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Opinión Dr. Andrés Bordalí Salamanca: Modernización del Poder Judicial. A propósito del discurso inaugural del año judicial 2011

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Opinión Dr. Andrés Bordalí Salamanca: Modernización del Poder Judicial. A propósito del discurso inaugural del año judicial 2011
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En estos últimos días hemos podido escuchar o leer un nuevo discurso de inauguración del año judicial pronunciado por el Presidente de la Corte Suprema. Se trata de una actividad anual que se inserta en las tradiciones republicanas patrias y que tiene varias virtudes. Entre las más destacables está el hecho que sea quizás la única actividad que, con publicidad, permite al Presidente del máximo tribunal de la República expresar juicios críticos sobre actividades de los otros poderes del Estado que inciden sobre el ejercicio jurisdiccional.

No se trata por cierto de intervenir en la labor de los demás poderes estatales, lo que está proscrito por el principio constitucional de separación de poderes, sino de manifestar opiniones para un mejor funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. No existen límites muy claros en la ley hasta dónde puede llegar el Presidente de la Corte Suprema en sus comentarios, lo que se deja en definitiva a su prudencia y buen juicio.

En este caso, las críticas del Ministro Milton Juica se dirigieron contra el legislador (y el Presidente de la República, como colegislador) y su afán de crear tribunales de justicia especiales a la carta de los intereses involucrados. La crítica apuntó contra una atomización o fragmentación del Poder Judicial, con reglas orgánicas particulares para cada tribunal creado, lo que más allá de complejizar indebidamente la organización de un poder del Estado, puede en algunos casos afectar la independencia judicial al no regular adecuadamente la vinculación de ese tribunal con los demás poderes, especialmente respecto del Ejecutivo.

El Presidente de la Corte Suprema dirigió sus dardos contra las leyes que crearon el Tribunal de la Contratación Pública, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el Tribunal de Propiedad Industrial, el Panel de Expertos y los futuros Tribunales Ambientales.

Asimismo, Juica dirigió veladamente una dura crítica al Ministerio de Justicia por cómo el Ejecutivo administra el sistema carcelario, el que está, a su juicio, en situación de “colapso absoluto” y en donde existe un “irrespeto grave de los derechos y garantías de los internos”.

Pero por otra parte, el discurso inaugural permite también realizar una autoevaluación de la gestión judicial en su conjunto y creo que acá está el principal mérito del reciente discurso del Presidente de la Corte Suprema.

Este discurso inaugural debe ser la primera vez que desde la propia Corte Suprema hay una opinión crítica a como ese tribunal ejerce el gobierno o administración del conjunto de la judicatura. Hay dos materias que Milton Juica propuso reformar: El Recurso de Queja y el sistema de calificaciones, instituciones ambas que ponen en entredicho, a su juicio, la independencia de los jueces a la hora de interpretar y aplicar la ley al caso concreto.

Además, comentó críticamente el sistema operante hasta la fecha en el otorgamiento del título de abogado por la Corte Suprema a los licenciados en derecho de las múltiples carreras del derecho existentes en el país, instando a la supresión de esa facultad del máximo tribunal y su atribución a las propias universidades.

Comentando las palabras del Presidente de la Corte Suprema, quiero expresar que las modificaciones que propone, en términos generales, son plenamente compartibles. Partiendo de esas propuestas, quiero profundizar un poco más en ellas y en otras que creo son indispensables para contar con un Poder Judicial moderno y eficiente en nuestro país.

Es deseable que la Corte Suprema se transforme en un tribunal que conozca de cuestiones fundamentales en un Estado de Derecho, como puede ser el conocimiento de recursos de casación con énfasis en fijar directrices futuras para el resto de los tribunales de cómo interpretar el derecho. Asimismo debe conocer de los recursos de revisión y algunas otras competencias específicas (desafueros, reclamación en materia de nacionalidad y procedencia de la indemnización por error judicial). Esto quiere decir que no debe seguir conociendo de apelaciones de recursos de protección, amparo y amparo económico, las que deberían atribuirse al conocimiento de los tribunales ordinarios de primera instancia y luego en segunda instancia a las Cortes de Apelaciones. No es conveniente por lo demás, como ya se dijo, que continúe conociendo de los recursos de queja.

Junto con restringir las competencias de la Corte Suprema, haciendo de éste un tribunal de excelencia dedicado al conocimiento de pocos asuntos, es recomendable que deje de ser el órgano de gobierno del Poder Judicial. Siguiendo la propuesta del Ministro Juica de suprimir el recurso de queja y de reformar el sistema de calificaciones de los jueces y funcionarios judiciales, ello debe ir acompañado de la creación legislativa de un órgano que administre la judicatura, el que debe ser ajeno a la jurisdicción. Ese órgano de gobierno debería participar además en el nombramiento de los jueces de todos los tribunales que forman parte del Poder Judicial.

La creación de una Corte Suprema de excelencia dedicada exclusivamente a las cuestiones jurisdiccionales más relevantes, debe ir acompañada de una renta para sus integrantes acorde con la importancia del cargo, renta que a mi juicio no debería nunca ser inferior a los ingresos totales que recibe un Senador de la República.

Parece por otra parte sensata la propuesta del Ministro Milton Juica en orden a no tomar el juramento como abogados a los miles de licenciados que egresan anualmente en el país, pues ello le demanda destinar uno o más días a la semana en tal actividad, en desmedro de su labor jurisdiccional.

Tal propuesta, además, debe compartirse porque el otorgamiento del título de abogado por la Corte Suprema no cumple con ninguna labor de control o selección relevante sobre las personas que obtienen el título. Por ello parece más aconsejable que las propias universidades que imparten la carrera de derecho confieran el título profesional, para lo cual se requeriría que esas universidades estén acreditadas en Chile.

Son parte de las reformas orgánicas que la judicatura del país necesita con cierta urgencia.
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