Noticias y Eventos:






Agenda de Actividades

3 de agosto
Conferencia presentación “Master en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho”

10 agosto
Coloquio "Fallo Corte Suprema en caso Nabila Riffo"

17 y 18 de agosto
VIII Congreso de Derecho y Cambio Social

17 y 18 de agosto
Seminario “Conceptos Jurídicos: la invención del derecho”

18 de agosto
Final Regional Torneo de Debate Escolar DELIBERA

21 de agosto
Seminario "La construcción de falta de servicio"

25 y 26 de agosto
I Jornadas Chilenas de Derecho Probatorio

8 de septiembre
Seminario Antinomias

28 y 29 de septiembre
V Jornadas Chileno-Argentinas de Derecho Administrativo

10 octubre
Seminario de Filosofía del Deporte y Derecho Deportivo

19 y 20 de octubre
IX Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho

19 y 20 de octubre
Seminario Comunidad y Política

8 de noviembre
Seminario “Jurisprudencia Administrativa y Poderes de la Contraloría”

30 de noviembre y 1 de diciembre
Seminario “Procesos Penales y Transición Política”

14 de diciembre
Seminario “Escritores abogan por sus libros”

Libros

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tiene inserta dentro de la permanente difusión de la investigación de sus profesores y de sus actividades académicas en general, una política de incentivo a la publicación de libros de carácter académico en el ámbito de las ciencias jurídicas.

En ese contexto, los profesores de la Facultad contribuyen con el desarrollo de esta política mediante la publicación de sus investigaciones monográficas o temáticas realizadas en forma individual, como mediante la edición de volúmenes temáticos compilatorios. Así, han sido publicados en los últimos años:

Además de lo anterior, la Facultad cuenta con un convenio de publicaciones de las tesis del Magíster de la Facultad, mediante el cual se publican los mejores trabajos aprobados dentro del contexto de este programa de postgrado. Así, se han publicado en los últimos años:

Edinson Lara. Letra de cambio y pagaré. Extravío, sustracción y destrucción (Santiago, Editorial Legal Publishing, 2009)

El presente trabajo es el resultado de la reelaboración de la tesis doctoral de su autor, conforme a las indicaciones formuladas por los Doctores integrantes del Tribunal que la enjuició, tesis defendida públicamente el 10 de febrero de 2007 en el Salón de Grados de la Universidad de Sevilla, y que le permitió obtener el grado académico de Doctor en Derecho por dicha Universidad.

La obra resulta de mucho interés, pues se estudia, en todos sus aspectos, el procedimiento denominado, por la disciplina cambiaria chilena, "Del extravío" de la letra de cambio, regulado en los artículos 88 a 97 de la Ley 18.092, de 29 de diciembre de 1981, y al que el autor, inspirado en el paradigma legislativo europeo, denomina "amortización de la letra de cambio". Sin duda, en el ámbito del Derecho comercial la obra constituirá un antes y un después en la literatura jurídica nacional.

En este trabajo no sólo se expresan las aportaciones doctrinales que exige el nivel de una tesis doctoral, expresadas algunas de ellas en las conclusiones, sino, además, se hacen presentes las necesarias propuestas legislativas, de iure condendo, a fin de perfeccionar la regulación cambiaria vigente.

La utilidad teórico y práctica de la tesis doctoral que hoy se presenta al lector, relativa al extravío, sustracción y destrucción de la letra de cambio, radica en que dicho régimen jurídico es aplicable supletoriamente no sólo al pagaré, sino también al cheque, a los títulos de crédito de dinero emitidos a la orden, a la carta de porte, a la carta orden de crédito, al conocimiento de embarque, al certificado de depósito de mercaderías y a la copia de la factura.

La pérdida de la letra de cambio y del pagaré, y de los demás títulos señalados con precedencia, suponen que la legitimación por la posesión resulta inoperante para su tenedor (acreedor) en los casos de extravío, sustracción o destrucción, pues no podrá ejercer el derecho derivado del título, dado que la entrega del título al pagador constituye presupuesto del cobro. Con todo, como podrá apreciar el lector, el régimen jurídico de amortización de la letra de cambio ofrece al tenedor desposeído el cauce adecuado para salvaguardar su interés puesto en peligro en los casos de pérdida del título.

