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Gobierno judicial: quién debe ocuparse de la designación, promoción y sanciones a los jueces

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Gobierno judicial: quién debe ocuparse de la designación, promoción y sanciones a los jueces
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En el ex Congreso comenzaron las II Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, inauguradas por el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, y el Subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña.
El segundo tema a debatir -el primero fue el recurso extraordinario y la eventual eliminación de la casación- fue el denominado “gobierno judicial”, expresión usada para referirse a la organización y administración de los tribunales de justicia, en temas que incluyen la designación, promoción, calificación y sanciones a los jueces.

Algunos de los expositores plantearon la figura como una variable que incide en la independencia e incluso en la imparcialidad de los jueces, quienes eventualmente podrían adaptar sus fallos a los criterios de la Corte Suprema, no por un convencimiento de la calidad de aquellos, sino por temor a verse perjudicados en sus ascensos.

Por ese motivo creen que la Corte Suprema debiera dedicarse exclusivamente a labores jurisdiccionales y crearse un Consejo de la Judicatura o algún tipo de organismo autónomo, que tome sobre sí las funciones que no sean jurisdiccionales.

Andrés Bordalí, procesalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, se mostró partidario de crear un Consejo de la Magistratura -lo que requeriría modificación constitucional- compuesto no sólo por miembros del Poder Judicial, aunque sí mayoritariamente, sino también por personas nombradas por los poderes ejecutivo y legislativo, aunque tenga un componente político. Tal órgano tendría facultades de designación, traslado y promoción de los jueces.

Por su parte, Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, dio una charla sobre las diferentes facultades de gobierno judicial que se ejercen en la actualidad por los tribunales de cualquier jerarquía y no sólo por la Corte Suprema, insistió. Dentro de las que calificó como “directivas”, incluyó a las políticas, la planificación, las calificaciones y la carrera funcionaria.

Como en el panel anterior se había debatido sobre la unificación de jurisprudencia, el magistrado habló sobre la necesidad de darle “certeza jurídica a todos los chilenos”, diciendo que han tratado de generar algún componente que permita darle estabilidad a las decisiones, pero que ha sido “infructuoso”. “Algunos hemos propuesto que consensuadamente los ministros lleguemos a un entendimiento de que una resolución tomada por mayoría no pueda ser modificada sino por un quorum similar para poder revertir la decisión. Sin embargo esto no ocurre”.

Contestó también a Miguel Otero, expositor en el panel anterior, quien criticó que un caso similar -la prohibición de acceso a los correos electrónicos del ministro Cristián Larroulet- hubiera tenido una decisión opuesta en el caso del MOP y los correos por el Transantiago, tomada por la misma sala, atribuyéndolo a que quienes la integraban en este momento eran otros: “Hoy la radicación no es con jueces, sino con un espacio que es la sala”, dijo

Para Muñoz, lo que dice Otero es formalmente verdadero, pero sustancialmente falso: las circunstancias del primer caso, con un pronunciamiento de inaplicabilidad por parte del Tribunal Constitucional, difieren notablemente de las del segundo, donde no lo hubo.

También repondió a algunas críticas que recibe el Poder Judicial, por ejemplo, sobre lentitud. Dijo que ellos lo han asumido y que las estadísticas avalan que hay causas, como las de la tercera y cuarta salas, que se revisan para la semana siguiente ponerse en tabla. “Si se quiere modificar la Corte Suprema, el tiempo no es la razón”, sostuvo.

Otro ejemplo que dio fue la crítica a que no protege al ciudadano: “Menos del 5% de los casos en que el Ministerio Público solicita la prisión preventiva, ésta es denegada”.

Sobre la reforma procesal civil, dijo: “Nosotros hemos impulsado diferentes reformas a la justicia civil no reformada que ni siquiera son asumidos en el nuevo Código Procesal Civil que se está preparando. Hemos invitado a los autores, pero no hemos recibido la reciprocidad para ir a esta comisión conjunta”.

Agregó:  “Hemos solicitado a los gobiernos del señor Lagos, de la señora Bachelet, del señor Piñera que por favor se realicen reformas que faciliten la reforma procesal civil, pero se nos ha indicado que consultados los expertos, esto debe hacerse con poseterioridad al inicio de la reforma”. Una de las cosas que anhelan, dijo, es equiparar el soporte físico al soporte computacional, manteniendo el mismo valor.

También dijo que en la Corte son partidarios de reformar el sistema procesal civil, y en lo único en que hemos manifestado reparos es en aspectos fundamentales como el nuevo sistema recursivo y que no se está legislado de manera de dotar a Chile de un sistema uniforme. “El sistema procesal civil es el subsidiario de todos los sistemas y creíamos nosotros en la Corte Suprema que se iba a llenar el vacío y en la óptica, como en otros países, de crear un código procesal común para todos, donde se tramitara en audiencias y después difieran las competencias; nada más”.

Finalmente, se refirió a las facultades disciplinarias: “La Corte Suprema ha querido eliminar las calificaciones; establecer ponderaciones objetivas para designar candidatos y que los desarrolle una comisión de ministros que después se abstraiga de otras funciones, pero ocurre que hay un ordenamiento jurídico que respetar”.

Contó así que en la actualidad se califica a todos los jueces con 6,5: si hay antecedentes para destacarlo, se le da más puntaje; si hay antecedentes de demérito, se le da menos. Pero, dijo, el 98% de los jueces tiene calificación sobre el 6,5, y con ello han logrado que se haya perdido la trascendencia de las calificaciones.

Fuente: El Mercurio Legal 

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