El conversatorio se realizó en el marco del proyecto «Una propuesta de regulación del mercado de cannabis en Chile».
Valdivia, 20 de diciembre de 2022.-«Regulación del mercado del cannabis. Modelos comerciales versus modelos no comerciales», se tituló el conversatorio organizado por el profesor asociado del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh, Dr.José Ángel Fernández, en el marco de su Proyecto Fondecyt Regular N° 1220592«Una propuesta de regulación del mercado de cannabis en Chile».
La actividad se desarrolló el viernes 16 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, en la Casa Luis Oyarzún 800, Valdivia y contó con las exposiciones del profesor de Derecho Penal (UACh) e investigador responsable, Dr. José Ángel Fernández; del profesor de Derecho Administrativo (UV) y coinvestigador, Dr. Juan Carlos Ferrada; del profesor de Derecho Tributario y Económico (UACh) y coinvestigador, Mg. Hugo Osorio, la estudiante de Derecho UACh y ayudante del proyecto, Midora Sovino y Mijail Villagra, Director de Estudios Fundación Eutopía.
El proyecto «Una propuesta de regulación del mercado de cannabis en Chile», apunta a que la discusión política (criminal), sobre el consumo y tráfico de productos derivados del cannabis psicoactivo no gira ya en el mundo civilizado sobre su legalización o despenalización, sino cómo debería regularse este mercado.
El profesor e investigador responsable, José Ángel Fernández, agradeció la asistencia de actores relevantes de la sociedad, “agradezco el interés de representantes jurídicos, jueces, defensores, fiscales, activistas y empresarios de tiendas dedicadas a la venta de productos e insumos para el cultivo de cannabis e, incluso, procesados y condenados por la Ley 20.000”.
En la ocasión, dijo el académico, abordamos los modelos regulatorios del mercado de cannabis como el modelo comercial, el modelo no comercial intervencionista y el modelo no comercial comunitarista.
El profesor explicó que, “el modelo comercial, busca la maximización de beneficios y la creación de riqueza, pero plantea problemas con la salud pública. Así, permite la venta de cannabis sin límite de THC, el consumo no solo de pitos, sino también de comestibles y bebidas; y la creación de grandes empresas. Este modelo tiene la ventaja de que se aproxima mejor a las preferencias de los consumidores y, por tanto, reduciría en mayor medida el mercado ilegal y la delincuencia. El problema es que podemos caer en los mismos errores que, en su día, cometimos con el alcohol y la comida chatarra: un consumo desmedido”.
Sobre el modelo no comercial intervencionista explicó que, “regula el mercado con la finalidad de proteger la salud y a personas vulnerables como los menores de edad. Así, por ejemplo, limita las concentraciones de TCH, excluye ciertos productos, aplica impuestos especiales e, incluso, controla los precios. El problema de este modelo es que no siempre se va a adecuar a las preferencias de los consumidores y, por tanto, el mercado ilegal se hará cargo de estas”.
En cuanto al modelo no comercial comunitarista, agregó que, “este modelo critica tanto el modelo liberal, porque conlleva a un consumo irresponsable de las drogas, como el intervencionista, ya que el Estado tiende a limitar la libertad de manera autoritaria a los ciudadanos y comunidades. Su propuesta se articula a través del autocultivo, los microempresarios y los denominados clubs cannábicos. Este modelo evita que las multinacionales acaparen el mercado y promueve un consumo más responsable. El principal problema que tiene es un excesivo idealismo: no todos los consumidores chilenos les apetece participar activamente en una comunidad cannábica y pagar un precio más caro en comparación con las grandes cadenas de distribución. También, este modelo contribuye poco a las arcas del Estado”.
El profesor de Derecho Administrativo (UV) y coinvestigador Juan Carlos Ferrada, presentó el tema «Las reformas administrativas de la regulación de mercado de cannabis»,mediante un diseño institucional: modelo regulatorio de cannabis; el modelo comercial de Estados de USA y Canadá y el modelo no comercial o comunitario, Uruguay.
“En el modelo comercial se observa una manifestación del liberalismo económico, hay mayor libertad de mercado, sus objetivos son comerciales, existe un desarrollo económico de escala, variedad de productos y hay recaudación tributaria. Mientras, el modelo no comercial, se distingue una ideología bienestarista, hay una mayor intervención del Estado, su objetivo es la salud pública, los productores o distribuidores están autorizados, productos estándar y su efecto es neutro”, puntualizó el académico.
Por su parte, el profesor de Derecho Tributario y Económico (UACh), y coinvestigador Hugo Osorio, expuso sobre los aspectos económicos y tributarios que supondría adoptar en Chile un sistema de regulación comercial del cannabis recreacional. “En general, presenté sobre qué son los tributos regulatorios o a las externalidades negativas y cuál es su rol en la internalización del costo social de la producción o consumo de ciertos productos. Expliqué que por su intermedio es posible, a un tiempo, recaudar recursos fiscales por montos relevantes y, además, aumentar el bienestar social. Esta es la razón por el que este tipo de tributos es cada vez más relevante a nivel global y, ciertamente, también en Chile”.
Los tributos regulatorios presentan desafíos teóricos y prácticos relevantes; en la instancia, se hizo referencia a su impacto redistributivo y a las dificultades que supone cuantificar las externalidades. Se trata de un tipo de tributos que, si se diseñan sobre los conocimientos existentes, facilitan el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas.
“Debería considerarse cuidadosamente la base gravada, especialmente considerando el riesgo de que la regulación reduzca de forma considerable el precio del producto y aumente su consumo. Se discutió sobre la tasa aplicable y la administración del tributo. También se hizo referencia a la necesidad de regular cuidadosamente los lugares de venta y consumo, la posible vinculación de los ingresos y gastos, y las formas de resguardar que los posibles intereses privados no conspiren contras los objetivos públicos y, en particular, en contra de las preocupaciones sanitarias que la materia suele originar”, explicó el académico.