José Ángel Fernández (coord..) Estudios de Ciencias Penales. Hacia una racionalización del derecho penal (Santiago, L Legal Publishing, 2009)

El libro recoge los trabajos expuestos en las Cuartas Jornadas Nacionales de Derecho Penal, celebradas en Valdivia durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2007, organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Esta obra aglutina las más recientes investigaciones sobre las cuestiones penales de mayor actualidad en nuestro país, entre las que podemos destacar los acuerdos reparatorios y las presunciones legales en ámbito procesal penal; los delitos aduaneros y las estafas en el derecho penal económico, y el análisis de la gestión de la Fiscalía Nacional en el ámbito de la política criminal. Por último, estas Jornadas fueron organizadas en memoria de los profesores Novoa Monreal y Bunster Briceño, dos de los principales exponentes de la Ciencia Penal chilena de mitad del siglo pasado.

Edinson Lara. Régimen jurídico del pagaré doctrina y jurisprudencia (Santiago, Legal Publishing, 2008)

La materia relativa al régimen jurídico del pagaré no ha sido nunca abordada, en profundidad, desde una perspectiva teórico y práctica, del ejercicio profesional, hasta ahora, a pesar de las muchas incertidumbres que suscita. Por eso, la obra intitulada: Régimen jurídico del pagaré, del Profesor, Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y Juez de Letras, don Edinson Lara Aguayo, está llamada a constituirse en un clásico de la literatura jurídica chilena en el ámbito del Derecho comercial. En ella se ofrecen reflexiones y conclusiones apoyadas en la doctrina más autorizada, así como en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia.

El primer capítulo se refiere a la emisión y forma del pagaré; distinción de figuras afines; régimen tributario: efectos de la falta de pago del impuesto de timbres. Jurisprudencia. En el capítulo segundo se analiza la diferencia existente entre las relaciones fundamentales o causales de las que trae causa la emisión del pagaré, y las relaciones cambiarias surgidas de los negocios contenidos en el pagaré (emisión, endoso, aval), independientes, pero conectados con las anteriores en la forma establecida por el artículo 12 de la Ley Nº 18.216; y sus efectos. Se examina el pagaré en blanco y la excepción de "completamiento abusivo" a que puede dar lugar. Se estudia el extravío, sustracción y destrucción del pagaré y el procedimiento aplicable para recuperar la legitimación perdida producto de la pérdida del título cambiario.

En el capítulo tercero, se estudia, en profundidad, el endoso y el aval en el pagaré. El capítulo cuarto es dedicado al estudio, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, del vencimiento del pagaré, la denominada cláusula de aceleración, y otras cuestiones relacionadas con dicha cláusula, tales como: si se puede hacer valer un pagaré acelerado en un procedimiento ejecutivo especial hipotecario; si se puede revivir, o no, el pagaré prescrito por una gestión preparatoria de reconocimiento de deuda o confesión de deuda; el abandono del procedimiento. Por último, se estudia la prescripción de la acción cambiaria y de la acción causal, especialmente desde el punto de vista jurisprudencial.

En suma, este trabajo es el fruto de la reflexión y experiencia académica y judicial del autor, tanto como Abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de Valdivia como, actualmente, de Juez de Letras, y constituye una significativa aportación a la doctrina jurídica chilena, y un útil referente para jueces y abogados, profesores y estudiantes del Derecho comercial.

Ivan Hunter. Las potestades probatorias del juez de familia (Santiago, Legal Publishing, 2008)

El presente libro aborda uno de los temas más polémicos del Derecho Procesal actual: la iniciativa probatoria ex officio del juez civil. Para ello tiene como referencia dogmática la actual normativa de Tribunales de Familia, que dentro de un proceso oral y público, confiere al juez potestades para aportar toda clase de pruebas. Es precisamente dentro de las especialidades del proceso de familia donde se intenta justificar la oportunidad, relevancia y constitucionalidad de tal potestad judicial, junto con brindar criterios de interpretación de la ley que la hagan compatible con un debido proceso.

En primer término se expone el rol del juez dentro del conflicto de familia y las consecuencias que la evolución del Derecho de Familia contemporáneo ha significado en el campo del Derecho Procesal. Se muestra cómo el proceso de familia se ajusta en último término a la concepción y función que le vienen asignadas a las normas sustantivas de familia.

Luego, se exponen las diversas posturas sustentadas por la doctrina chilena y comparada en relación al poder probatorio del tribunal, no sin antes analizar las principales características del proceso liberal del siglo XIX y el "publicista" del siglo XX.

