Académico UACh propone medidas para transparentar el uso de IA en la justicia

El profesor Jordi Delgado expuso sobre los desafíos que plantea el uso de inteligencia artificial en las decisiones judiciales y la necesidad de garantizar la transparencia y el derecho de las partes a controvertirlas.

Valdivia, 19 de octubre de 2026.- El uso de inteligencia artificial en los tribunales abre nuevas posibilidades para una justicia más eficiente, pero también plantea interrogantes sobre la transparencia de las decisiones judiciales y las garantías del derecho de defensa.

Estos desafíos fueron abordados por el académico del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Dr. Jordi Delgado Castro, en el Congreso Internacional «La transformación digital y robótica de la justicia (especial referencia al derecho de sociedades)», realizado el 16 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, España.

El profesor Delgado presentó la ponencia «Derecho de defensa y eficiencia digital», en la que examinó casos recientes que evidencian las dificultades que surgen cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de resoluciones judiciales sin que las partes tengan acceso a la información necesaria para conocer y controvertir su intervención.

El encuentro reunió a académicos y magistrados de España, Italia, Portugal y Chile. La dirección científica estuvo a cargo de los catedráticos David Vallespín Pérez, de Derecho Procesal, y Daniel Vázquez Albert, de Derecho Mercantil. Por Chile participó, además, el profesor Diego Palomo Vélez, de la Universidad de Talca, con una exposición sobre la algoritmización de la justicia penal.

Transparencia y derecho de defensa ante el uso de IA

Durante su presentación, Delgado Castro analizó tres casos. El primero correspondió a una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que se publicó junto con las instrucciones —conocidas como prompts— entregadas a una herramienta de inteligencia artificial para redactar sus considerandos. El segundo se relacionó con el juicio oral del denominado «megafraude» de licencias médicas, en cuyo contexto los recursos de nulidad plantearon interrogantes sobre la autoría de la sentencia. El tercero fue una resolución de la Audiencia Nacional de España que denegó a la defensa el acceso al prompt, al considerar infundada la sospecha de que se hubiera utilizado inteligencia artificial.

A partir de estos antecedentes, el académico advirtió sobre una dificultad central para el ejercicio del derecho de defensa: la imposibilidad de acceder a los antecedentes que permitirían determinar si una herramienta de IA intervino en una decisión judicial.

«El problema es que la defensa queda atrapada en un círculo: para pedir el prompt le exigen indicios de que se usó IA, pero esos indicios solo pueden estar en el prompt. Lo que influye en una decisión judicial y no se ve, no se puede contradecir», explicó.

El profesor también comparó los marcos normativos de España y Chile. Mientras el ordenamiento español cuenta con una Ley Orgánica del Derecho de Defensa y una instrucción del Consejo General del Poder Judicial sobre el uso de inteligencia artificial, en Chile existe una norma ética que establece que la decisión judicial es una tarea humana e indelegable.

A juicio del académico, esta diferencia evidencia la necesidad de avanzar hacia mecanismos que permitan a las personas conocer si se empleó inteligencia artificial en la elaboración de una resolución y cuál fue su función. «Le dice al juez lo que no debe hacer, pero no le dice al justiciable cómo saber si lo hizo», advirtió.

Propuestas para una justicia digital transparente

Entre las medidas planteadas, Delgado propuso que los tribunales informen en sus propias resoluciones si utilizaron inteligencia artificial y con qué finalidad; que los prompts formen parte del expediente judicial, y que se adopte un prompt institucional único y público, como mecanismos para reforzar la transparencia y resguardar el derecho de las partes a ejercer una defensa efectiva.

El académico subrayó que el desafío no consiste en rechazar la incorporación de nuevas tecnologías a la administración de justicia, sino en establecer condiciones que aseguren su utilización transparente y compatible con las garantías procesales.

«Nadie está en contra de la tecnología. La IA puede darnos una justicia más rápida, coherente e igualitaria, pero solo si actúa a la vista de las partes. Una IA oculta no es eficiencia digital: es una nueva forma de indefensión», concluyó.

Para el profesor Delgado, su participación tuvo también un significado académico y personal, al regresar a la Universidad de Barcelona, institución donde obtuvo su doctorado. En ese sentido, destacó la relevancia del encuentro y la actualidad de una discusión que interpela directamente al derecho procesal ante la creciente incorporación de inteligencia artificial en el funcionamiento de los tribunales.