Se trata de las y los académicos Dr. Pablo Marshall; Dra. Viviana Ponce de León; Dr. Gustavo Beade; Dra. Leticia Morales; Dr. Alberto Coddou y Dr. Bruno Rusca.
Valdivia, 16 de enero de 2024.- Seis académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile Valdivia y Puerto Montt participan en Fondecyt Regular de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) 2024. Se trata de las y los académicos Dr. Pablo Marshall; Dra. Viviana Ponce de León; Dr. Gustavo Beade; Dra. Leticia Morales; Dr. Alberto Coddou y Dr. Bruno Rusca.
El objetivo del concurso Fondecyt Regular es promover la investigación de base científico-tecnológica en las diversas áreas del conocimiento, mediante el financiamiento de proyectos de investigación individual de excelencia orientados a la producción de conocimiento.
Los Proyectos que financia Fondecyt son propuestas de investigación científica o tecnológica, esto es, que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones previstas a través de hipótesis de trabajo explicitadas en el proyecto. Los proyectos se seleccionan teniendo en cuenta su calidad intrínseca y el mérito de los/as postulantes, sin distinción de áreas, género o procedencia institucional.
Fondecyt Regular
El profesor asociado del Instituto de Derecho Público de Derecho UACh, Valdivia, Dr. Pablo Marshall se adjudicó fondos para desarrollar su investigación en el concurso Regular 2024 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT).
El proyecto N°1240242 del investigador titular Pablo Marshall se titula «Medidas no consentidas en salud mental en Chile: análisis institucional y adecuación a estándares de derechos humanos»
El objetivo general de la investigación es examinar críticamente la regulación de las medidas no consentidas en salud mental en Chile, de acuerdo con los estándares de DDHH y considerando las dificultades de acomodar la discreción médica en determinar objetivos terapéuticos con la intervención del derecho para regular, salvaguardar derechos y resolver conflictos.
Las medidas no consentidas (coactivas o involuntarias), en salud mental incluyen medidas como la internación y el tratamiento involuntario, que proceden cuando no existe una medida menos lesiva para los derechos de la persona y existe un peligro para el paciente (para su vida y seguridad personal), o un peligro para terceros.
El principal desafío normativo que enfrentan las medidas no consentidas es equilibrar la protección de derechos individuales, como el consentimiento informado y la autonomía personal, con la protección de personas que, debido a una condición de salud mental pueden constituir un riesgo para sí mismos o para terceros.
Las medidas no consentidas se presentan, así como una solución que limita los derechos fundamental y, por tanto, deben estar sujetas a una regulación que ayude a prevenir abusos. Desde el punto de vista de su diseño institucional, su regulación supone una articulación de, por un lado, el personal de la salud, especialmente psiquiatras, que cumplen el rol de evaluar, diagnosticar y determinar la aplicación de medidas no consentidas, sobre la base de criterios clínicos, y, por otro lado, los actores jurídicos involucrados que están llamados a regular la práctica clínica, proteger los derechos de los pacientes, especialmente sensibles en estos casos, y resolver los conflictos que puedan surgir.
Los diseños institucionales disponibles pueden ser más medicalizados si conceden mayor discreción al personal de salud, o más legalizados si entregan mayor control sobre las decisiones médicas a actores jurídicos. Un diseño deseable, sin embargo, supone no solo un equilibrio entre ambos elementos, sino un diagnóstico adecuado de su pertinencia, oportunidad, riesgo, costo e impacto de dicho diseño institucional.
Al respecto, el investigador Dr. Marshall comentó que, “es un tema sensible y de gran relevancia, que plantea desafíos tanto a nivel médico como legal. Este proyecto aspira a proponer soluciones que respeten la autonomía personal y prevengan abusos”.
La profesora auxiliar del Instituto de Ciencias Jurídicas de Derecho UACh, Puerto Montt, Dra. Viviana Ponce de León se adjudicó fondos para desarrollar su investigación en el concurso Regular 2024 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT).
El proyecto N°1240227 de la investigadora titular Viviana Ponce de León se titula «La condicionalidad del sistema de asistencia social bajo el enfoque de derechos: análisis a la luz de los principios de universalidad, indivisibilidad e igualdad y no discriminación»y cuyo coinvestigador es el profesor auxiliar del Instituto de Derecho Público, Dr. Alberto Coddou.
El objetivo general del proyecto es proponer, sobre la base del análisis del Sistema Intersectorial de Protección Social chileno, criterios que permitan compatibilizar las técnicas de condicionalidad propias del sistema de asistencia social con los principios subyacentes al enfoque de derechos, con particular énfasis en los de universalidad, indivisibilidad e igualdad y no discriminación.
La investigadora Dra. Ponce de León, indicó que, “abordar este tema es especialmente relevante en la actualidad, toda vez que la asistencia social se ha erigido en un componente clave para responder a los efectos de las crisis económicas y de salud pública que se han presentado en los últimos años, al tiempo que la condicionalidad como técnica regulatoria cobra renovado atractivo, de cara a la implementación de medidas de austeridad para racionalizar el gasto público”.
Coinvestigadores
El académico del Instituto de Derecho Público de Derecho Valdivia, Dr. Gustavo Beade es coinvestigador en el Fondecyt Regular N°1241747 «El feminismo en la encrucijada entre lo nuevo y lo antiguo: hacia una nueva política criminal para enfrentar la violencia contra la mujer», cuya investigadora titular es la Prof. Rocío Lorca Ferreccio (U. de Chile).
