familias allí afectadas han sufrido a manos del Estado. Este conjunto de viviendas sociales fue construido en las cercanías de un terreno que entre 1968 a 1980 sirvió como vertedero de basura. Este basural, conocido como La Cañamera, que recibía desechos desde las comunas de Puente Alto, La Granja, La Cisterna, San Miguel y San Bernardo. Los vecinos de la Villa Ferroviaria pueden legítimamente atestiguar que Chile es, de acuerdo a la definición formulada por Avishai Margalit, una sociedad indecente; esto es, una sociedad cuyas instituciones, a través de su actuar concreto, humillan a su pueblo.

En esta materia, la noticia de la semana fue que la Corte Suprema puso fin al litigio llevado a cabo por 158 vecinos de la Villa San Guillermo, localizada directamente sobre los terrenos del vertedero, contra el Fisco, la Municipalidad de Puente Alto y la empresa inmobiliaria Los Silos III, resolviendo que estas instituciones deberán pagar a cada uno de ellos una indemnización de $ 5.000.000 por concepto de daño moral. La noticia ha sido relativamente festejada como un fallo "a favor de los vecinos". Sin embargo, salta a la vista la insuficiencia de la solución; el monto asignado a cada familia alcanza apenas para comprar un auto. La única solución al problema de las Villas Ferroviaria y San Guillermo era -y es- la relocalización de las familias en nuevos conjuntos habitacionales junto a su tratamiento médico y sicológico. La relocalización es, en efecto, la solución demandada por los propios vecinos, quienes han ocupado sedes de instituciones públicas, organismos internacionales y centros de estudios con el fin de visibilizar su dramática situación.

Desde luego, hay que aplaudir la persistencia del abogado Wladimir González Barrera, representante de las 158 familias de la Villa San Guillermo -y quien denuncia que, si bien en un principio el litigio incluía a más de 800 familias, diversas presiones indirectas habrían hecho desistirse a la mayoría de las mismas-, por lo que nada de lo dicho acá constituye una crítica a la demanda por él presentada ni a su estrategia judicial. Incluso más, en ese sentido, concuerdo con dicho profesional en que, con estas sentencias, hay un importante triunfo en el plano de los conceptos jurídicos. Este consiste en que los fallos del 29º Juzgado Civil de Santiago, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema han reconocido la aplicación del principio de responsabilidad del Estado por falta de servicio en el contexto de la provisión de viviendas inhabitables; un pronunciamiento al que se le podría sacar mucho provecho si los tribunales se lo toman en serio.

Esta victoria jurídica, sin embargo, dista muchísimo de ser una victoria social, pues la indemnización concedida por daño moral resulta insuficiente para satisfacer las necesidades habitacionales, sicológicas y médicas que nacen de vivir sobre un vertedero de basura. A mi juicio, dicha insuficiencia pasa por una característica central de nuestra cultura jurídica: el individualismo metodológico que la caracteriza. Caracterizo dicho individualismo como metodológico para enfatizar que no se trata de algo que se contrapone al altruismo sino al holismo. En otras palabras, el problema de nuestra cultura jurídica es que ella intenta solucionar problemas que abarcan a comunidades completas y que las afectan en su integridad a través de soluciones que intentan dirigirse a aspectos puntuales. En otras palabras, nuestra cultura jurídica concibe los problemas estructurales de la sociedad, entre los cuales se encuentran la vivienda y el medio ambiente, en términos de derechos individuales.

No se trata, desde luego, de que los problemas de las villas Ferroviaria y San Guillermo deban esperar a que se resuelvan todos los problemas del país. Se trata de que nuestros jueces debieran emplear conceptos y procedimientos que identificaran la existencia de un grupo humano vinculado por un problema común y del cual surgen ciertos daños bien especificados, dándole a dicho grupo y a sus problemas un tratamiento unificado. En este caso eso hubiese involucrado, por ejemplo, que no hubiesen estado en discusión la concesión de (a) una indemnización por daño emergente (esto es, por el valor de las viviendas) y (b) una indemnización por daño moral en beneficio de cada demandante, sino que en lugar de ello hubiese sido concedida (a) una indemnización por daño emergente destinada a la construcción de un nuevo conjunto habitacional, (b) otra indemnización por daño emergente destinada a la provisión de servicios médicos a los habitantes afectados por (gravísimos) problemas de salud, y (c) una indemnización por daño moral destinada a la provisión de asistencia psicológica a todos los habitantes de las villas. Eso, a su vez, hubiese supuesto la posibilidad de invocar la representación en el juicio de todos los pobladores con independencia de su efectiva aquiescencia; y hubiese supuesto la existencia de un tribunal dispuesto a formular órdenes más complejas en su sentencia que la simple determinación de una suma de dinero a pagar por parte del demandado, en las cercanías de aquello que Owen Fiss denomina el litigio de reforma estructural.