Posteriormente, se realiza un examen descriptivo de las principales potestades del juez de familia chileno, tanto formales (destinadas al manejo de los tiempos procesales) como materiales (permiten al juzgador aportar prueba). Además, se intenta justificar la potestad probatoria desde una doble perspectiva: una sustantiva, relacionada con la protección de los sujetos más débiles y la tutela de los intereses públicos comprometidos; y otra procesal, ligada a la obtención de la verdad de los hechos como presupuesto de la justicia de la decisión y función de la prueba. En esta parte se aborda la compatibilidad de la potestad probatoria con las reglas de la carga de la prueba y el principio dispositivo, junto con descartar que la actividad oficiosa pueda comprometer la imparcialidad del juzgador.

Por último, se exponen los límites y presupuestos de la potestad probatoria del juez de familia. Esto supone proponer una determinada interpretación del texto legal con el objetivo de hacer de la potestad oficiosa del tribunal una herramienta plenamente compatible con el derecho a un juez imparcial y el principio dispositivo.

Patricio Rondini. Responsabilidad Patrimonial del Estado Juez en Chile (Santiago, Legal Publishing, 2008)

La presente obra surge de una perplejidad para el observador del sistema jurídico nacional, cual es, constatar que en más de 30 años y en medio centenar de solicitudes, únicamente en cuatro ocasiones se ha reconocido e indemnizado el error judicial y sólo en sede penal, no obstante que constitucionalmente se establece un principio general de responsabilidad del Estado.

La perplejidad, al cabo de un tiempo, se transforma en duda, es decir, en el cuestionamiento de por qué ello ha acontecido y de si es correcto o no. Dudas de las cuales difícilmente se pasará a la certeza, pero al final del recorrido se pretende haber sugerido explicaciones que resten opacidad al estudio de la responsabilidad del Estado Juez en nuestro país.

Se comienza con el examen de un marco teórico sobre el Poder Judicial, ya que su configuración incide directamente en el principio de responsabilidad del Estado Juez. Es por ello que se verá el desarrollo del Poder Judicial como un Poder del Estado, su legitimidad y su responsabilidad, para luego desembocar en el análisis de dichas características en la realidad nacional.

Más tarde se dará paso al estudio de la evolución histórica, tanto extranjera como nacional, del principio de responsabilidad del Estado Juez, poniendo énfasis en el análisis de casos y su influencia en las distintas legislaciones.

Luego se examina la regulación constitucional del principio de responsabilidad del Estado Juez en Chile, centrándose en su regulación normativa -artículo 19 Nº 7, letra i), de la Constitución-; en su interpretación dogmática y jurisprudencial; en sus deficiencias, y en su relación con el principio general de responsabilidad que la Constitución consagra en sus artículos 6º y 7º, proponiéndose una interpretación extensiva que permita su adecuación a la reforma procesal penal que se ha implantado en Chile.

Finalmente, se sobrepasan los límites del artículo 19 N° 7, letra i), de la Constitución, abordando el tratamiento del error judicial extrapenal y examinando el título de imputación de responsabilidad denominado anormal funcionamiento de la administración de justicia, por tratarse de un terreno prácticamente inexplorado por la doctrina y la jurisprudencia nacional.

Juan Carlos Ferrada y Andrés Bordalí. Estudios de Justicia Administrativa (Santiago, LexisNexis, 2008)

El presente texto constituye una recopilación de artículos realizados en los últimos tres años en el ámbito de la justicia administrativa, en el marco de los proyectos FONDECYT Nº 1030316 y 1050395 que ha dirigido el profesor Juan Carlos Ferrada Bórquez con la colaboración del profesor Andrés Bordalí Salamanca. Todos esos trabajos tienen en común una preocupación por analizar críticamente los rasgos principales del sistema de justicia administrativa vigente en nuestro país, especialmente poniendo de relieve la relación entre los poderes de la Administración del Estado, los derechos de las personas y la tutela judicial de los mismos por los tribunales de justicia.

Los trabajos aquí contenidos son un primer paso en la reconstrucción sistemática de una justicia administrativa en nuestro país, en que más allá de los órganos y fórmulas institucionales diseñadas por el legislador, establezcan ciertos principios elementales a las que debe sujetarse. La reafirmación del principio de separación de poderes, la vigencia efectiva de los principios de exclusividad, independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia, la garantía plena del derecho fundamental de las personas al acceso a la jurisdicción y del debido proceso, la efectividad de una tutela cautelar en los asuntos contencioso administrativos, con el reconocimiento simultáneo de las potestades administrativas sobre la base de la protección de los intereses generales, son materias abordadas en estos textos, con un espíritu crítico y constructivo.