La investigación describe que en la configuración de la relación entre feminismo y derecho penal se ha generado una encrucijada o dilema parcialmente artificial entre una política criminal feminista asociada a las características del populismo penal, y una política feminista que propone abolir el derecho penal. El objetivo central de este proyecto es repensar estas distintas visiones para reconciliar muchas de sus inquietudes y propuestas, en una política criminal minimalista para enfrentar la violencia contra la mujer, esto es, una política que implique un menor recurso a la sanción penal y que al mismo sea más prometedora en términos de prevención y experiencia de justicia.
Para estos efectos, el proyecto se divide en dos etapas. En una primera etapa, buscaremos reconciliar el extremo punitivista con el extremo abolicionista, mediante una investigación sobre el concepto de impunidad en el ámbito de la violencia contra la mujer. En una segunda etapa, analizaremos las propuestas alternativas que han surgido desde el feminismo abolicionista para enfrentar la violencia contra la mujer, en particular, la justicia restaurativa, para poder elaborar las bases de una política criminal moderada que no descanse de manera central en la sanción penal.
El coinvestigador Dr. Beade sostuvo que, la importancia del proyecto consiste en plantear un tercer camino para la relación entre el feminismo y el derecho penal, que permita una conversación más constructiva entre quienes han abrazado de manera, quizás, excesiva el recurso al castigo (punitivismo), y quienes se han mostrado quizás demasiado escépticos (abolicionismo)”.
La académica del Instituto del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho de Derecho Valdivia, Dra. Leticia Morales, es coinvestigadora en el Fondecyt Regular N°1241022 «Biosociality and configuration of the subject of law with a diagnosis of psychiatric illness in Chile», cuya investigadora titular es la Prof. Jimena Carrasco, Facultad de Medicina e Instituto del Aparato Locomotor y Rehabilitación, de la UACh. Participan en este proyecto los coinvestigadores Rodrigo De La Fabián, Facultad de Psicología (UDP) y Marcela Apablaza Facultad de Medicina (UACh).
El proyecto tiene la finalidad de comprender las configuraciones del sujeto de derecho que se dan a partir de la participación social y de reivindicación de derechos de usuarios de Servicios de Salud Mental y Psiquiátrica en el marco jurídico chileno, en articulación con comprensiones de base biológica de la enfermedad mental, para proponer estrategias de coordinación entre los grupos de usuarios y los decisores de políticas públicas en materia sanitaria.
Se trata de un proyecto con relevancia en la actualidad por las consecuencias médicas, sociales y jurídicas, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 21.331, así como las brechas que existen aún en la legislación chilena en materia de tratados internacionales. Así, esta investigación contribuirá a superar estas brechas.
La profesora Morales sostuvo que se incorpora con entusiasmo al proyecto de investigación que, “desde la perspectiva inter y transdiciplinaria introduce un enfoque jurídico de análisis conceptual y de discusión dogmática de los diversos cuerpos normativos que regulan derechos de los usuarios de Servicios de Salud Mental y Psiquiatría aportando con herramientas conceptuales específicas para el análisis de la nueva legislación junto con la comprensión conceptual e institucional de las normas, las obligaciones, los derechos y sus mecanismos de garantía y protección”.
Fondecyt de Iniciación
En tanto, el profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas de Derecho UACh, Puerto Montt, Dr. Bruno Rusca lidera el proyecto N° 11240417 titulado «La relevancia del conocimiento para la solución de los casos denominados de ceguera ante los hechos».
En líneas generales, se espera que la ejecución del proyecto permita esclarecer los problemas que involucra la atribución de responsabilidad penal en los casos denominados de ceguera ante los hechos, esto es, las situaciones en las que el agente no se representa las consecuencias típicas de su conducta, en circunstancias en que tales consecuencias resultan evidentes para cualquier persona razonable.
Más precisamente, se pretende demostrar que, aun en dichas situaciones, es necesaria la representación de las circunstancias típicas para fundamentar el mayor reproche que involucra la imputación de dolo. De esta forma, la investigación constituirá un aporte al desarrollo de la dogmática penal local, en particular en relación con la dimensión subjetiva de la responsabilidad penal. Y, además, el trabajo contribuirá a orientar las decisiones de los tribunales en casos particularmente difíciles, en los cuales la distinción entre dolo e imprudencia resulta una tarea compleja.
El investigador Dr. Rusca explicó que la pregunta sobre cuán grave debe ser el reproche penal por la realización de un comportamiento prohibido, como la que se abordará en la investigación, configura un problema jurídico y moral de importancia fundamental para la tarea de administración de justicia penal; y, además, constituye una tarea compleja, pues requiere armonizar adecuadamente distintos intereses.
“En efecto, en dicha tarea se halla implicado el interés de la víctima en que se reconozca que sus derechos han sido vulnerados, el interés de los miembros de la sociedad en evitar que se cometan futuros delitos y el interés del autor del delito en no ser castigado más gravemente de lo que merece por lo que hizo. En este sentido, al realizar un aporte al problema de cómo debe ser la respuesta penal en casos particularmente complejos, se espera que la investigación pueda contribuir también a mejorar la calidad de nuestras reglas y prácticas de responsabilidad penal”, detalló el académico.
