Sincerando la TC
La promesa de campaña estrella de Michele Bachelet, la gratuidad de la educación superior, ha tenido un difícil itinerario en su camino a transformarse en una realidad. Ante las críticas de la oposición y el fuego amigo de la ex-concertación, los magros resultados recaudadores de la reforma tributaria especialmente efectuada para ello, no permitieron que el programa que busca implementar la gratuidad se extendiera a todos los estudiantes universitarios. Finalmente, el Gobierno decidió entregar el beneficio sólo a estudiantes con necesidades económicas que estudiaran en universidades estatales y en ciertas privadas que cumplieran con dos requisitos: tener un gobierno triestamental y estar en el CRUCH (Consejo de Rectores que agrupa a las universidades estatales y las privadas tradicionales). El Gobierno incluyo este beneficio como parte de la Ley de Presupuesto que se discute anualmente en el Congreso Nacional y su propuesta resultó aprobada en una comisión mixta por 12 votos contra 7. Contrario a lo que uno podría pensar, la historia no acabó allí. Los parlamentarios de la coalición minoritaria anunciaron que recurrirían ante el Tribunal Constitucional (TC) por encontrar que la ‘Glosa de Gratuidad’ era inconstitucional. Llamativos fueron los dichos del diputado Bellolio de la UDI, que señaló que si bien el gobierno tenía mayoría en el Congreso, la oposición tenía mayoría en el TC.
La decisión del TC fue conocida recientemente y determinó que los criterios usados por el Gobierno para atribuir el beneficio de la gratuidad eran discriminatorios en perjuicio de las universidades que no formaban parte del CRUCH y de los centros de formación técnica e institutos profesionales. El TC declaró que la medida era inconstitucional.
Estos eventos demandan que uno se refiera a algunos aspectos de lo sucedido. Aquí mi intensión no es comentar sobre la gratuidad. Creo que hay buenas razones para apoyar y rechazar la medida presentada por el Gobierno. Sin embargo, creo que el desenlace de esta historia evidencia un problema dramático e insoslayable sobre quién es el que termina decidiendo sobre las políticas públicas en nuestro país. Quiero destacar tres ideas en relación al caso de la gratuidad, que confirman el rol constitucional que está teniendo el TC en nuestros días, esto es, que el TC funciona como un órgano político dentro del proceso de formación de la ley.
Primero, los ministros del TC votan políticamente, igual que los parlamentarios. El caso de la gratuidad es demostración de eso. En contra de la medida propuesta votaron los ministros Peña (Corte Suprema), Aróstica (Piñera), Brahm (Piñera), Letelier (UDI), Romero (RN), y el recientemente elegido ministro Vásquez. A favor de la medida votaron los ministros Carmona (Bachelet), García (DC), Hernández (Corte Suprema), y Pozo (PS). Todos los votaron como se esperaba que lo hicieran, esto es, conforma a sus convicciones y militancias políticas o partidistas. No hubo sorpresas. La novedad fue la incorporación del nuevo ministro nombrado por la Corte Suprema, Vásquez, que, como anunciado por el diputado Bellolio, alteró (6-4) la anterior (5-5) correlación de fuerzas políticas dentro del TC.
Segundo, cuando la derecha pierde en el Congreso siempre recurre al TC. Y así lo harán sistemáticamente de ahora en adelante. Es allí donde puede ganar, no porque tenga mejores argumentos constitucionales, o mejore abogados constitucionalistas a su servicio, sino simplemente porque cuenta con los votos para aprobar los vetos que de otra manera no podría usar.
Tercero, pese a que el Gobierno fue elegido democráticamente y cuenta con la mayoría en el Congreso Nacional, el TC, un órgano no legitimado democráticamente de forma directa, puede resolver no dar curso a políticas legislativas.
Ante este escenario, se confirma la hipótesis de que el TC es uno de los cerrojos constitucionales que impiden la expresión de la mayoría democrática en Chile. El primero era el binominal, que felizmente ya nos ha abandonado. El segundo son los quórum especiales de aprobación de la ley. El tercero es, sin dudas, el TC. Éste debe objeto de una de tres medidas: abolido, cercenada su competencia de control preventivo o, más en tono de broma, sincerado. Esto último se lograría mediante su traslado al edificio del Congreso Nacional, para seguir operando como lo hace hoy, no como ‘el TC’ sino como ‘la TC’, esto es, como la Tercera Cámara.
Profesor del Instituto Derecho Público - UACh