Se trata de una obra de dos reconocidos académicos e investigadores nacionales que desde sus respectivas disciplinas -el Derecho Administrativo y el Derecho Procesal- analizan la justicia administrativa chilena. Los autores pretenden con este texto contribuir a un debate pendiente en Chile. El gran esfuerzo hecho en los últimos años en la reforma de la justicia penal primero, y luego en la justicia de familia, laboral y actualmente civil, no puede olvidar la necesaria reforma en la justicia administrativa, ámbito tradicional e inexplicablemente abandonado en nuestro país.

Creemos que esta obra será de interés tanto para académicos, estudiantes de Derecho, abogados y jueces.

Andrés Bordalí (coord..) Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales (Santiago, LexisNexis, 2006)

La Justicia Constitucional de las libertades es el objeto de estudio del presente libro colectivo. En él se aborda, tanto desde una perspectiva teórica como dogmática, la tutela jurisdiccional que dan los tribunales constitucionales y aquellos ordinarios a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Junto con un análisis general e histórico de los derechos fundamentales regulados por el constitucionalismo chileno, la obra estudia tanto doctrinal como jurisprudencialmente específicos derechos como el de propiedad, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y la consiguiente prohibición de las comisiones especiales, y el derecho a un debido proceso penal, entre otros analizados.

El enfoque de la obra no es meramente descriptivo, sino que analiza los problemas derivados del sistema chileno de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales. De este modo surge como cuestionamiento inicial si es posible realizar tal labor en el marco de un valor esencial al Derecho moderno, como lo es el de seguridad jurídica. ¿Es posible dar aplicación jurisdiccional a normas constitucionales dotadas de escasa densidad normativa sin vulnerar el principio de seguridad jurídica? Pero, además, la labor compartida en la tutela de los derechos fundamentales entre el Tribunal Constitucional y la judicatura ordinaria también viene a complicar las cosas. ¿Cómo se compatibilizan las decisiones de uno y otro orden jurisdiccional? ¿Qué pasa si hay decisiones contradictorias en materia de derechos fundamentales entre los distintos órdenes jurisdiccionales o ante un mismo orden? ¿Se afecta la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley ante contradicciones en la jurisprudencia? ¿Hay coordinación entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema? ¿Hay coherencia en las decisiones de un mismo tribunal? ¿Los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer cuál es el ámbito material de los derechos fundamentales configurado por la interpretación jurisprudencial?

Son éstas, entre otras, las preguntas que los autores de los distintos trabajos contenidos en el libro (D. Accatino, E. Aldunate, F. Atria, A. Bordalí, J. C. Ferrada, J. López y P. Ruiz - Tagle) intentan responder. Sobre eso debatieron la mayoría de ellos en la ciudad de Valdivia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile en el seminario "La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho", que organizó el coordinador de esta obra dentro de su proyecto Fondecyt Nº 1050388. Sobre esas preguntas y respuestas versa el libro.

Juan Andrés Varas y Susan Turner (coord..) Estudios de Derecho Civil (Santiago, LexisNexis, 2005)

El presente texto se abre con el trabajo que, a modo de conferencia inaugural, realizara el profesor Enrique Barros Bourie sobre la justicia y la eficiencia como fines del derecho privado, ensayo cuyas ideas sirven de lúcido trasfondo a los demás trabajos inéditos sobre problemas de actualidad del derecho civil, que se agrupan en tres áreas temáticas: contratos y propiedad privada, personas y familia, y responsabilidad extracontractual. Los trabajos corresponden a las exposiciones realizadas por destacados profesores de derecho civil de las principales universidades del país, en el contexto de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil efectuadas en la ciudad de Valdivia durante el año 2005.

La primera sección incluye trabajos relativos a la formación del contrato (deber de información, retracto), regulación legal de los mismos (contratos entre partes relacionadas, obligaciones subordinadas), cumplimiento e incumplimiento contractual, interpretación (el rol de la buena fe) e ineficacia (específicamente la inexistencia), además de dos textos sobre derecho de propiedad y sistema patrimonial.

En la segunda parte figuran - en primer término - los textos sobre derecho de la persona, que contiene tres artículos sobre la privacidad, SIDA y muerte encefálica, y luego, en derecho de familia, se incluyen trabajos sobre el pacto de convivencia, matrimonio y divorcio y filiación.

En la última parte se encuadran textos generales acerca de la responsabilidad extracontractual o aquiliana y sus funciones, junto a otros circunscritos al daño moral (referido a la transmisibilidad de la acción), criterios de imputación (teoría de la imputación objetiva), responsabilidad por terceros y regímenes específicos de responsabilidad (accidentes del trabajo y directores de sociedades anónimas).

Con ello se reúnen en un solo texto opiniones jurídicas, sobre un amplio conjunto de problemas de actualidad y trascendencia.

Juan Carlos Ferrada (coord.). La Justicia administrativa (Santiago, Lexis Nexis, 2005)

Esta obra aborda el tema complejo de la Justicia Administrativa, asunto de enorme relevancia en el Derecho Administrativo contemporáneo y consubstancial al modelo jurídico del Estado constitucional de derecho y que, en nuestro país, se presenta como una cuestión confusa y carente de sistematización para los operadores jurídicos. Así, desde una perspectiva crítica, destacados profesores de derecho público analizan las cuestiones más relevantes en esta materia, revisando sus antecedentes históricos en el derecho comparado y nacional, sus fundamentos doctrinales, su desarrollo en la legislación y jurisprudencia nacional, planteándose algunas propuestas de reforma que se consideran necesarias en este ámbito. En este sentido, la obra supera los textos descriptivos generales que existen en la materia en nuestra literatura, avanzando en un análisis más amplio y sistemático del tema, aportando nuevos enfoques y reflexiones en los tópicos más relevantes de la disciplina, lo que constituye un aporte a la doctrina nacional y a los operadores jurídicos.

Por último, es preciso consignar que los trabajos aquí recopilados corresponden, en términos generales, a las exposiciones realizadas por los mismos autores en las "Primeras Jornadas de Derecho Administrativo" celebradas en el Campus Isla Teja de Valdivia, actividad organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, en conjunto con las Facultades de Ciencias Jurídicas de las Universidades Católica de Valparaíso y Antofagasta y el Instituto Chileno de Derecho Administrativo.

Andrés Bordalí. Tutela Jurisdiccional del Medio Ambiente (Santiago, Editorial Fallos del Mes, 2004)

Desde la promulgación de la Constitución Política de la República en el año 1980, los tribunales superiores de justicia, en reiteradas oportunidades, han otorgado tutela al derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (art. 19 nº 8 CPR), acogiendo los recursos de protección deducidos en su favor. Del mismo modo, existen ya varios fallos recaídos en los juicios sobre responsabilidad por daño ambiental que se han deducido de conformidad con las normas de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Sin embargo, los abogados y jueces que han participado en los recursos de protección y en los juicios de responsabilidad ambiental en cuestión, se han encontrado con un escenario diferente al que tradicionalmente se enfrentan en las disputas judiciales que afectan a derechos e intereses de carácter privados y divisibles. Lo anterior se debe a que en los conflictos ambientales nos encontramos con derechos e intereses de carácter difusos o colectivos, que comportan la no exclusividad para sus titulares.

En esta obra, el profesor Andrés Bordalí Salamanca se propone indagar sobre el sentido y significado jurídico que tiene la tutela jurisdiccional de derechos e intereses difusos o colectivos, cuestión que la doctrina y jurisprudencia europeas comenzaron a perfilar a comienzos de los años setenta del siglo pasado. De este modo, el autor estudia con exhaustividad el desarrollo del tema en cuestión, especialmente en el Derecho italiano y español, adaptando dicho análisis al Derecho chileno y a uno de los ámbitos jurídicos colectivos por antonomasia: la tutela del medio ambiente.

Este libro corresponde a una versión modificada, abreviada y actualizada de la tesis doctoral que el autor realizó y defendió en el departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid, España. Como trabajo de carácter procesal, sus aportes más significativos se refieren al impacto que tales derechos e intereses ambientales comportan para las distintas instituciones de carácter procesal. Así, la obra analiza con extrema profundidad y fina agudeza, en el Derecho chileno vigente, así como de lege ferenda, el tipo de tribunal que debe tutelar los derechos e intereses ambientales; la posibilidad de tutelar dichos derechos e intereses por medio de vías alternativas a la jurisdicción; los problemas de acceso a la justicia para los referidos derechos e intereses; la legitimación activa para incoar los procesos judiciales tuteladotes de los mismos; las características de dichos procesos, así como la prueba rendida en ellos; por último, las particularidades de las sentencias judiciales que se dictan en tales procesos, especialmente en lo que dice relación con sus efectos subjetivos y su ejecución.

Se trata de la primera obre del género publicada en Chile, que importa toda una revolución en los estudios del Derecho Procesal nacional, disciplina jurídica a la que el autor hace transportar a las cuestiones más actuales debatidas en el Derecho comparado, proyectándola asimismo a lo que Mauro Cappelletti, discípulo aventajado de Piero Calamandrei en Florencia, ha denominado "movimiento por el acceso a la justicia", "expresión fundamental de aquello que puede definirse como la dimensión social de la justicia en el mundo contemporáneo".

Juan Carlos Ferrada (coord..) La Constitucionalización del Derecho Chileno (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003)

La supremacía constitucional es hoy uno de los principios más apreciados del constitucionalismo contemporáneo, de modo tal que la Constitución Política es considerada como la norma jurídica superior y a la cual indiscutiblemente debe subordinarse todo el ordenamiento jurídico del Estado.

En efecto, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución es considerada en los diversos países como la norma fundamental desde un punto de vista sustancial y no solamente programático.

La afirmación del valor normativo de la Constitución ha producido durante las últimas décadas una especie de reconstrucción de todo el sistema jurídico, en el que los derechos fundamentales son el eje central, irradiando sus efectos sobre las demás normas e instituciones jurídicas. Este proceso ha generado el fenómeno denominado "constitucionalización del derecho", el cual ha sido reconocido progresivamente por la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales.

Este libro contiene un conjunto de trabajos que analizan este proceso desde la perspectiva del derecho constitucional, civil, administrativo y procesal, contribuyendo sólidamente a la comprensión y divulgación del proceso de constitucionalización del derecho en Chile.

Andrés Bordalí. Temas de Derecho Procesal Constitucional (Santiago, Editorial Fallos del Mes, 2003)

La obra del profesor Andrés Bordalí Salamanca sintetiza el trabajo de investigación que ha venido desarrollando en el área del Derecho Procesal estos últimos años, tanto en Chile como en España e Italia. Esta obra tiene múltiples méritos, destacándose, entre otros aspectos, el novedoso enfoque múltiples méritos, destacándose, entre otros aspectos, el novedoso enfoque procesal que realiza en el tema de la Justicia Constitucional. No obstante, hemos de destacar que el autor conecta constantemente la disciplina procesal con la Constitución, conformando así un moderno estudio de la actividad procesal que arranca siempre desde la Primera Norma.

De mucho interés es la visión de sistema que el trabajo intenta dar a los estudios del Derecho Procesal Constitucional, donde el lector podrá encontrar reunidos bajo el concepto de proceso Constitucional, análisis sobre el Tribunal Constitucional, sobre el Recurso de Inaplicabilidad, Recurso de Protección, Habeas Corpus y Amparo Económico.

Particularmente, destaca el profundo estudio que el autor realiza sobre el Tribunal Constitucional chileno, especialmente referido a su vinculación con los institutos básicos de la disciplina procesal, esto es, los conceptos de jurisdicción, acción y proceso.

Asimismo, cobran particular e indubitada importancia algunos de los temas que el autor desarrolla, que pueden ser considerados como esenciales dentro de una disciplina de Derecho Procesal Constitucional; el Principio de Proporcionalidad como principio que informa la actuación de los jueces en su deber de tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos; el Recurso de Protección, Habeas Corpus y Amparo Económico y su interacción con los derechos fundamentales de acción y al debido proceso; el proceso cautelar y la tutela de los derechos fundamentales; las facultades conservadoras de los tribunales de justicia y la legitimación procesal en los procesos constitucionales.

Se trata en definitiva de una obra que puede ser calificada de única en su género en nuestro país, que sin duda sabrá concitar el interés tanto de estudiosos y teóricos del proceso, así como también de los operadores jurídicos - jueces y abogados litigantes - que se desempeñan en el ámbito de la tutela de la Constitución y los derechos fundamentales.

En resumen, estamos frente a un trabajo de mucha utilidad teórica y práctica que viene a colmar un vacío en nuestros estudios sobre la Justicia Constitucional, complementando así la dimensión constitucional del objeto de estudio con la procesal.