Mi crítica supone, desde luego, una discusión sobre la relación entre los textos legales y su aplicación, relación que se da en el plano de la cultura jurídica. ¿Es posible lograr la administración de una justicia holística, no individualista, con nuestro Código Civil y nuestro Código de Procedimiento Civil? A mi juicio, lo es. Tanto la teoría del derecho contemporánea como la praxis jurídica evidencian que los límites de la reinterpretación de los textos se encuentran no en los propios textos, sino que en aquello que es considerado aceptable o inaceptable por la propia comunidad interpretativa. Las nociones de obligación de resultado, de agencia oficiosa, y de facultad de hacer ejecutar lo juzgado podrían servir como fundamentos conceptuales de una estrategia de reinterpretación de nuestro derecho social de daños.

Desde luego, la cultura jurídica individualista podría replicar que sí tiene los instrumentos para hacer frente adecuadamente a problemas como el de la Villa San Guillermo. La demanda presentada ante el 29º Juzgado Civil de Santiago solicitaba 50 millones de pesos por daño emergente y 250 millones de pesos por daño moral. De haber sido concedidos, las familias habrían podido solucionar adecuadamente sus problemas habitacionales, médicos y sicológicos. Ante ello mi respuesta es que, por más dinero que solicite, una estrategia individualista permanece ciega ante la sociología del caso concreto: aquí hay una comunidad constituida como tal no sólo por la vecindad física sino también por historias análogas de esfuerzo e historias compartidas de humillación y decepción. Estas historias generan una identidad de grupo que, por lo general, y como ha ocurrido en este caso, suscitan iniciativas organizacionales propias. Una compensación individual millonaria (esto es, superior a las migajas entregadas por el 29º Juzgado Civil y la Corte de Apelaciones de Santiago) tendería a disolver en lo inmediato dicha comunidad: cada vecino partiría por su propio camino, a sanar individualmente sus heridas. Esa solución ignoraría el hecho de que el bienestar de los individuos supone la capacidad de reconocerse en la relación con el otro, un reconocimiento que le entrega valor a las comunidades en las cuales dichos individuos están insertos. El individualismo, en cambio, pasa de largo ante esta comprensión integral del bienestar humano.

Por cierto, la solución de (al menos algunos de) los problemas sociales de las familias que viven en las villas Ferroviaria y San Guillermo no puede esperar cambios en nuestra cultura jurídica que podrían demorar años o nunca llegar. En mi opinión, los habitantes de ambas comunidades debieran iniciar nuevas demandas por una nueva causa de pedir: en esta ocasión, por los daños a la integridad psíquica y física resultantes de habitar en las inmediaciones de La Cañamera. Con esta nueva causa de pedir, el efecto de cosa juzgada de los fallos identificados jugaría a favor de los demandantes; no sólo no serían oponibles como excepción, sino que además servirían para fundamentar jurídicamente la pretensión de reparación, que estaría basada en la misma responsabilidad por falta de servicio allí declarada. Dichos daños, y el valor de su reparación, tendrían un valor fácilmente cuantificable a través de declaraciones de peritos.

Para terminar, la gran pregunta que queda es si los nuevos Tribunales Ambientales serán capaces de entender que la solución de problemas ambientales involucra soluciones holísticas a problemas estructurales. Es de esperar que el procedimiento por daño ambiental se transforme en un instrumento que no sólo detenga proyectos de inversión o reparta indemnizaciones, sino que permita la supervisión de soluciones apropiadas y, de ser necesario, creativas.

Publicado: 2013-05-13
Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional